Nariz rota, puntos en la cabeza, lesión de columna y decenas de arrestos, el precio de la resistencia pacífica en Hebrón

Durante la Segunda Intifada, Issa Amro curasaba la carrera de Ingeniería en la Universidad Politécnica de Palestina, situada en Hebrón, su ciudad natal. En 2002, cuando estaba en último curso, Israel cerró la universidad tras declararla zona militar, pero Amro organizó sentadas, manifestaciones y clases delante de los soldados israelíes para protestar por la medida. Medio año después, la universidad volvió abrir. Desde entonces Amro no se ha vuelto a despegar de la resistencia no violenta y la desobediencia civil.

A finales de enero, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que no renovaría y expulsaría de Hebrón a la misión internacional de observación –Temporary International Presence in Hebron (TIPH)–, que lleva trabajando en la ciudad 20 años para intentar facilitar la difícil convivencia entre palestinos y colonos israelíes en la segunda ciudad más grande de Cisjordania y uno de los puntos más calientes del conflicto. “No vamos a permitir la presencia de una fuerza internacional que opera contra nosotros”, afirmó Netanyahu.

Tan solo unos días después de su expulsión, Amro, fundador y coordinador del movimiento Youth Against Settlements (Juventud Contra los Asentamientos), inició el movimiento de los 'chalecos azules' en un nuevo esfuerzo de su apuesta por la resistencia pacífica. Los 'chalecos azules' son un equipo de 20 activistas locales ataviados con un uniforme que reza 'observador de derechos humanos' en inglés, árabe y hebreo y que pretende hacer las funciones de los observadores internacionales expulsados. Acompañan a los niños palestinos al colegio, les dan algo de desayunar y graban a los colonos y militares para evitar y documentar abusos de derechos humanos.

“Intentamos estar entre los colonos y los palestinos para que estos se sientan seguros y que los colonos no les ataquen”, señala Amro. “La respuesta del Ejército ha sido declarar la zona como zona militar cerrada y la de los colonos ha sido atacarnos físicamente”, añade. Los ataques de los colonos, señala Amro, son algo común. Ni siquiera recuerda cuántas veces ha sido asaltado físicamente durante todos estos años de activismo. “Tengo la nariz rota, tres puntos en la cabeza y un problema permanente en la columna”.

Hebrón es una de las ciudades más antiguas de Oriente Medio y más representativas para las tres religiones monoteístas. En ella conviven con tensiones y enfrentamientos diarios más de 200.000 palestinos y entre 500 y 800 colonos israelíes. La ciudad está partida en dos: una zona controlada por la Autoridad Palestina y otra por Israel, donde se concentran los asentamientos israelíes, pero en la que también viven unos 40.000 palestinos. “Vives entre 22 puestos de control, 100 barreras, 1.800 tiendas cerradas y calles y mercados cerrados. Esa es la realidad en Hebrón”, denuncia Amro.

El origen de la misión

En 1994 un radical judío asesinó a 29 musulmanes en la Tumba de los Patriarcas, Hebrón. Entonces Israel aceptó la presencia de esta misión internacional en la ciudad, que empezó a trabajar unos años después y cuyo mandato se fue renovando progresivamente hasta este año. Durante 20 años, los miembros de la misión, procedentes de Italia, Turquía, Suiza, Suecia, Noruega y Dinamarca, han documentado los enfrentamientos en la ciudad, violaciones de derechos humanos y han servido de barrera entre palestinos y colonos.

“¿Por qué fotografías al soldado? Os vais, ¿eh? Os echaremos de menos”, dice entre risas un colono israelí que graba a tres miembros de la misión internacional durante su último día en Hebrón. “¿Quién os va a dar dinero ahora que volvéis a vuestros países, eh?”, añade.

Antes de irse, y con motivo de sus 20 años de misión, el equipo internacional redactó un informe en el que se denuncian violaciones regulares de la legislación internacional por parte de Israel. El documento, de más de 100 páginas, registra 40.000 “informes de incidentes” y concluye que la ciudad se mueve en la dirección opuesta a lo acordado por Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en el Protocolo de Hebrón.

“No quieren más testigos. No quieren que la gente se sienta segura en sus casas y quieren ocupar más y más”, señala Amro. En 2018, el equipo de observadores recibió fuertes críticas porque uno de sus miembros fue grabado pinchando presuntamente las ruedas de un vehículo y otro dando un bofetón a un menor israelí.

“Los observadores molestaron a los policías y soldados israelíes, crearon provocaciones y roces con los habitantes judíos de Hebrón y redactaron informes políticos contra Israel”, señalan desde la embajada de Israel en España. 

Amro no puede recordar el número de veces que ha sido detenido por las autoridades israelíes desde que se inició como activista de la resistencia no violenta. “Centenares”, dice. “Actualmente estoy acusado en un tribunal militar de 18 cargos por resistirme pacíficamente a la ocupación”, añade. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por las sucesivas detenciones del activista. Tres años antes, en 2010, fue galardonado como el defensor de los derechos humanos del año en Palestina por la Oficina del Comisario de Derechos Humanos de la ONU.

“La resistencia no violenta fortalece a la sociedad civil, pero mucha gente tiene miedo de mostrar cualquier tipo de resistencia por el alto precio que supone resistirse a la ocupación, por eso los palestinos tienen miedo de que sus hijos se unan a ella”, concluye el activista.

El pasado jueves, la comisión de Naciones Unidas que investiga los ataques de Israel durante las Marchas del Retorno celebradas en Gaza desde marzo de 2018 declaró que esos incidentes, en los que las fuerzas israelíes mataron al menos a 189 personas, pueden constituir crímenes de guerra. “Hay bases razonables para creer que durante la Gran Marcha del Retorno los soldados israelíes cometieron violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria, en algunos casos constitutivas de crímenes de guerra o contra la humanidad, y deben ser inmediatamente investigadas por Israel”, señaló en rueda de prensa el argentino Santiago Cantón, presidente de la comisión.