Crímenes de guerra siguen impunes pese a anulación de amnistía en El Salvador

San Salvador, 16 jul (EFE).- Los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en El Salvador entre 1980 y 1992 se mantienen impunes tras cuatro años de anulación de una ley de amnistía que bloqueaba los procesos penales, denunciaron este jueves diversas organizaciones humanitarias.

Estas organizaciones acusan a la Asamblea Legislativa, al Gobierno y a la Fiscalía General de la República de no avanzar en el cumplimiento de las ordenes dadas por los jueces constituciones.

De acuerdo con Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la Fiscalía no ha dado un consolidado de las denuncias que ha recibido por los crímenes cometidos durante la guerra civil.

Carrillo dijo a Efe que al Ministerio Público “le ha faltado transparencia” y las organizaciones sociales tienen un registro de más de 100 denuncias.

“La Fiscalía realmente no le ha apostado a fortalecer el equipo de fiscales encargado de esta temática” y “no se registran avances sustanciales en los casos”, acotó el activista de derechos humanos.

Más de 22 organizaciones sociales llamaron este jueves al Parlamento a aprobar una ley de reparación que “sea conforme con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y respete integralmente la dignidad de las víctimas, asegurando su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral”.

Al presidente del país, Nayib Bukele, le pidieron “levantar las barreras que impiden el acceso a la documentación sobre el conflicto armado”, especialmente la que está en poder de la Fuerza Armada.

También solicitaron que “profundice y amplíe los incipientes programas de reparación a las víctimas que durante toda su Administración se han visto disminuidos o suspendidos”.

“Reconocemos que romper con la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado es el único camino para garantizar que crímenes como aquellos no vuelvan a suceder en El Salvador”, sostuvieron en un comunicado.

Por los crímenes cometidos en la guerra civil solo purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por la matanza de seis padres jesuitas y dos colaboradoras (1989), y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por asesinar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.

La anulación de la ley de amnistía permitió reabrir casos como la matanza de los jesuitas (1989), cuyo futuro en este país se encuentra en manos de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia; el magnicidio de san Óscar Romero (1980) y la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981).

Esté último caso se encuentra en la etapa de instrucción y los cargos contra 15 militares procesados fueron elevados a la categoría de crímenes de lesa humanidad.