El caso de Cristina Palabay ayuda a entender el actual clima de miedo y represión en Filipinas bajo el actual Gobierno de Rodrigo Duterte. La secretaria general de Karapatan, una ONG local en defensa de los derechos humanos, ha sido atacada y amenazada en numerosas ocasiones. Además de los secuestros y las torturas a miembros de la ONG, se han producido asesinatos, los dos últimos a tiros, después de que las víctimas hubieran sido calificadas de “comunistas”. Sus nombres eran Zara Álvarez y Ka Randy.
Mary Lawlor, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, se posicionó al respecto defendiendo su pertenencia a Karapatan y argumentando que “en Filipinas, ser 'etiquetado' como 'rojo', o comunista, es una amenaza persistente y poderosa para la sociedad civil y la libertad de expresión”. Este año, el Nobel de la Paz ha recaído precisamente en una de las personas que defiende con la libertad de expresión el país contra el “abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo”: la periodista Maria Ressa.
Palabay –también integrante del Consejo Regional del Foro de Asia y el Pacífico sobre la Mujer, el Derecho y el Desarrollo– denuncia que su organización ha sufrido ciberataques durante los últimos meses y sospecha que el Gobierno de Duterte está detrás.
Habrá elecciones presidenciales en mayo de 2022, pero Palabay no es muy optimista. La activista critica los “fallos estructurales” del sistema político del país, por lo que cree que es necesaria una “revisión”.
Recientemente han denunciado nuevos ciberataques y sospechan del Gobierno de Duterte, con 30.000 bots, tras haber impulsado el hashtag #StopTheKillingsPH. ¿En qué consisten exactamente estos ataques?
Según la ONG especializada en derechos digitales Qurium, los ataques que hemos sufrido se conocen como ataques de denegación de servicio (DDoS). Pasan cuando una cantidad considerable de sistemas atacan a un objetivo único, provocando la denegación del servicio que ofrece el sistema afectado. Los ataques empezaron en el mismo momento en el que publicamos información contra el Gobierno ligada al hashtag #StopTheKillingPH durante los días de la acción y, sobre todo, desde Israel. Por suerte, gracias al hosting de Qurium, nuestra web sigue en pie y no se ha caído totalmente. Sin embargo, estamos muy alarmados porque este tipo de ataques pueden sucederse contra nosotros o contra otras organizaciones de defensa de los derechos humanos.
No es la primera vez que denuncian ataques. ¿Temen que sigan ocurriendo?
Es la tercera vez que atacan nuestra web de Karapatan y pienso que, desgraciadamente, no será la última.
Miles de personas, muchas pobres, han sido asesinadas bajo el pretexto de la “guerra contra las drogas” del Gobierno, mientras muchos activistas afrontan amenazas y hostigamiento tras ser vinculados con grupos armados comunistas. El propio Duterte ha dicho que matará comunistas.
La “guerra contra las drogas” de Duterte y sus campañas contra la “insurgencia” han resultado ser una violación total de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, arrestos y detenciones ilegales o arbitrarias, torturas, amenazas… Estas campañas se están llevando a cabo para instaurar un clima de miedo e impunidad en Filipinas, para que aquellos que están en el poder permanezcan con medidas contra el propio pueblo.
¿Es la “guerra contra las drogas” un método de represión de Duterte?
Duterte está siguiendo campañas similares y los ejemplos de América Latina, donde miles de vidas fueron también arrebatadas a costa de la “guerra contra las drogas”.
Han denunciado la muerte de nueve activistas en una operación policial en marzo. ¿Cómo actuaron las fuerzas de seguridad?
Las fuerzas de seguridad fueron quienes solicitaron las órdenes de registro, citando informantes dudosos y altamente cuestionables, utilizaron las órdenes de registro para justificar las redadas, efectuaron operaciones en las primeras horas de la mañana y dispararon contra los activistas a sangre fría, tal y como lo atestiguaron familiares, amigos y vecinos. En Karapatan lanzamos un informe donde se explica su metodología al detalle.
Sin ir más lejos, usted ha sido amenazada de muerte, además de haber sufrido una campaña de acoso. ¿De dónde proceden estas amenazas?
He sido blanco de amenazas tanto del Gobierno y las fuerzas militares como de individuos desconocidos. El Gobierno y los militares lo hacen a través de sus declaraciones en los medios y sus publicaciones en las redes sociales. Mientras, individuos desconocidos me han llamado y me han escrito a mi móvil y mis cuentas de redes sociales.
También me enfrento a acoso judicial, con un caso contra mí y otros seis representantes de Karapatan, por parte del asesor de Seguridad Nacional, que presentó una demanda con la intención de reprimirnos por nuestras acciones en defensa de los derechos humanos.
¿Qué persiguen?
Personalmente, pienso que estas formas de atacarme a mí y a Karapatan tienen como objetivo intimidarnos y silenciarnos para parar nuestro trabajo de documentación. Nosotros controlamos y registramos las violaciones de derechos humanos de las fuerzas estatales bajo el Gobierno de Duterte.
La ONU ha documentado 248 asesinatos de defensores entre 2015 y 2019. También miembros de Karapatan, como Zara Álvarez, han sido asesinados hace solo un año. ¿Por qué les atacan?
Karapatan ha sido —y es— blanco de todos estos ataques y asesinatos porque, presumiblemente, no quieren que la verdad salga adelante. De una forma similar, los ataques contra los periodistas y las voces de la oposición en Filipinas siguen sucediendo. Seas parte de un partido político o no, parece que la administración de Duterte se empeña en silenciar todas y cada una de las formas de disidencia política.
¿Es Karapatan un chivo expiatorio para el Gobierno?
De alguna manera sí, somos usados como chivo expiatorio por el Gobierno, en vez de abordar los problemas de derechos humanos que hay actualmente. Tal y como hemos dicho, somos simples mensajeros. No deberían disparar a los mensajeros, sino poner orden internamente poniendo fin a los ataques y haciendo justicia.
En otras ocasiones, ha dicho que estos asesinatos se cometen de forma anónima y con métodos espurios.
Hay dos patrones en los asesinatos cometidos en la “guerra contra las drogas” y las campañas contra la “insurgencia”: aquellos cometidos por el personal uniformado y aquellos que se cometen bajo cierto velo de anonimato a través de operaciones tándem o vigilantes. Sin embargo, en los asesinatos cometidos por “individuos anónimos”, se ven similitudes en las conductas, maneras y circunstancias con los que cometen las fuerzas de seguridad del Estado.
¿Hasta qué punto llega el miedo a la represión a la hora de que la gente intente cambiar las cosas?
El clima de miedo es real porque ha habido muchas víctimas y los testigos están aterrados de presentar denuncias por temor a las represalias. El clima de impunidad, en el que nadie rinde cuentas y continúan los asesinatos, se ha visto fortificado.
A ello hay que sumar los altos índices de pobreza que padece la población filipina.
Sí, totalmente. Tras un año de pandemia hay 18,6 millones de familias pobres y con pocos ingresos con dificultades en el país, según el informe de la Fundación IBON. Teniendo en cuenta la actual media de la familia en Filipinas de 4,4 miembros, esto afecta a unos 81,8 millones de filipinos.
Organismos políticos internacionales, como el Parlamento Europeo en 2020, han condenado los abusos en Filipinas. ¿Hace falta ayuda internacional en el país? ¿De qué tipo?
Los mecanismos internacionales están obligados a llevar investigaciones independientes sobre la grave situación de derechos humanos en Filipinas, ya sea la Corte Penal Internacional o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Parlamento Europeo u otros parlamentos y órganos intergubernamentales. Estos organismos cobran especial importancia dado el fracaso de los mecanismos internos del país para hacer justicia y rendición de cuentas. Deben presionar al Gobierno filipino para que cesen los ataques.
¿Le preocupa que las acciones internacionales sobre la situación en Filipinas se muevan por intereses económicos?
El Gobierno filipino es parte de los tratados, pactos y acuerdos internacionales de los derechos humanos. Por lo tanto, tiene la obligación de cumplir las normas e instrumentos internacionales de los derechos humanos.
En cuanto a lo que pregunta, por supuesto. Hay intereses económicos y políticos que entran en acción, pero esperamos que se superpongan los intereses de justicia, la rendición de cuentas y las luchas por las democracias a largo plazo.
Jose Maria Sison, presidente fundador del Partido Comunista de Filipinas, ha dicho que “servir a dos potencias imperialistas como China y EEUU” puede traer problemas a Duterte. ¿Está de acuerdo? ¿Podrían estas potencias intervenir de alguna manera?
Estados Unidos y China están compitiendo y tienen un gran control sobre las diversas facetas de la vida en Filipinas, especialmente en las esferas políticas y económicas. Ellos pueden hacer muchas cosas con sus herramientas diplomáticas, pero, al mismo tiempo, quiero alertar de que no deben hacer esto para establecer aún más su control e intervención en el país.
En mayo de 2022 habrá elecciones en Filipinas. Duterte ha anunciado que se retirará para entonces. ¿Las elecciones pueden cambiar la situación actual del país?
Todo lo que hace Duterte tiene que ver con sus trucos, que no se nos olvide. Según la ley, puede haber sustituciones de candidatos hasta el 15 de noviembre, así que aún puede haber sorpresas. Las elecciones de 2022 serán determinantes también en el sentido de si la administración policial continúa o no. Está claro que la gente está en contra de Duterte y sus aliados en las elecciones. Y, aún más importante, es vital que estas políticas sangrientas sean repudiadas y castigadas por el próximo gobierno, gane quien gane.
Hay quien equipara a Duterte con el dictador Marcos. ¿Es Duterte un exponente de la extrema derecha?
Duterte es un claro ejemplo de un presidente autoritario y promotor de las políticas de la extrema derecha.
Algunas voces cuestionan que el sistema de Filipinas tiene demasiados fallos estructurales como para que se solucione en las elecciones. ¿Está de acuerdo?
El sistema político de Filipinas requiere una revisión o reinicio, teniendo en cuenta los fallos innatos y estructurales del sistema que tenemos ahora.
¿Hay alguna posibilidad de cambio real en el país? ¿Qué hace falta?
El cambio real es posible siempre y cuando la gente de Filipinas se organice y luche por ello. Debería ir dirigida hacia una democracia popular donde los derechos sean reservados y defendidos.
El Nuevo Ejército del Pueblo (NPE, en inglés), brazo armado del Partido Comunista en Filipinas, se establece, sobre todo, en zonas rurales, donde tiene una mayor influencia y apoyos. ¿Es su “guerra popular prolongada” una amenaza real para el Gobierno de Duterte?
El Nuevo Ejército del Pueblo representa una amenaza para el Gobierno de Duterte, considerando su agenda de la guerra popular prolongada a través de la lucha democrática nacional con perspectiva socialista. Sin embargo, si debemos creernos la premisa de que el Partido Comunista y el Nuevo Ejército del Pueblo son una fuerza desgastada, ¿por qué el Gobierno aún los considera una amenaza?