Todos los personajes de esta historia siguen teniendo protagonismo casi una década después. Algunos no continúan en el mismo puesto, otros sí. Cada uno de ellos desempeñó un papel para que el ya por entonces primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, estuviera fichado en España. O para que dejara de estarlo. Durante apenas cuatro semanas de 2015, el anhelo de que ‘Bibi’ respondiera algún día por los crímenes que se le atribuyen dejó de ser solo un espejismo.
El 31 de mayo de 2010, una unidad de élite del Ejército Israelí había asaltado el Mavi Mármara, una de las embarcaciones de la conocida como Flotilla de la Libertad, que pretendía romper el bloqueo israelí a Gaza. Los soldados mataron a nueve personas y detuvieron ilegalmente al resto de los pasajeros, a los que trasladaron a una cárcel del país, antes de meterlos en un avión y expulsarlos. De estos, tres tenían nacionalidad española.
La justicia universal, el instrumento con el que la Audiencia Nacional española había abierto causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en remotos confines del mundo, había sido ya amputada por el Gobierno del PP. En 2014, la mayoría absoluta de Mariano Rajoy había permitido modificar por el trámite de urgencia la Ley Orgánica del Poder Judicial. La jurisdicción de la Audiencia Nacional quedaba limitada a que “la víctima tuviera nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona a la que se impute el delito se encuentre en territorio español”.
Los activistas españoles de la Flotilla acudieron a la Audiencia Nacional y en sus querellas narraron cómo el ataque contra la embarcación de cooperantes fue planeado por el primer ministro israelí y seis miembros de su gabinete. El juez Pablo Ruz admitió a trámite la querella en julio de 2010, pero la modificación legal obligó a que su sustituto en el juzgado, José de la Mata, se viera obligado a archivar la acusación por delito de lesa humanidad, detención ilegal, deportación y tortura y crímenes de guerra tras la reforma de 2014.
Pero aquella resolución judicial tenía dos caras. De la Mata no se rindió y aprovechó para remitir a las Fuerzas de Seguridad del Estado una diligencia de ordenación en la que indicaba que si Netanyahu o alguno de sus seis ministros ponía un pie en España el juzgado debía ser informado de inmediato y entonces podría reabrir la causa. Era el resquicio que dejaba la nueva redacción de la Ley.
La consecuencia fue que la Policía y la Guardia Civil tuvieron que abrir una ficha del primer ministro israelí y seis de sus ministros. “Benjamin Nentanyahu. n/ Tel Aviv (Israel) el 21-11-1949, hijo de Benzion y Zila”, rezaba la efímera ficha policial en España del primer ministro israelí.
De la Mata también incluía en su auto la instrucción para informar al Tribunal Penal Internacional de las actuaciones que se habían seguido contra Netanyahu y sus ministros en España. Entonces no tuvo ninguna consecuencia. El pasado lunes, nueve años después, el fiscal de La Haya ha dictado una orden internacional de detención contra el primer ministro israelí, su ministro de Defensa y tres cabecillas de Hamás por crímenes contra la Humanidad.
En 2015, la reforma del Gobierno de Rajoy no dejaba más margen a la justicia española. El Tribunal Supremo ya se había pronunciado sobre cómo aplicar el cambio legal a cuenta de un caso de represión china en el Tíbet que afectaba a ciudadanos españoles. De hecho, la reforma exprés que aprobó el Gobierno tenía como primer objetivo deshacer la orden de detención internacional que el juez Ismael Moreno –en la actualidad instructor del caso Koldo– había dictado contra el ex primer ministro chino Jiang Zemin y algunos de sus colaboradores. El País publicó que el Gobierno había recibido amenazas veladas del gigante asiático por la actuación de la Audiencia Nacional.
Con la Flotilla de la Libertad solo restaba que a Netanyahu se le ocurriera en algún momento, como primer ministro o fuera del Gobierno israelí, poner un pie en España. Pero esa remota posibilidad no ahorraba un choque con Israel y su agresiva política internacional. Dos días después de que elDiario.es informara de la apertura de la ficha policial a Netanyahu y sus ministros, el portavoz del departamento de Asuntos Interiores israelí, Emmanuel Nachson, afirmó: “Lo consideramos una provocación. Estamos trabajando con las autoridades españolas para anularlo. Esperamos que se resuelva pronto”.
Para cuando Nachson hizo esas declaraciones a The Jerusalem Post, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya había presentado un recurso ante el juez José de la Mata, en contra de la posición que el propio Ministerio Público había mantenido durante cuatro meses en diversos escritos. El magistrado rechazó el recurso, pero el órgano que dirigía entonces Javier Zaragoza insistió y terminó por darla la razón.
Zaragoza no ha dejado de tener peso en la la élite de la justicia española. Tras ser relevado en la Audiencia Nacional acabó en el Tribunal Supremo. Los acontecimientos posteriores en Catalunya propiciaron que se convirtiera en uno de los cuatro fiscales del juicio del procés, defensor de la tesis derrotada del “golpe de Estado” que acusaba al movimiento soberanista de haber utilizado la violencia. Después se postularía para ser el fiscal general del Estado con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo que, contra el pronóstico generalizado, nunca se formó.
Para obtener la resolución que destruía la ficha policial de Netanyahu, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se empleó a fondo. En su segundo recurso, el fiscal Pedro Martínez Torrijos, a las órdenes de Zaragoza, acusaba a De la Mata de “reinterpretarse a sí mismo” con tal de no cerrar definitivamente la investigación por el ataque a la Flotilla de la Libertad. La Fiscalía se enzarzó con el juez en un debate terminológico sobre la naturaleza del archivo dictado. Hasta que resolvió la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, la instancia superior a De la Mata.
Ese tribunal, que dio la razón a la Fiscalía, estuvo formado por Ángel Hurtado, Enrique López y Concepción Espejel. Hurtado se apartaría en abril de 2018 de la sentencia del caso Gürtel que, a la postre, tumbó al Gobierno de Mariano Rajoy. Hurtado no estaba de acuerdo con los otros dos integrantes del tribunal en que el fallo mencionara el sistema de financiación irregular del PP durante al menos 20 años, también conocido como caja B.
En principio, los dos magistrados que deberían haber juzgado Gürtel con él eran López y Espejel, pero ambos fueron apartado del tribunal por sus propios compañeros de la Sala de lo Penal que entendieron que no cumplían con el principio de apariencia de imparcialidad para poder juzgar al Partido Popular. Una minoría de magistrados se mostraron en contra de apartar del juicio de Gürtel a Espejel y López, entre ellos el entonces presidente de la Sala de lo Penal y hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Magistrados conservadores en la cúpula judicial
Enrique López llegó a ser magistrado del Tribunal Constitucional tras la insistencia durante años del PP aunque tuvo que renunciar el cargo al ser detenido borracho conduciendo su moto. Ahora está en la cúspide la Audiencia Nacional, su Sala de Apelaciones. Espejel fue aupada por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial a presidenta de la Sala de lo Penal, pese a haber sido recusada y apartada del tribunal de Gürtel. De ahí saltó al Constitucional a propuesta del PP. Por su parte, el juez José de la Mata está destinado en Eurojust, el órgano europeo de coordinación, aunque por su solidez jurídica y los cambios que se avecinan en los próximos meses en la Audiencia Nacional distintas voces del tribunal abogan por su regreso a la plaza que tienen en propiedad al frente del Juzgado de Instrucción número 5.
La resolución para eliminar la ficha policial de Netanyahu no fue recurrida por la Fiscalía de Javier Zaragoza, que impugnó el recurso que sí presentó la acusación popular. Pero el asunto aún tuvo un episodio final. Unos días después de la decisión de la Sala de lo Penal, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, fueron agasajados por Israel que les invitó a un viaje junto a sus esposas al país de Oriente Próximo.
El Consejo General del Poder Judicial justificó el viaje porque el presidente de la Audiencia Nacional y el fiscal jefe en el tribunal mantuvieron dos reuniones en cinco días destinadas con la presidenta de la Corte Suprema y el fiscal general del país, en el marco de la cooperación antiterrorista. La Fiscalía General del Estado añadió que la mujer de Zaragoza, fiscal especializada en delitos informáticos, se dedicó a compartir experiencias con sus colegas israelíes.
Durante su estancia de cinco días en Israel, Javier Zaragoza dictó instrucciones para que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitara el encarcelamiento preventivo de dos titiriteros que habían realizado una obra infantil en Madrid. Uno de los títeres portaba unos instantes una pancarta de 20 centímetros en la que se leía “Gora Alka-ETA”. La compañía había sido contratada por el Ayuntamiento de Madrid que presidía Manuela Carmena.