PERFIL

Merrick Garland, el fiscal general que Obama quería para el Supremo y que ahora puede meter en la cárcel a Trump

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Cuando este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el fiscal general, Merrick Garland, haría una declaración ante las cámaras, la Casa Blanca se enteró por la prensa. No sabía que Garland, habitualmente poco locuaz, saldría a hablar ese día y ni siquiera de qué hablaría exactamente, aunque podía imaginarse que sería sobre el registro del FBI de la mansión en Florida de Donald Trump. Tras la declaración, la Casa Blanca no quiso hacer ningún comentario sobre los anuncios de Garland de que él autorizó personalmente el registro y de que había pedido a un juez la publicación de la orden por “el interés público” y el hecho de que el afectado lo hubiera contado. 

Qué ha hecho Trump ahora y qué supone el registro del FBI en su mansión de Florida

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Fueron poco más de tres minutos de declaración, sobria, sin levantar la voz y deteniéndose al final a pedir perdón por no contestar a las preguntas gritadas por los periodistas. Garland explicó que los detalles relevantes estaban en la orden de registro autorizada por un juez y que finalmente fue publicada este viernes tras otra autorización judicial.

“Garland es el personaje más comedido que se puede encontrar en la vida pública. Pero eso no debe ser confundido con la falta de fuerza o resistencia”, dijo David Axelrod, ex consejero de Obama y fundador del Instituto de Política de la Universidad de Chicago. “El movimiento extraordinario de hoy [el jueves] y la determinación con la que lo ha presentado reflejan eso”. 

Garland, de 69 años, nacido y criado en Chicago en una familia judía conservadora de migrantes rusos, tímido en sus formas y con una trayectoria poco revolucionaria en sus 25 años de juez, no suele hablar en público. No expresa opiniones hasta que no se estudia bien un caso, suele dejar protagonismo a sus subordinados y prefiere ir poco a la Casa Blanca para mantener la distancia debida. 

El equipo del presidente Joe Biden también asegura que no sabía nada del registro del lunes ni de la visita anterior del FBI a Mar-a-Lago y la reunión con abogados de Trump para intentar que el presidente entregara documentos que no le pertenecían y que entretanto cerrara mejor el sótano donde los guardaba. La distancia con la Casa Blanca es una de las prioridades de Garland, cuya elección como fiscal general responde a un intento de reconstruir la independencia del Departamento de Justicia y sus agencias después del mandato de Trump. 

Lucha contra el partidismo

Garland ha sido criticado por algunos políticos demócratas por supuestamente no atreverse a investigar a Trump y su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 para evitar controversias. Con aire impertérrito, Garland ha repetido durante meses sus prioridades para su Departamento. 

“No estamos evitando casos que son políticos o casos que son controvertidos o sensibles. Lo que estamos evitando es tomar decisiones basadas en un criterio político, en un criterio partidista”, dijo en marzo en una entrevista con Carrie Johnson, reportera especialista en tribunales de la radio pública NPR. “Empezamos con los casos que están justo delante de nosotros con las acciones evidentes y construimos desde ahí… Y ese es el proceso que seguiremos construyendo hasta que todo el mundo que cometió actos delictivos en relación al 6 de enero haya rendido cuentas”. 

El registro de Mar-a-Lago, mansión y club de golf, responde a la sustracción de documentación que pertenece a los Archivos Nacionales y entre la que se encuentra material con el máximo sello de alto secreto para la seguridad nacional, incluida información sobre armas nucleares, según el Washington Post. En la orden de registro se detalla el inventario del material recuperado, con 11 grupos de documentos clasificados como “alto secreto” y algunos que incluyen información sobre el presidente francés, Emmanuel Macron. La investigación puede acarrear cargos graves de espionaje, ayuda a países enemigos que pongan en peligro la seguridad de EEUU, destrucción de documentos y obstrucción a la justicia.

La primera noticia oficial de que Trump tenía en su poder cajas de documentos que no le pertenecían vino del archivero jefe de Estados Unidos, que en febrero escribió una carta a la presidenta de una comisión de control gubernamental de la Cámara de Representantes explicando los meses que el equipo de archiveros, bibliotecarios y abogados llevaba intentando convencer al expresidente y su círculo para que entregaran el material que pertenece al Estado y no al presidente de turno gracias a una ley aprobada en 1978 como parte de las reformas tras la red de escándalos del Watergate. Entonces, los Archivos Nacionales informaron al Departamento de Justicia de la situación, pero el FBI condujo sus labores de investigación en secreto y con discreción, como debe ser, según explicó Garland en su declaración del jueves, sucinta pero contundente y casi pedagógica en la defensa de la independencia de los agentes, el Estado de derecho y la igualdad de los ciudadanos ante la ley (también la presunción de inocencia, que subrayó). 

Su obsesión desde que llegó al cargo es que cualquier consideración política se pueda entrometer en su camino y debilite las normas y la moral aún más de los funcionarios, según un artículo del New York Times sobre el primer año de gestión de Garland basado en una docena de entrevistas, incluida una con él. 

Biden lo eligió por motivos parecidos por los que el presidente Barack Obama lo nombró candidato a juez del Tribunal Supremo en 2016: su trayectoria centrista, el respeto que habían manifestado públicamente hacia él políticos republicanos y la supuesta facilidad con la que debería ser aprobado en el proceso de confirmación del Senado. 

La elección de Obama

En 2010, Obama lo entrevistó para el puesto vacante entonces del Tribunal Supremo, pero, como consideraba que era un candidato que podía cosechar más fácilmente apoyos republicanos, decidió guardar esta opción para más adelante, para cuando se enfrentara a un Congreso más dividido. 

Cuando en febrero de 2016 el magistrado conservador Antonin Scalia murió y a Obama le tocó nombrar otro juez para sustituirlo optó por Garland, pero se encontró con la situación inédita de que el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se negó a convocar la votación con la excusa de que faltaban nueve meses para las elecciones pese a que había media docena de precedentes de magistrados elegidos en año electoral (en septiembre de 2020, cuando faltaban menos de dos meses para las elecciones, la jueza Ruth Bader Ginsburg murió y los republicanos sí convocaron a toda prisa la votación para colocar a un juez conservador en su lugar). 

En 2016, Obama había elegido a un candidato al Supremo que en muchos sentidos se parecía a él. Una figura poco marcada por la ideología, reflexiva, seria y que también respondía a la caricatura que se ha hecho a menudo del expresidente de que es una persona muy del estilo de “All Things Considered”, el programa de la radio pública NPR y cuyo nombre se traduce algo así como “Teniendo en cuenta todos los elementos”, en referencia a sus entrevistas y debates llenos de matices. Se trataba de alguien “sin una ideología o agenda particular, sino con el compromiso con la imparcialidad de la justicia, respeto por los precedentes y determinación de aplicar la ley fielmente con los hechos en la mano”, según escribió Obama sobre su candidato ideal en el SCOTUSblog, un medio especializado en la información sobre el Tribunal Supremo.

Garland, graduado en Derecho en Harvard y apasionado de las leyes contra los monopolios, debutó en su carrera en el espíritu de la reforma y el control al poder después del Watergate. Como asistente especial del fiscal general en 1979, ayudó en la elaboración de nuevas normas para asegurarse la transparencia de la administración y la independencia de agencias como el FBI y la CIA: el objetivo era que ningún presidente se entrometiera en su labor como habían hecho Richard Nixon y sus predecesores.

Años después, Garland dejó un puesto bien pagado en un bufete por volver al Gobierno y trabajó en los años 90 con la fiscal general Janet Reno en la investigación del atentado de Oklahoma City y en los ataques de Ted Kaczynski, conocido como Unabomber. En 1997, Garland fue nombrado por la Administración de Bill Clinton juez del tribunal federal de apelación de la ciudad de Washington, donde pasó la mayoría de su carrera y tomó decisiones que a veces no gustaban a los políticos más progresistas, como el rechazo del derecho a un juicio en tribunales federales ordinarios para los detenidos en Guantánamo, y donde solía ponerse del lado de las fuerzas de seguridad.

Jeffrey Toobin, periodista especializado en asuntos jurídicos y autor de varios libros sobre el Supremo, escribía en marzo de 2016 que la elección de Obama para el tribunal reflejaba la “fe sin límites en la meritocracia” del entonces presidente. “Obama parece creer que cualquier problema puede resolverse y que cualquier misión puede cumplirse con gente inteligente trabajando junta para encontrar una solución. El nombramiento de Garland también revela el disgusto del presidente por las realidades vulgares de la política”, escribió Toobin en el New Yorker. Obama podía haber elegido a una candidata o candidato más marcadamente progresista o que supusiera un hito por su género o su origen para animar a la base de cara a las elecciones presidenciales de aquel año, pero optó por el hombre blanco y discreto, centrista y de trayectoria convencional porque prefería “tecnócratas en lugar de demócratas”. Pero, como recordaba Toobin, el Supremo no era ajeno a la política y en un ambiente tan polarizado la idea de Obama ni siquiera sirvió para aplacar a los republicanos, que bloquearon entonces el nombramiento “simplemente porque podían”. 

Apoyo bipartidista

En último término, sin embargo, el cálculo de Obama de que Garland tendría el apoyo republicano se reveló cierto años después aunque aquel sitio vacante en el Supremo lo acabara ocupando un juez elegido por Trump que conforma ahora la mayoría conservadora que ha acabado con la protección del derecho al aborto en el país. 

En 2021, el nombramiento de Garland como fiscal general fue aprobado en el dividido Senado por 70 votos contra 30. Veinte republicanos votaron a favor, entre ellos McConnell y algunas de las voces más extremistas del partido, incluso en un momento de tanta polarización como el actual. Algunos de los republicanos que le han atacado estos días por el registro del FBI reconocieron su independencia. 

También lo hacen sus colegas en el Departamento de Justicia.

“Muchos empleados de carrera dicen ahora que no sienten la presión de satisfacer abiertamente demandas políticas, como sí sintieron bajo el Gobierno anterior”, según los entrevistados por el Times

Garland dice que le gusta su trabajo, aunque sea muy diferente del de juez porque puedes elegir los casos que perseguir y puedes hacer algo cuando observas un abuso. “Si leo algo en el New Yorker por la mañana y me parece que el Gobierno está haciendo algo mal o el país está haciendo algo mal o alguien debe ser protegido, puedo hacer algo sobre ello, y a veces en el mismo día”, dijo en una entrevista con el New Yorker en octubre (y con una frase que suele utilizar cambiando el nombre del medio que le pregunta). 

El razonamiento de fondo es algo que ha repetido a lo largo de los años, también cuando era juez: “La gran alegría de ser fiscal es que no asumes cualquier caso que te entra por la puerta. Evalúas el caso. Haces tu mejor juicio. Solo sigues adelante si crees que el acusado es culpable”. 

Cuando este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el fiscal general, Merrick Garland, haría una declaración ante las cámaras, la Casa Blanca se enteró por la prensa. No sabía que Garland, habitualmente poco locuaz, saldría a hablar ese día y ni siquiera de qué hablaría exactamente, aunque podía imaginarse que sería sobre el registro del FBI de la mansión en Florida de Donald Trump. Tras la declaración, la Casa Blanca no quiso hacer ningún comentario sobre los anuncios de Garland de que él autorizó personalmente el registro y de que había pedido a un juez la publicación de la orden por “el interés público” y el hecho de que el afectado lo hubiera contado. 

Qué ha hecho Trump ahora y qué supone el registro del FBI en su mansión de Florida

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Fueron poco más de tres minutos de declaración, sobria, sin levantar la voz y deteniéndose al final a pedir perdón por no contestar a las preguntas gritadas por los periodistas. Garland explicó que los detalles relevantes estaban en la orden de registro autorizada por un juez y que finalmente fue publicada este viernes tras otra autorización judicial.

“Garland es el personaje más comedido que se puede encontrar en la vida pública. Pero eso no debe ser confundido con la falta de fuerza o resistencia”, dijo David Axelrod, ex consejero de Obama y fundador del Instituto de Política de la Universidad de Chicago. “El movimiento extraordinario de hoy [el jueves] y la determinación con la que lo ha presentado reflejan eso”. 

Garland, de 69 años, nacido y criado en Chicago en una familia judía conservadora de migrantes rusos, tímido en sus formas y con una trayectoria poco revolucionaria en sus 25 años de juez, no suele hablar en público. No expresa opiniones hasta que no se estudia bien un caso, suele dejar protagonismo a sus subordinados y prefiere ir poco a la Casa Blanca para mantener la distancia debida. 

El equipo del presidente Joe Biden también asegura que no sabía nada del registro del lunes ni de la visita anterior del FBI a Mar-a-Lago y la reunión con abogados de Trump para intentar que el presidente entregara documentos que no le pertenecían y que entretanto cerrara mejor el sótano donde los guardaba. La distancia con la Casa Blanca es una de las prioridades de Garland, cuya elección como fiscal general responde a un intento de reconstruir la independencia del Departamento de Justicia y sus agencias después del mandato de Trump. 

Lucha contra el partidismo

Garland ha sido criticado por algunos políticos demócratas por supuestamente no atreverse a investigar a Trump y su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 para evitar controversias. Con aire impertérrito, Garland ha repetido durante meses sus prioridades para su Departamento. 

“No estamos evitando casos que son políticos o casos que son controvertidos o sensibles. Lo que estamos evitando es tomar decisiones basadas en un criterio político, en un criterio partidista”, dijo en marzo en una entrevista con Carrie Johnson, reportera especialista en tribunales de la radio pública NPR. “Empezamos con los casos que están justo delante de nosotros con las acciones evidentes y construimos desde ahí… Y ese es el proceso que seguiremos construyendo hasta que todo el mundo que cometió actos delictivos en relación al 6 de enero haya rendido cuentas”. 

El registro de Mar-a-Lago, mansión y club de golf, responde a la sustracción de documentación que pertenece a los Archivos Nacionales y entre la que se encuentra material con el máximo sello de alto secreto para la seguridad nacional, incluida información sobre armas nucleares, según el Washington Post. En la orden de registro se detalla el inventario del material recuperado, con 11 grupos de documentos clasificados como “alto secreto” y algunos que incluyen información sobre el presidente francés, Emmanuel Macron. La investigación puede acarrear cargos graves de espionaje, ayuda a países enemigos que pongan en peligro la seguridad de EEUU, destrucción de documentos y obstrucción a la justicia.

La primera noticia oficial de que Trump tenía en su poder cajas de documentos que no le pertenecían vino del archivero jefe de Estados Unidos, que en febrero escribió una carta a la presidenta de una comisión de control gubernamental de la Cámara de Representantes explicando los meses que el equipo de archiveros, bibliotecarios y abogados llevaba intentando convencer al expresidente y su círculo para que entregaran el material que pertenece al Estado y no al presidente de turno gracias a una ley aprobada en 1978 como parte de las reformas tras la red de escándalos del Watergate. Entonces, los Archivos Nacionales informaron al Departamento de Justicia de la situación, pero el FBI condujo sus labores de investigación en secreto y con discreción, como debe ser, según explicó Garland en su declaración del jueves, sucinta pero contundente y casi pedagógica en la defensa de la independencia de los agentes, el Estado de derecho y la igualdad de los ciudadanos ante la ley (también la presunción de inocencia, que subrayó). 

Su obsesión desde que llegó al cargo es que cualquier consideración política se pueda entrometer en su camino y debilite las normas y la moral aún más de los funcionarios, según un artículo del New York Times sobre el primer año de gestión de Garland basado en una docena de entrevistas, incluida una con él. 

Biden lo eligió por motivos parecidos por los que el presidente Barack Obama lo nombró candidato a juez del Tribunal Supremo en 2016: su trayectoria centrista, el respeto que habían manifestado públicamente hacia él políticos republicanos y la supuesta facilidad con la que debería ser aprobado en el proceso de confirmación del Senado. 

La elección de Obama

En 2010, Obama lo entrevistó para el puesto vacante entonces del Tribunal Supremo, pero, como consideraba que era un candidato que podía cosechar más fácilmente apoyos republicanos, decidió guardar esta opción para más adelante, para cuando se enfrentara a un Congreso más dividido. 

Cuando en febrero de 2016 el magistrado conservador Antonin Scalia murió y a Obama le tocó nombrar otro juez para sustituirlo optó por Garland, pero se encontró con la situación inédita de que el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se negó a convocar la votación con la excusa de que faltaban nueve meses para las elecciones pese a que había media docena de precedentes de magistrados elegidos en año electoral (en septiembre de 2020, cuando faltaban menos de dos meses para las elecciones, la jueza Ruth Bader Ginsburg murió y los republicanos sí convocaron a toda prisa la votación para colocar a un juez conservador en su lugar). 

En 2016, Obama había elegido a un candidato al Supremo que en muchos sentidos se parecía a él. Una figura poco marcada por la ideología, reflexiva, seria y que también respondía a la caricatura que se ha hecho a menudo del expresidente de que es una persona muy del estilo de “All Things Considered”, el programa de la radio pública NPR y cuyo nombre se traduce algo así como “Teniendo en cuenta todos los elementos”, en referencia a sus entrevistas y debates llenos de matices. Se trataba de alguien “sin una ideología o agenda particular, sino con el compromiso con la imparcialidad de la justicia, respeto por los precedentes y determinación de aplicar la ley fielmente con los hechos en la mano”, según escribió Obama sobre su candidato ideal en el SCOTUSblog, un medio especializado en la información sobre el Tribunal Supremo.

Garland, graduado en Derecho en Harvard y apasionado de las leyes contra los monopolios, debutó en su carrera en el espíritu de la reforma y el control al poder después del Watergate. Como asistente especial del fiscal general en 1979, ayudó en la elaboración de nuevas normas para asegurarse la transparencia de la administración y la independencia de agencias como el FBI y la CIA: el objetivo era que ningún presidente se entrometiera en su labor como habían hecho Richard Nixon y sus predecesores.

Años después, Garland dejó un puesto bien pagado en un bufete por volver al Gobierno y trabajó en los años 90 con la fiscal general Janet Reno en la investigación del atentado de Oklahoma City y en los ataques de Ted Kaczynski, conocido como Unabomber. En 1997, Garland fue nombrado por la Administración de Bill Clinton juez del tribunal federal de apelación de la ciudad de Washington, donde pasó la mayoría de su carrera y tomó decisiones que a veces no gustaban a los políticos más progresistas, como el rechazo del derecho a un juicio en tribunales federales ordinarios para los detenidos en Guantánamo, y donde solía ponerse del lado de las fuerzas de seguridad.

Jeffrey Toobin, periodista especializado en asuntos jurídicos y autor de varios libros sobre el Supremo, escribía en marzo de 2016 que la elección de Obama para el tribunal reflejaba la “fe sin límites en la meritocracia” del entonces presidente. “Obama parece creer que cualquier problema puede resolverse y que cualquier misión puede cumplirse con gente inteligente trabajando junta para encontrar una solución. El nombramiento de Garland también revela el disgusto del presidente por las realidades vulgares de la política”, escribió Toobin en el New Yorker. Obama podía haber elegido a una candidata o candidato más marcadamente progresista o que supusiera un hito por su género o su origen para animar a la base de cara a las elecciones presidenciales de aquel año, pero optó por el hombre blanco y discreto, centrista y de trayectoria convencional porque prefería “tecnócratas en lugar de demócratas”. Pero, como recordaba Toobin, el Supremo no era ajeno a la política y en un ambiente tan polarizado la idea de Obama ni siquiera sirvió para aplacar a los republicanos, que bloquearon entonces el nombramiento “simplemente porque podían”. 

Apoyo bipartidista

En último término, sin embargo, el cálculo de Obama de que Garland tendría el apoyo republicano se reveló cierto años después aunque aquel sitio vacante en el Supremo lo acabara ocupando un juez elegido por Trump que conforma ahora la mayoría conservadora que ha acabado con la protección del derecho al aborto en el país. 

En 2021, el nombramiento de Garland como fiscal general fue aprobado en el dividido Senado por 70 votos contra 30. Veinte republicanos votaron a favor, entre ellos McConnell y algunas de las voces más extremistas del partido, incluso en un momento de tanta polarización como el actual. Algunos de los republicanos que le han atacado estos días por el registro del FBI reconocieron su independencia. 

También lo hacen sus colegas en el Departamento de Justicia.

“Muchos empleados de carrera dicen ahora que no sienten la presión de satisfacer abiertamente demandas políticas, como sí sintieron bajo el Gobierno anterior”, según los entrevistados por el Times

Garland dice que le gusta su trabajo, aunque sea muy diferente del de juez porque puedes elegir los casos que perseguir y puedes hacer algo cuando observas un abuso. “Si leo algo en el New Yorker por la mañana y me parece que el Gobierno está haciendo algo mal o el país está haciendo algo mal o alguien debe ser protegido, puedo hacer algo sobre ello, y a veces en el mismo día”, dijo en una entrevista con el New Yorker en octubre (y con una frase que suele utilizar cambiando el nombre del medio que le pregunta). 

El razonamiento de fondo es algo que ha repetido a lo largo de los años, también cuando era juez: “La gran alegría de ser fiscal es que no asumes cualquier caso que te entra por la puerta. Evalúas el caso. Haces tu mejor juicio. Solo sigues adelante si crees que el acusado es culpable”. 

Cuando este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el fiscal general, Merrick Garland, haría una declaración ante las cámaras, la Casa Blanca se enteró por la prensa. No sabía que Garland, habitualmente poco locuaz, saldría a hablar ese día y ni siquiera de qué hablaría exactamente, aunque podía imaginarse que sería sobre el registro del FBI de la mansión en Florida de Donald Trump. Tras la declaración, la Casa Blanca no quiso hacer ningún comentario sobre los anuncios de Garland de que él autorizó personalmente el registro y de que había pedido a un juez la publicación de la orden por “el interés público” y el hecho de que el afectado lo hubiera contado. 

Qué ha hecho Trump ahora y qué supone el registro del FBI en su mansión de Florida

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Fueron poco más de tres minutos de declaración, sobria, sin levantar la voz y deteniéndose al final a pedir perdón por no contestar a las preguntas gritadas por los periodistas. Garland explicó que los detalles relevantes estaban en la orden de registro autorizada por un juez y que finalmente fue publicada este viernes tras otra autorización judicial.