En Rusia, la represión ha obligado a miles de personas críticas con el régimen de Vladímir Putin a exiliarse. Un castigo insuficiente para el Kremlin, que desde hace unos meses está llevando al límite su legislación con el objetivo de hacer la vida imposible a estos opositores. Primero, catalogándolos como terroristas y extremistas para dificultarles la supervivencia económica en el extranjero, y ahora con una nueva ley que amenaza con privarlos de la ciudadanía rusa.
La norma que se está tramitando en el Parlamento ruso se titula “Sobre medidas restrictivas temporales contra personas que se encuentran fuera de la Federación Rusa y que evaden sanciones”. Detrás de este encabezado se esconde el propósito de elaborar un listado de enemigos del Estado: personas emigradas que, según las autoridades, están eludiendo una condena en Rusia.
La sentencia puede ser por cualquier delito penal, aunque también se incluyen algunos administrativos. No es casual que entre ellos se encuentre el descrédito al Ejército o a las autoridades rusas, uno de los motivos más habituales por los que se persigue a las personas que se oponen a la guerra. Miles de acusados lograron huir del país y miles más pueden ser condenados en ausencia al participar en marchas pacifistas en el exilio.
Considerar las críticas a la guerra criminal de Rusia en Ucrania como terrorismo trastoca la realidad. [Es una maniobra] diseñada exclusivamente para infundir miedo y eliminar el espacio de solidaridad entre los rusos con posturas antibélicas dentro del país y quienes se ven obligados a exiliarse
Quienes pasen a formar parte de este registro, a discreción de la Fiscalía General, se enfrentarán a varias prohibiciones: se les congelarán los fondos en los bancos rusos y todos sus ahorros deberán transferirse a cuentas especiales controladas por el Banco Central Ruso; las entidades les rechazarán préstamos y créditos; no podrán vender sus pisos ni sus coches, ni designar a un apoderado para que lo haga en su nombre; se les impedirá el acceso a la plataforma de gestión de servicios estatales y municipales y perderán el derecho a los servicios consulares.
Este último punto es especialmente grave, según explican desde el proyecto de derechos humanos Primer Departamento. Entre los trámites que un ciudadano ruso puede hacer en la representación diplomática de su país está la renovación del pasaporte, además del registro de un matrimonio o de un fallecimiento. Por lo tanto, los abogados creen que, de facto, “se les pretende esencialmente revocar la ciudadanía”.
“Si bien los diputados aún no proponen confiscar los pasaportes de las personas involucradas en casos políticos, sí proponen privarlas de numerosos derechos civiles clave”, advierten desde la entidad. Al no poder renovar su documento, quedan en un limbo legal y pierden su identificación y la posibilidad de viajar.
Reprimir las voces críticas
En declaraciones a elDiario.es, uno de los abogados de Primer Departamento, Maksim Olenichev, afirma que “las autoridades rusas quieren reprimir las voces críticas independientes que abandonaron Rusia para denunciar las violaciones de derechos humanos” y, ante la imposibilidad de actuar contra ellos, “buscan crearle problemas de legalización”.
“Se trata de una estrategia integral diseñada para destruir la vida de los opositores [...] y su base económica”, añaden Irina Borogán y Andrei Soldátov en un artículo para el Center for European Policy Analysis (CEPA). Ambos periodistas están afectados por esta norma, ya que tuvieron que emigrar de Rusia en 2020 por sus críticas a Putin y están considerados “agentes extranjeros”.
Borogán y Soldátov destacan que las medidas están “claramente diseñadas para intimidar y acosar”, y sus objetivos “se harán visibles deliberadamente”. Desde su punto de vista, “el lenguaje utilizado deja poco espacio para el acuerdo: no hay ninguna invitación a regresar, bajo ninguna circunstancia, solo la promesa de una presión implacable y despiadada”.
La lucha de las autoridades rusas se enmarca en su obsesión por la amenaza que representan los emigrados políticos como agentes enemigos y colaboradores de Occidente. No en vano esta ley la ha redactado la Comisión para la Interferencia Extranjera, creada inmediatamente después de la invasión de Ucrania.
El jefe de la comisión, Vasili Piskarev, justificó la iniciativa alegando que “en los últimos cinco años, ha habido un claro aumento en las denegaciones de extradición por motivos políticos, en particular por parte de los países de la OTAN”, y agregó que Occidente “utiliza activamente a los fugitivos en sus actividades antirrusas”.
Piskarev, apuntan Borogán y Soldátov, es “uno de los principales perros de presa de Putin” y lleva más de dos décadas reprimiendo a la oposición. “Esta comisión ha servido como un instrumento clave para ayudar al Kremlin a legalizar su represión del movimiento antibélico ruso, tanto dentro del país como fuera”, señalan los periodistas.
Peor que en la época soviética
Un profesor universitario ruso que vive en la Unión Europea y que recientemente ha recibido la etiqueta de agente extranjero lamenta, en declaraciones a elDiario.es, que muchos de sus colegas se vieron obligados a dejar sus puestos de trabajo o a abandonar el país en 2022. Entonces varios académicos firmaron una carta condenando la guerra, una posición intolerable para el régimen.
Para él, esta es una diferencia respecto de la época soviética, cuando había una política de fronteras cerradas que llevaba inevitablemente a la preservación del talento. “Ahora el enfoque principal es empujar a las personas que no están de acuerdo [con el Gobierno] al extranjero”, afirma.
“La diferencia —sugieren Borogán y Soldátov— es que la legislación soviética estaba dirigida a quienes permanecían dentro del país, mientras que el proyecto de Piskarev está dirigido explícitamente a quienes se marcharon”. Recuerdan que Rusia “tiene una larga historia de incluir en listas negras a categorías enteras de sus propios ciudadanos” y que, en las décadas de 1920 y 1930, a los miembros de las antiguas clases dirigentes se les privó de su derecho al voto y se les excluyó completamente del empleo, la educación y la vida pública.
Todos terroristas
Otra de las listas negras que utiliza el Kremlin para reprimir a los exiliados es la de terroristas y extremistas. Antes de la guerra incluía principalmente a personas vinculadas al fundamentalismo islámico. Posteriormente, se añadió a la Fundación Anticorrupción de Alekséi Navalni y a sus colaboradores, pero con el inicio de la invasión, el registro comenzó a expandirse rápidamente para incluir a cualquier crítico del régimen.
Actualmente consta de unos 25.000 nombres y en los últimos meses las cifras se han disparado. El motivo es que desde finales de 2024 los sospechosos o condenados por desacreditar a las Fuerzas Armadas o por difundir “falsificaciones” sobre el Ejército también se arriesgan a ser catalogados como tales.
Esta medida también está destinada a cortar las vías de financiación de los emigrados políticos. Según cuenta Alexandra Prokopenko en un artículo para el Carnegie Center Russia Eurasia, el Kremlin se vale de los mecanismos del sistema financiero occidental para la represión. “Las normas internacionales de cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales están formuladas de tal manera que todos parecen igualmente peligrosos para el sistema financiero occidental, ya sea un preso político ruso o un auténtico combatiente del Estado Islámico”, lamenta.
Se trata de una estrategia integral diseñada para destruir la vida de los opositores [...] y su base económica
Esta extrabajadora del Banco Central Ruso explica que aparecer en la lista de terroristas y extremistas “provoca una reacción en cadena”: los bancos empiezan a exigir documentos adicionales para transacciones “aparentemente inocuas” o simplemente cierran cuentas, “reacios a tratar con un cliente problemático”. Advierte que eliminar una etiqueta impuesta por las autoridades rusas es “extremadamente difícil y costoso”.
“El proceso está automatizado en un 95-99%”, sostiene. “Los algoritmos analizan noticias, decisiones judiciales y sitios web gubernamentales. Cuando cambia el estatus de una persona o empresa, el banco recibe una notificación de que el cliente ha sido mencionado en el contexto de terrorismo”.
Limitar los movimientos
En otro artículo para el CEPA, Borogán y Soldátov apuntan otra consecuencia del endurecimiento de las leyes sobre terrorismo y extremismo. En 2022 muchos activistas rusos fueron incluidos en las listas internacionales de búsqueda y captura, pero Interpol se negó a extraditar a personas por cargos políticos. Sin embargo, el alivio que esta decisión representó para los exiliados al inicio de la invasión se ha ido diluyendo después de que el Kremlin haya firmado acuerdos bilaterales de extradición con una veintena de gobiernos, como China, Marruecos, Chile, Tailandia, Egipto y Arabia Saudí, entre otros.
Este tipo de pactos entre Estados limita los movimientos de los opositores y les obliga a medir muy bien sus viajes, conscientes de que una parada en un país equivocado puede ser fatal. Es por eso que los periodistas acusan a los gobernantes rusos de “abusar” de los mecanismos de cooperación internacional.
Según la directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central, Marie Struthers, “considerar las críticas a la guerra criminal de Rusia en Ucrania como terrorismo trastoca la realidad”. Opina que es una maniobra “diseñada exclusivamente para infundir miedo y eliminar el espacio de solidaridad entre los rusos con posturas antibélicas dentro del país y quienes se ven obligados a exiliarse”. Y pide a la comunidad internacional que “redoble urgentemente sus esfuerzos” para apoyar a estas personas.
Efectos colaterales de las sanciones
Pero algunas de las acciones de la comunidad internacional enfocadas a ejercer presión sobre Rusia y sus dirigentes acaban perjudicando a los opositores que viven en el extranjero. Por ejemplo, recientemente, los clientes rusos del banco Revolut en la Unión Europea vieron sus cuentas congeladas cuando la entidad quiso cumplir con uno de los últimos paquetes de sanciones.
Otro ejemplo es la decisión de Bruselas de prohibir a los rusos la obtención de visados de entrada múltiple a la UE. “Iniciar una guerra y esperar moverse libremente por Europa es difícil de justificar”, escribió la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en X. Pero esta decisión, planeada para incomodar a los rusos de clase alta que viajan habitualmente a países europeos, es un arma de doble filo.
La periodista Elena Kostiuchenko, que vive en el exilio, respondía a Kallas en X que esta iniciativa pone en grave peligro a los periodistas rusos que todavía trabajan dentro de Rusia, como es el caso de su hermana. Explica que un visado multientrada a menudo es una vía de salvación ante la sospecha de una detención inminente. Sin esa escapatoria, concluye Kostiuchenko, “las personas que arriesgan su libertad y sus vidas cada día para detener la guerra y el fascismo ahora están condenadas a una elección: marcharse de antemano y detener su trabajo, o quedarse y continuar, sabiendo que no existe ninguna posibilidad de rescate”.