Pena de muerte: el debate tabú en la campaña de Estados Unidos
Donald Trump llamó al programa de televisión Fox & Friends en mayo de 2015, poco después de que mataran a dos policías en Mississippi. El presentador, Steve Doocy, quería saber cuál sería un castigo apropiado para los asesinos. “Bueno, la pena de muerte”, respondió Trump a la ligera. “Tenemos gente, como estos dos, que son animales que disparan a polis... Habría que recuperar la pena de muerte con fuerza”.
Un mes después, Trump anunció que se presentaba a presidente. Desde entonces no ha pronunciado casi nunca el término 'pena de muerte' en público, aunque un alto asesor ha pedido la ejecución de Hillary Clinton y ha dicho que “habría que ponerla en la línea de fuego y pegarle un tiro por traición”.
Clinton solo habla de la pena capital cuando le presionan para ello, y entonces lo hace de forma torpe. Al contrario que la mayor parte de su partido –incluido su número dos, Tim Kaine–, la candidata demócrata apoya ese castigo en los casos de terrorismo. Ha dicho que estaría contenta si alguien ilegalizara las ejecuciones, pero no ella.
En la campaña de 2016, la posición más segura sobre la pena capital puede ser el silencio. Los dos candidatos necesitan atraer a miembros desencantados del partido contrario. Ninguno puede permitirse perder su propia base fiel.
“¿Por qué sacar el tema si va a levantar polémica y no lo necesitas?”, se pregunta Sherry Bebitch Jeffe, catedrática de la Facultad de Políticas Públicas Sol Price de la Universidad del Sur de California.
Por primera vez desde 1972, el programa del Partido Demócrata defiende derogar la pena de muerte. La opinión de los republicanos convencionales también ha empezado a alejarse de ese castigo. Las ejecuciones y las sentencias de muerte se han reducido a nivel nacional, mientras que el número de reclusos del corredor de la muerte exonerados ha aumentado.
El porcentaje de estadounidenses que apoyan la pena capital no ha parado de caer desde el pico del 80% que alcanzó a mediados de los años 90, aunque una mayoría cómoda –61% según Gallup; 56% de acuerdo con el Pew Research Center– sigue apoyando el uso del castigo máximo para personas condenadas por asesinato.
Y California –con el mayor corredor de la muerte del país– podría convertirse en el sexto estado en acabar con las ejecuciones en los últimos años. Los votantes de ese territorio decidirán en noviembre sobre dos propuestas en referéndum: una para derogar la pena de muerte; la otra, para modernizarla.
Trump evita promesas sobre la pena de muerte
Donald Trump se vende cada vez más como el candidato de la ley y el orden. En su discurso en la Convención Nacional Republicana reforzó la idea del miedo a los delincuentes inmigrantes, y últimamente ha dicho que apoya la “investigación extrema” de las personas de otros países. Sin embargo, hasta el momento ha evitado prometer ejecuciones macabras para los asesinos.
La principal excepción fue un discurso en diciembre para el sindicato policial New England Police Benevolent Association, en el que prometió una orden ejecutiva que decretase sentencias de muerte para los asesinos de policías. En cualquier caso, esto no sería posible, ya que el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales ese tipo de sentencias en 1976.
Puede que los ejemplos más ilustrativos de la postura de Trump sobre la pena de muerte sean los anuncios que publicó en la prensa en 1989, en los que pedía la muerte para cinco adolescentes negros y latinos –los llamados “cinco de Central Park”– que fueron condenados por la violación e intento de asesinato de una mujer en aquel año. Los cinco hombres fueron absueltos en 2002.
Los anuncios en prensa a toda página son un clásico de Trump. Bajo el enorme titular “Recuperemos la pena de muerte. ¡Recuperemos a nuestra policía!” se encuentra un texto largo, con buena parte en mayúsculas. “Quiero odiar a estos atracadores y asesinos”, escribió Trump, “habría que obligarlos a sufrir y, cuando asesinan, habría que ejecutarlos por sus crímenes”.
Los republicanos, cada vez menos partidarios
El programa republicano, ratificado hace poco en la convención del partido en Cleveland, solo incluye dos frases sobre la pena capital: “La constitucionalidad de la pena de muerte está establecida con firmeza por su mención explícita en la Quinta Enmienda. Con el aumento de la tasa de asesinatos en nuestras grandes ciudades, condenamos la erosión por parte del Tribunal Supremo del derecho de la gente a aplicar la pena de muerte en sus estados”.
Esto refleja la aparición de cierta crítica republicana al máximo castigo, al que se oponen cada vez más conservadores, de acuerdo con Michael Radelet, profesor de sociología en la Universidad de Colorado en Boulder que investiga la pena de muerte.
El aumento de esa visión crítica entre los conservadores se basa en tres pilares, y el primero de ellos es económico. “Enviar a alguien al corredor de la muerte cuesta muchísimo dinero, así que los conservadores en lo fiscal quieren recortar esas cantidades”, indica Radelet.
El segundo, señala, es religioso: el papa condenó la pena capital en su discurso de 2015 ante el Congreso, y “si hiciéramos una encuesta entre los líderes religiosos estadounidenses, no hay duda de que la gran mayoría se mostrarían opuestos”.
El tercer pilar, según Radelet, es simplemente una actitud de desconfianza hacia la eficacia del Gobierno, que se resume en: “Joder, el Gobierno ni siquiera es capaz de arreglar bien un bache”, ¿cómo le vamos a confiar el poder de la vida y la muerte?
Ninguno de estos argumentos parece influir demasiado en el candidato del partido. Trump ha mantenido un profundo silencio sobre el tema, con la excepción de su intervención en Fox & Friends y una entrevista de 2015 en The New York Times en la que dijo que la pena de muerte tiene un efecto disuasorio porque cuando se ejecuta a alguien “sabes que esa persona no va a volver a matar”.
En los años 80 y 90, la oposición a la pena capital fue “veneno político en la mayoría de elecciones”, indica Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. “Ahora vemos a legisladores republicanos, muchos de los cuales son conservadores, que se oponen abiertamente”.
Clinton también evita exponerse
Sin embargo, la mayor parte de la caída en el apoyo al castigo máximo viene de los demócratas, según un estudio de 2015 del Pew Research Center. Casi el 60% de los demócratas se oponen a la pena de muerte, en comparación con el 25% de 1996. Esto puede ser un problema para Clinton, que recibió duras críticas por sus torpes respuestas a preguntas sobre este asunto durante la campaña de las primarias.
Sus dos rivales de la contienda demócrata –Bernie Sanders y el exgobernador de Maryland Martin O'Malley– se opusieron a la pena capital. Ahora que las elecciones generales están en camino, llevar a los apasionados y progresistas seguidores de Sanders a las urnas es un desafío para Clinton. La pena de muerte no es un asunto que se lo vaya a facilitar.
En un encuentro con ciudadanos que organizaron en marzo las televisiones CNN y TV One en Ohio, un votante indeciso llamado Ricky Jackson se levantó para formular una pregunta a la exsecretaria de Estado. Había pasado 39 años en la cárcel por asesinato, hasta que lo absolvieron y lo liberaron en 2014.
“Pasé algunos de esos años en el corredor de la muerte y...”, empezó a decir Jackson, pero hizo una pausa para limpiarse las lágrimas de los ojos. “Lo siento. Me acerqué peligrosamente a la ejecución... Me gustaría saber cómo puede aún mantener esa postura sobre la pena de muerte a la luz de lo que sabemos ahora”.
“¿Sabe? Esa es una pregunta profundamente complicada”, empezó a responder Clinton con cuidado, “y lo que he dicho y lo que sigo creyendo es que se ha demostrado que los estados son incapaces de garantizar juicios justos que den a los acusados todos los derechos que deberían tener, todo el apoyo que el abogado del acusado tiene que tener”.
Entonces se metió en problemas, con una respuesta que sus críticos han tachado de típica triangulación, de intentar decir una cosa y la contraria. “He dicho que respiraría aliviada si el Tribunal Supremo o los propios estados empezaran a eliminar la pena de muerte”, afirmó. “Dadas las amenazas que sufrimos de actividades terroristas en nuestro país, creo que aún se puede mantener reservada para esos casos que acaban bajo la jurisdicción federal”. Pero quizá “esa distinción es difícil de apoyar”.
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo
