La ultraderecha teje nuevas alianzas para crecer en América Latina

Desde hace más de una década, una serie de organizaciones realizan campañas en países de América Latina contra los derechos de personas homosexuales, mujeres y el enfoque de género en las políticas públicas. Destacan por su agresividad y discurso de odio, y ejercen presión sobre gobiernos y legisladores para frenar el acceso a esos derechos o boicotear los que ya existen: como el aborto en casos de violación, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Sin embargo, durante la pandemia, varios de estos colectivos ultraconservadores –que ya expresaban afinidad hacia los discursos fundamentalistas de Donald Trump, en Estados Unidos, y Jair Bolsonaro, en Brasil– afianzaron sus alianzas con organizaciones políticas de extrema derecha, como Vox, de España. Al mismo tiempo, durante estos meses de miedo e incertidumbre, de crisis económica y sanitaria, articularon agendas con una intensa presencia en diferentes espacios virtuales.

Poderes no santos es una serie periodística –coordinada por OjoPúblico en alianza con cinco medios de América Latina– que investiga y analiza desde el inicio de la pandemia los lobbies y estrategias fundamentalistas contra la agenda de derechos en la región.

En esta tercera parte –realizada en alianza con elDiarioAR, de Argentina; La Silla Vacía, de Colombia, Agencia Pública, de Brasil; y PopLab, de México– se investiga el avance de estos grupos durante estos dos años de crisis global, sus relaciones de poder, y recoge diferentes puntos de vista para entender cómo y porqué han comenzado a ganar espacio en algunos sectores. 

Desde marzo del 2020 a octubre del 2021, esta investigación identificó en estos países alrededor de más de 400 políticos, líderes civiles y religiosos, y alrededor de 200 organizaciones civiles, religiosas y políticas que impulsan mensajes y lobbies contra una agenda de derechos: no creen en el enfoque de género en la educación, tampoco en los derechos LGTBI, ni en el matrimonio igualitario, ni en los derechos sexuales y reproductivos. Cuestionan, incluso, los esfuerzos de las Naciones Unidas por impulsar la igualdad de género, o lo que organizaciones políticas como Vox, denominan, “agenda globalista”.

De marzo del 2020 a octubre del 2021, se identificó en estos países más de 400 políticos, líderes civiles y religiosos, y alrededor de 200 organizaciones civiles, religiosas y políticas que impulsan mensajes y lobbies contra una agenda de derechos.

Varios de estos colectivos, además de compartir una agenda contra derechos, también han impulsado –de la mano de algunas organizaciones políticas y líderes de partidos– campañas de desinformación contra las vacunas o impulsado curas falsas. Ese es el caso, por ejemplo de Médicos por la Verdad, con presencia en casi todos los países de América Latina.

Perú y Colombia: el poder conservador

En Perú, durante las elecciones generales del 2021, el partido Renovación Popular, que lidera el ultraconservador Rafael Lopez Aliaga, alcanzó el tercer lugar en la primera vuelta electoral con 11,75%. Gran parte de estos votos se concentró en la capital del país: Lima.

Durante su campaña impulsó un discurso violento, de odio y basado en la desinformación. También ha arremetido contra lo que él llama “Nuevo Orden Marxista” que, según dice, propone controlar al Estado para que el comunismo se dedique a promover el aborto y a homosexualizar a la población.

El discurso de Renovación Popular y de los grupos extremistas que lo apoyan, replica mensajes ya vistos en Brasil, con el presidente Jair Bolsonaro a la cabeza, y en Argentina, con el ascenso del economista Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo 14 de noviembre. 

A ellas se suman otras voces desde España. En septiembre de este año, la comitiva conformada por el vicepresidente y diputado del partido de extrema derecha Vox Víctor González, el eurodiputado Hermann Tertsch y el director de la Fundación Disenso, Martín Frías, trajo a Lima la 'Carta de Madrid' y consiguió adhesiones “en defensa de la democracia y la libertad” de líderes de tres organizaciones políticas: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

La lideresa de Fuerza Popular y excandidata presidencial, Keiko Fujimori, suscribió la carta y comentó que ambos partidos comparten su “preocupación sobre el avance del comunismo”.

Los tres partidos políticos de derecha tienen importante representación en el Congreso. Pero en su agenda contra el enfoque de género, el matrimonio igualitario y derechos sexuales y reproductivos, se suma una parte importante de la bancada oficialista de Perú Libre, de izquierda.

Un rastreo realizado este año por la asociación civil feminista Manuela Ramos, señala que de los 130 congresistas apenas 40 podrían considerarse actores favorables a las políticas de igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos. 

En este contexto, es que en los próximos meses se debatirá el futuro de los derechos sexuales, civiles y sociales en el país. La congresista de Renovación Popular y pastora de la iglesia evangélica La Casa del Padre, Milagros Jáuregui de Aguayo, ha anunciado una iniciativa legal para otorgarle derechos al embrión desde la concepción. 

Perú es uno de los pocos países de la región en el que el aborto está penalizado en todos los casos (incluso para las víctimas de una violación). Solo se permite este procedimiento por razones terapéuticas, cuando peligra la salud de la gestante. Comparado con el resto de Latinoamérica, el país tiene una legislación bastante restrictiva.

Perú es uno de los pocos países de la región en el que el aborto está penalizado en todos los casos (incluso para las víctimas de una violación). Solo se permite este procedimiento por razones terapéuticas, cuando peligra la salud de la gestante.

En Colombia, como parte de esta investigación, se identificó al menos 33 organizaciones (28 civiles, 3 religiosas y 2 políticas), 23 líderes políticos y 4 líderes de opinión, así como las estrategias que han utilizado para oponerse a la agenda de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en un Estado laico. Aunque no todos son iguales, están en contra de la despenalización del aborto.

Pero esta semana es clave para Colombia. La Corte Constitucional decidirá, después de año y medio de un intenso debate, si procede o no la despenalización del aborto en todos los casos. Los magistrados ponentes son dos liberales: Alberto Rojas y Antonio José Lizarazo, que presentaron ponencias que le apuntan a despenalizar.

Esta semana es clave para Colombia. La Corte Constitucional decidirá, luego año y medio de un intenso debate, si procede o no la despenalización del aborto en todos los casos.

En estos meses muchos grupos conservadores han impulsado movilizaciones e intervenciones en contra. Pero varios de ellos tienen conexiones entre sí, otros están ligados a iglesias y tienen el apoyo de políticos de derecha, y algunos son la filial nacional de organizaciones internacionales que mueven la agenda antiderechos en otros países del mundo.

Un dato resume la forma en que coordinan. Solo entre el 2 y 3 de octubre de este año la Corte de Colombia recibió 1.672 correos, pero todos eran exactamente iguales, y decían que la despenalización es facultad del Congreso y no de un órgano judicial.

Aunque llegaron de correos personales e individuales, fueron una convocatoria que hizo la organización colombiana 'Unidos por la Vida', conectada con la internacional 'CitizenGo' a través de plataformas digitales.

Argentina y México

El político de derecha Javier Milei ha sido electo como diputado nacional por el partido libertario en la capital argentina el domingo 14 de noviembre. Obtuvo el 17,6% de los votos y se transformó en la tercera fuerza política más votada en la Ciudad de Buenos Aires. Algo inédito para un partido “recién nacido”.

El político y economista tiene un discurso centrado en la clase política y también contra el aborto y el enfoque de género. Su partido dice que no quieren que el Estado financie o “baje línea” o “adoctrine” con contenidos de educación sexual. Milei ha recibido el apoyo del influencer ultraconservador, Agustín Laje, quien había invitado a sus seguidores a votar por él.

Agustín Laje es de Córdoba (Argentina) y licenciado en Ciencia Política y es, además, un referente de los grupos más conservadores de iberoamérica. Considera, por ejemplo, que “el feminismo representa uno de los peligros más patentes que hoy está viviendo una sociedad que quiere ser libre”, discute que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sea un entidad científica y mantiene (y defiende) una postura antiderechos: en contra del aborto y en contra de la identidad de género.

El Frente de Milei se opone a la interrupción voluntaria del embarazo, pero este tema no formó parte de su plataforma. El aborto se convirtió en ley en la Argentina en diciembre, después de un arduo debate en el Congreso en 2020. El año pasado el presidente Alberto Fernández envió el proyecto, que fue discutido en ambas cámaras y sancionado. Cuando se le preguntó a un referente del núcleo duro de La Libertad Avanza si tienen en agenda rediscutirlo: “Dos de cada tres chicos están viviendo en la pobreza”, dijo. Ante la repregunta, prefirió no responder.

Al norte del continente, en México, el reciente fallo de la Corte Suprema que determina que es inconstitucional la penalización del aborto voluntario, ha generado el rechazo de los grupos más conservadores. Un sacerdote de Coahuila propuso, incluso, matar a las mujeres que interrumpen su embarazo. Al mismo tiempo que han articulado acciones y alianzas para frenar su implementación en todos los Estados y congresos locales.

La Corte, además, pidió que se establezcan lineamientos para la objeción de conciencia, pues esta no puede poner en riesgo el derecho a la salud de las mujeres.

El camino legal y legislativo para que este fallo se haga válido en todo el país aún es largo y complejo, explican los abogados expertos en derechos humanos. 

Con la resolución de la Corte, ningún juez federal o local puede procesar a una mujer que haya interrumpido voluntariamente su embarazo; aunque los congresos de cada Estado y el federal no tienen la obligación de cambiar los códigos penales o las constituciones. Sin embargo, las autoridades locales ahora pueden legislar sobre el tema amparados en los criterios legales avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este contexto, será en las cámaras donde se de la disputa por llevar a las jurisprudencia local lo resuelto por la Corte. 

En la Cámara de Diputados, el 55% de los legisladores pertenecen al partido oficialista Morena y a sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México. Y los principales opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son la alianza conformada por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y la Revolución Democrática (PRD). Estos tres últimos tienen el 40% de diputados y diputadas. Solo el 5% restante pertenece a Movimiento Ciudadano, organización que impulsa una agenda más amplia en torno a derechos para las mujeres.

Mientras que en el Senado de la República, hay 76 senadores afines al gobierno, 40 de la alianza opositora, 8 de Movimiento Ciudadano y 4 independientes. 

En México, Morena, el partido del presidente, se define como de izquierda, pero en su bancada hay legisladores conservadores. Mientras que con el PAN “hay tensión entre los varios grupos que existen, no es un partido tan homogéneo, es un partido que tiene varias corrientes desde la socialdemócrata hasta más radicales; hay personas que tienen una visión más empresarial, otras desde el catolicismo social”, explica el historiador Yves Solís Nicot.

También en México han llegado los lazos de Vox. En septiembre de este año, en un evento denominado 'Foro Internacional de la Mujer Embarazada en Estado Vulnerable', organizado por el PAN y convocado por el actor y ahora activista ultraconservador Eduardo Verástegui, participaron también el activista argentino de ultraderecha Agustín Laje y Santiago Abascal líder del partido español Vox.

Los representantes del PAN compartieron en sus redes sociales fotos con Santiago Abascal, presidente de Vox, una organización política que se opone abiertamente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las imágenes y el comunicado de los senadores y senadoras provocó que varios de los militantes repudiaran el encuentro y cuestionaron al partido por haberse aliado con un partido de ultraderecha. La crítica obligó a varios de los participantes del encuentro a señalar que habían cometido “un error”. 

Varias investigaciones periodísticas han revelado la relación entre el grupo de extrema derecha y ultracatólico, El Yunque, y Vox. 

Después de que el PAN se retractara de su supuesta alianza con Vox, algunos hablaron de formar un partido “verdaderamente de derecha”. Incluso Agustín Laje, acusó al partido de estar sometido “a la agenda izquierdista”. 

Redes globales 

Una reciente filtración denominada 'The Intolerance Network' en la plataforma Wikileaks reveló las relaciones de poder y vínculos políticos de cientos de organizaciones ultraconservadoras que apoyan una agenda contra los derechos civiles, sexuales y reproductivos. Entre los más de 17.000 archivos. Los documentos corresponden a los años entre 2001 y 2017 y están relacionados a las acciones de la fundación de CitizenGO y Hazte Oír.

HazteOir es una organización de extrema derecha fundada en España el 2001, que promueve acciones políticas con una agenda ultracatólica y basada en mensajes de odio y desinformación. El 2013 impulsaron la fundación CitizenGo y desde entonces a través de este espacio diseñan estrategias de cabildeo contra el aborto (incluso en casos de violación de menores de edad), el matrimonio igualitario, derechos sexuales y reproductivos, y cualquier otra medida que impulse el enfoque de género en las políticas públicas.

Solo en Brasil, por ejemplo, Agencia Pública identificó alrededor de 200 personas con roles activos en estas organizaciones. Hay funcionarios públicos, políticos, empresarios, abogados e, incluso, médicos. Varios de ellos no sólo hacen lobbies contra el aborto –que en Brasil es legal en casos de violación, riesgo de muerte materna o anencefalia del feto– sino que también participan activamente en campañas de desinformación que pone en riesgo la salud pública.

Durante la pandemia, algunos médicos brasileños que ya hacían activismo contra el aborto incorporaron discursos negacionistas y pseudocientíficos en relación con la COVID-19. Entre ellos hay personas que integran la base ideológica del gobierno del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, por ejemplo Raphael Câmara y Mayra Pinheiro –secretaria de Gestión del Trabajo y Educación para la Salud–, que se hizo conocida como 'capitana de la hidroxicloroquina' por defender el uso del ineficaz de este fármaco para combatir los síntomas de la COVID-19.

Fuera de los cargos públicos, estos médicos han utilizado la influencia y la credibilidad de sus títulos profesionales para difundir desinformación en las redes sociales, actuando a menudo de forma coordinada en espacios que se relacionan con colectivos de influencia internacional como Médicos Por La Verdad, que surgió en España y se extendió por Europa y América Latina. 

El informe final de la comisión parlamentaria del Senado Federal de Brasil (CPI), que investigó las supuestas omisiones e irregularidades en la actuación del gobierno de Bolsonaro durante la pandemia de COVID-19, señala que este grupo “propuso la existencia de un gabinete paralelo” que condujera la pandemia sin tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de abogar por medicamentos sin eficacia y desalentar el uso de mascarillas y el aislamiento social.

Este gabinete paralelo, formado por médicos y empresarios, coordinaba con el Ministerio de Sanidad, influyendo en las decisiones sobre la compra de vacunas y las medidas sanitarias. Durante esta investigación periodística se conoció que la oncóloga e inmunóloga Nise Yamaguchi, una activista cristiana, contraria al aborto e integrante de Médicos por la Verdad, conformó ese gabinete en las sombras. Entusiasta de la cloroquina, incluso fue considerada para asumir el Ministerio de Salud el 2020, pero incluso sin el cargo, fue una asesora cercana a Bolsonaro sobre la pandemia. 

Nise Yamaguchi participó en una reunión con el presidente Bolsonaro para discutir las vacunas y el uso de hidroxicloroquina, según el informe de CPI, y firmó una carta en la que junto a otros profesionales de la salud desaconsejaba el uso de mascarillas y medidas más estrictas de aislamiento, al tiempo que defendía los medicamentos ineficaces para tratar la COVID-19. 

Otro firmante de la carta es Hermes Nery, experto en bioética y coordinador del Movimiento Legislación y Vida, que articula una agenda contra el aborto con parlamentarios conservadores en el Congreso, como el diputado federal Chris Tonietto (PSL-RJ), vinculado al ultraconservador Centro Católico Dom Bosco. 

El Movimiento Legislación y Vida está vinculado a Human Life International, el mayor movimiento contra el aborto del mundo, y también a CitizenGO, una organización ultraconservadora de la que Wikileaks filtró documentos este año.

Además de actuar en contra de la legalización del aborto y a favor de las agendas más conservadoras, el movimiento fundado por Hermes Nery elaboró, junto con Médicos por la Vida, un manifiesto a favor de la no obligatoriedad de las vacunas en el sitio web de CitizenGO. También organizó una petición para que el senador Eduardo Girão, aliado del gobierno, asumiera la presidencia de la CPI. 

Lo registrado en Brasil también se repitió en otros países de la región. Durante la emergencia sanitaria, los mismos grupos que han apelado a discursos contra las políticas de salud sexual y reproductiva, y el enfoque de género, al mismo tiempo han difundido campañas de desinformación sobre las vacunas o las medidas sanitarias, cuestionando los esfuerzos globales para contener la pandemia.