Aznar autorizó escalas de vuelos a Guantánamo pero no se llegaron a realizar

El Gobierno de José María Aznar autorizó en 2002 que vuelos estadounidenses que trasladasen prisioneros talibanes y de Al Qaeda desde Afganistán al penal de Guantánamo hicieran escala en España por razones de emergencia. Sin embargo, estas paradas nunca llegaron a ejecutarse, reveló el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos.

En su comparecencia a petición propia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para informar de las investigaciones abiertas por el Gobierno tras la publicación de documentos en el diario 'El País' que muestran que EEUU pidió esa autorización al Gobierno de Aznar, el ministro anunció haber encontrado nuevos documentos relacionados con este asunto.

Uno de esos documentos, que el Gobierno ya ha trasladado a la Audiencia Nacional, evidencia que el Ejecutivo de Aznar respondió afirmativamente a la petición de Washington. Sin embargo, precisó Moratinos, esas escalas no tuvieron lugar. “No hubo escalas en territorio español de vuelos con prisioneros talibanes y de Al Qaeda, de acuerdo con la nueva información que hoy tenemos”, aseguró.

Ese documento en cuestión, encontrado en la sección española del Comité Permanente Hispano Americano --que depende de los departamentos de Defensa de España y EEUU y se encarga de desarrollar el convenio bilateral de Defensa-- es una nota de 11 de enero de 2002 con membrete del secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, que responde a la petición de EEUU.

Según Moratinos, ese papel dice literalmente: “En conversación con el secretario de Estado de Política Exterior y con el director general de Norteamérica, así como con el gabinete de Política Exterior del gabinete del presidente del Gobierno se ha acordado que Exteriores contestaría afirmativamente a la petición norteamericana. Se añadiría que nuestra preferencia (...) es que se utilice la base de Morón”.

Según esa nueva información, hubo al menos cinco aviones estacionados en la base de Morón desde enero a marzo de 2002 para “dar servicio”, en caso de avería, a aeronaves provenientes de Afganistán con prisioneros a bordo.

Sin embargo, esas aeronaves, que tenían permiso hasta mayo, abandonaron Morón dos meses antes sin haber prestado ese servicio, añadió el ministro, que aseguró que el Ejecutivo desconocía la existencia de estos papeles hasta que se publicaron en la prensa.

El ministro insistió en que, según la información de la que dispone hasta la fecha, puede afirmar que todos los vuelos militares o los civiles de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que hicieron escala en España eran legales.

Es más, llegó a afirmar que la autorización de enero de 2002 del Gobierno de Aznar estaba amparada por una resolución de la ONU bajo cuyo paraguas se inició la intervención en Afganistán y que, como esa autorización se produjo “antes” de que se iniciara el “proceso de deterioro de Guantánamo”, él carecía de elementos jurídicos para acusar al Ejecutivo de Aznar.

A partir de que se constata la violación de la Convención de Ginebra por parte de EEUU, “empieza el agujero negro de Guantánamo y la responsabilidad de evitar que hubiera escalas”. Moratinos indicó que desconocía si el Ejecutivo de Aznar intentó evitarlas, pero aseguró que el Gobierno actual sí pidió explicaciones a las autoridades estadounidenses sobre los vuelos.

En este sentido, precisó que el encargado de negocios de la Embajada estadounidense confirmó al Gobierno que desde marzo de 2004 no hizo escala en España ningún avión de la CIA --Washington pasó de emplear vuelos militares a civiles fletados por la agencia de inteligencia-- con prisioneros y garantizó que las únicas paradas realizadas en aeropuertos españoles fueron “para repostar y para el descanso de las tripulaciones”.

Moratinos avanzó que ha ordenado una nueva investigación en el seno de su departamento, que correrá a cargo de la subsecretaria, María Jesús Figa, con el objeto de depurar responsabilidades entre aquellos funcionarios que hayan cometido “negligencia en la custodia de documentos”.

En este sentido, adelantó que el actual embajador en misión especial para cuestiones de Desarme, Miguel Aguirre de Cárcer, autor del informe muy secreto desvelado por 'El País' que traslada al Gobierno de Aznar la petición de Estados Unidos “tendrá que responder”.