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Opinión - ¿Y ahora qué? Por Marco Schwartz

Decretos legislativos que limitan derechos fundamentales

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Las comunidades indígenas de la Amazonía peruana podrían verse afectadas por los decretos legislativos que pretende aprobar el Gobierno de Alan García, aseguró hoy la directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica de Perú (CAAAP), Adda Chuecas.

Uno de los decretos legislativos sobre el régimen de propiedad permite que los bosques se conviertan en zonas agrícolas y se considera de propiedad del Estado todas las tierras abandonadas, una situación que crea un problema por la forma de cultivo de las comunidades indígenas que, después de labrar una zona, la dejan descansar por un tiempo.

Los intereses petroleros interfieren en la toma de decisiones. Según Chuecas, el 78 por ciento de la Amazonía peruana está bajo contratos de exploración o explotación y más de 35 millones de hectáreas se encuentran en la actualidad en explotación, en comparación con las 5,5 millones de hectáreas de Brasil.

La Amazonía no puede estar sujeta a los intereses de unos pocos, ya que se trata del “futuro de la Humanidad”. Chuecas explicó que este territorio -que comparten ocho países iberoamericanos- produce casi el 50 por ciento del oxígeno necesario para la vida de todos los animales del planeta (incluido el hombre), el 20 por ciento del agua dulce del mundo y contiene el 50 por ciento de los bosques tropicales existentes de la Tierra.

La experta especificó que el 63 por ciento de Perú es Amazonía, un territorio en el que viven 65 grupos étnicos divididos en doce grupos lingüísticos y que suman 400.000 personas. “Según el último censo, la población indígena total es de cuatro millones de personas entre indígenas y amazónicos”, aseguró la directora de CAAAP, quien indicó que la mayor parte la componen quechuas y aymaras.

Asimismo, resaltó que “los principales problemas a los que se enfrentan [los indígenas] es la falta de acceso a los servicios sanitarios, la contaminación de los ríos, la tala ilegal y el incumplimiento por parte del Estado de Perú de los tratados internacionales”.

El TLC con Estados Unidos

El Gobierno peruano desarrolló 101 decretos legislativos para implementar el Tratado de Libre Comercio, de estos decretos, al menos diez afectan directamente a los pueblos indígenas y “violan el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece que los pueblos indígenas deben ser consultados cuando se cambie la legislación”.

Aunque seis de estos decretos ya han sido derogados, quedan pendientes de hacerlo otros cuatro, y revisar las modificaciones a otras tres normas legales. “La comisión formada en el Congreso concluyó que estos decretos violan los derechos humanos fundamentales de los indígenas y declaró estas normas inconstitucionales, al igual que la Defensoría del Pueblo, pero el Gobierno no dio marcha atrás, sino que endureció el diálogo”, lamentó Chuecas.

Para acabar con la disputa, la organización que dirige Chuecas propone una reforma constitucional para incorporar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de acuerdo con los tratados firmados por Perú, además de un marco jurídico que de seguridad a estos pueblos nativos y les permita decidir sobre cuestiones que afecten a su supervivencia.

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