El CERMI pide bono social eléctrico también para discapacitados

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad [CERMI] ha pedido al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que amplíe el número de beneficiarios del bono social eléctrico para incluir a los consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que tenga, al menos, una persona con discapacidad.

En este sentido, el organismo considera “justo y acorde a la actual normativa básica sobre igualdad”, que el bono social eléctrico tenga en consideración las necesidades de este colectivo. A juicio de sus miembros, resulta “coherente” con la propia finalidad de la medida social, que “se configura como una protección adicional del derecho al suministro de electricidad y se considera obligación de servicio público”.

Así, la propuesta del comité contempla incluir a aquellos consumidores que tengan contratada una potencia inferior a tres kilovatios en su vivienda habitual, a los mayores de 60 años de edad que acrediten ser pensionistas de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, así como los beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez mayores de 60 años.

También, pretende que se beneficien del bono quienes acrediten ser familias numerosas o formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo. Con ello, espera que estas medidas de acción positiva se conviertan en apoyos complementarios y que se traduzcan en ayudas económicas.

Para el CERMI, las prestaciones y ayudas técnicas que suplen las dificultades que tiene este colectivo suponen un coste de inversión para el afectado, “no siendo mínimamente suficientes las ayudas públicas existentes para cofinanciar dignamente los costes que conlleva la discapacidad”. Además, recuerda la existencia de trabas que condicionan el desarrollo personal y social de estas personas.

Por otra parte, el organismo ha anunciado que, a lo largo de este año, analizará exhaustivamente la potencialidad de la 'economía verde' para generar empleo de calidad entre el colectivo. Con esta medida, quiere determinar la capacidad de los sectores económicos sostenibles para crear puestos de trabajo entre los empleados con discapacidad que “siguen excluidos del mercado laboral”.