El CGPJ retrasa su decisión sobre el traslado de Garzón a la Haya

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retrasó este viernes su decisión sobre el traslado del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al Tribunal Penal Internacional (TPI), donde se le ha ofrecido una plaza de asesor en la Fiscalía, a la espera de recibir nuevos informes.

Tras casi dos horas reunida, la Comisión Permanente no logró alcanzar un acuerdo sobre la petición del juez Garzón, que fue suspendido cautelarmente en sus funciones por el CGPJ, en cumplimento de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación, que habría cometido al investigar las desapariciones del franquismo careciendo de competencia para ello.

Según informaron fuentes del Consejo, una vez se reciban los documentos solicitados, la Comisión Permanente se reunirá con carácter inmediato para adoptar una decisión. Entre los nuevos informes solicitados, se encuentra uno que se pedirá a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la misma que acumula tres querellas contra Garzón.

La Comisión integrada por el presidente del Consejo Carlos Dívar y los vocales Margarita Robles, Almudena Lastra, Antonio Dorado y Manuel Almenar, busca aclarar si la actual situación administrativa de Garzón, una vez suspendido, modifica lo informado sobre su petición de traslado al TPI hace tan sólo unos días, cuando todavía era un juez en activo.

Así, además de pedir informe al Supremo, se solicita a la Fiscalía del TPI que, a la vista de la nueva situación de Garzón, indique si confirma el ofrecimiento de un contrato de consultoría para el juez como asesor externo y si dicho contrato lleva implícita algún género de inmunidad procesal.

Igualmente, se solicita tanto al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, como al Ministerio de Asuntos Exteriores, que informen sobre la petición hecha por Garzón de ser declarado en la situación de servicios especiales a la vista de la medida de suspensión cautelar adoptada esta mañana por el Pleno.

SE PIDE OPINIÓN AL SUPREMO

Al Supremo se le informa de la solicitud de Garzón y se le pide que opine acerca de si la misma afecta al curso de las actuaciones penales que se encuentran en trámite contra el magistrado de la Audiencia Nacional.

Finalmente, el propio Consejo General deberá emitir un informe que aclare si procede la petición de Garzón una vez ya ha sido acordada y notificada formalmente su suspensión cautelar.

Una vez cumplimentados todos estos informes, la Comisión Permanente se reunirá sin necesidad de ajustarse al plazo de 24 horas establecido en el artículo 58 del Reglamento de organización y funcionamiento que rige en este órgano.

Estos informes se añadirán a los cuatro que el CGPJ solicitó el pasado martes para estudiar la petición de Garzón. Entre ellos se encuentra uno realizado por el Servicio de Personal del propio CGPJ que desaconsejaba el traslado por no cumplir la oferta dada a Garzón con los requisitos que marca la ley para declarar a un juez en situación de “servicios especiales”.

El resto de informes son favorables a la solicitud, y son el del Ministerio de Asuntos Exteriores declarando “de interés” la presencia del juez de la Audiencia Nacional en el TPI; uno del servicio de Inspección del Consejo sobre el estado en el que se encuentra su juzgado, y un tercero de la Fiscalía del TPI, que fue enviado por fax a la pocas horas de ser solicitado y concretaba la oferta.

A estos cuatro documentos se añadió también otro llegado a última hora también desde la sede del tribunal en La Haya (Holanda), que aclaraba las condiciones de trabajo y de contratación ofrecidas a Garzón por Moreno Ocampo durante los siete meses que el magistrado español podría permanecer en este órgano.