El “efecto Panamá” en la construcción del Palacio de Justicia

El Partido Riojano criticó que SACYR “ralentiza la ejecución de las obras del Palacio de Justicia, como estrategia de presión para conseguir que el Gobierno de La Rioja apruebe una importante modificación presupuestaria”. Su presidente, Miguel González de Legarra, declaró que “desde el Partido Riojano estamos detectando situaciones que tienen muy difícil explicación en relación a la construcción del Palacio de Justicia, que ya empiezan a resultar más que sospechosas. Sobre todo cuando el Gobierno se niega a explicarlas y trata de ocultarlas.”

González de Legarra cree que “resulta sospechoso comprobar que no hay prácticamente actividad en la obra”. A diario “no están trabajando más de media docena de personas, una situación que contrasta claramente con la frenética actividad laboral que se vive, sin embargo, en las obras de construcción del aparcamiento conjunto”.

Viendo las obras del aparcamiento y el trasiego de camiones, material y obreros que registran esas obras, mucha gente piensa que se está trabajando en el Palacio de Justicia, pero “hay que recordar que aunque se desarrollan sobre el mismo espacio físico, son dos obras que no tienen relación entre ellas, que son ejecutadas por empresas distintas y que tienen presupuestos también distintos”.

“Efecto Panamá”

Por tanto, se ha preguntado “¿a qué responde por tanto esta situación de paralización de las obras del Palacio de Justicia?”. Desde el Partido Riojano, declaró, creemos que estas obras están sufriendo lo que podríamos definir como “el efecto Panamá”. Es decir: parece ser que “la empresa adjudicataria de las obras, la empresa SACYR, está actuando en Logroño de la misma manera que lo está haciendo en las obras del Canal de Panamá”.

El presidente del PR+ ha afirmado que la empresa “ralentiza la ejecución de las obras, como estrategia para presionar al Gobierno con el objetivo de conseguir que el Gobierno de La Rioja apruebe una importante modificación presupuestaria para seguir con la ejecución de las obras”.

Esto pasa además, con un Gobierno que, en esta legislatura, apostó “todo a una sola carta”, puesto que, el Palacio de Justicia, es la única gran obra que espera poder presentar como balance de gestión en la próxima campaña electoral y, claro, si la obra no se ejecuta a tiempo, el Gobierno se pone muy nervioso y lo más fácil es ceder a las presiones de la empresa y aceptar los modificados que ésta le plantee. Pero es evidente que esta “no es una estrategia que únicamente utilice la empresa”.

No es la primera vez que el Partido Riojano critica esta estrategia. Una forma de actuar, continuó, utilizada desde hace años por el Partido Popular con las grandes empresas, sobre todo empresas de la construcción, que son a las que el PP adjudica siempre las grandes obras por presentar ofertas económicas “muy bajas contra las que ninguna empresa local puede competir”.

La oferta siempre se considera la mejor y, al final, el PP acaba adjudicando siempre estas obras a estas grandes empresas que tienen recursos suficientes como para iniciar la obra y, al poco tiempo, cuando se ha ejecutado en torno al 25%, “empiezan a presentar modificados que acaban engordando el presupuesto final de ejecución hasta superar con mucho el presupuesto de licitación”. “En algunos casos pueden llegar incluso a duplicarlo como sucedió, por ejemplo, en el Hospital San Pedro y en tantas otras”, añadió.

El presidente regionalista criticó que “esto es lo que parece que está sucediendo ahora mismo en el Palacio de Justicia. Las obras están prácticamente paradas y, mientras tanto, la empresa SACYR está negociando con el Gobierno de La Rioja los correspondientes modificados que conseguirán finalmente elevar el presupuesto definitivo hasta superar el presupuesto de licitación.”

Para González de Legarra “ésta es la estrategia de estas grandes empresas que tienen en nómina más abogados que albañiles”. Una estrategia con la que “consiguen expulsar de la competición a todas las empresas locales a las que luego pretenden subcontratar por precios ridículos. Tan ridículos que incluso ahora mismo están teniendo dificultades para encontrar en La Rioja empresas que quieran trabajar con ellos”.

“Lo importante -añadió- es trincar el contrato al precio que sea y luego, ya se negociarán las correspondientes modificaciones”. Esto es exactamente lo mismo que está pasando en estos momentos en Panamá con las obras de ampliación del Canal. La diferencia es que allí “han tropezado con un Gobierno que parece que no está dispuesto a pasar por el aro y pagar el tributo de estas grandes empresas, -al menos no a cualquier precio-, y aquí parece que esto es lo habitual y el Gobierno lo asume, sin ninguna dificultad”.

El problema es que este tipo de manejos a los que parece que “el PP está tan acostumbrado, son los que propician luego situaciones confusas en las que las comisiones van y vienen y en las que los sobres, -y no precisamente los de la licitación-, se convierten finalmente en protagonistas.”

González de Legarra insistió en criticar que el Gobierno “está negociando con la empresa SACYR unas modificaciones presupuestarias de la obra del Palacio de Justicia que van a convertir en papel mojado un concurso al que se presentaron muchas empresas, algunas de ellas riojanas, que fueron excluidas porque hicieron ofertas más elevadas que la empresa que resultó ganadora. Lo escandaloso viene ahora, cuando el PP está negociando esas modificaciones que conducirán el resultado final de esta obra hasta un presupuesto mucho más alto que la más alta de las ofertas iniciales”.

Por eso desde el Partido Riojano exigieron “transparencia” al Gobierno de La Rioja, que explique a todos los riojanos “qué es lo que está negociando con SACYR y en qué términos, porque también nos tememos que los acuerdos no solo puedan alcanzar a la ejecución de la obra, sino que también puedan afectar al mantenimiento posterior del edificio”.

Hay que recordar que no solo se adjudicó la construcción del edificio, sino que, en el mismo paquete, también se adjudicó su gestión y mantenimiento durante los primeros años, un proceso que, según recalcó González de Legarra, “podría modificarse ahora y que podría comprometer e hipotecar el futuro de la Justicia riojana.”