El Gobierno responsabiliza al PSOE de la gestión de las listas de espera

El Gobierno de La Rioja ha querido defenderse de las críticas recibidas por su gestión de las listas de espera y el trato que se da a los pacientes que rechazan ser operados en Los Manzanos. Para ello han señalado que la gestión de las listas de espera sigue los criterios establecidos en el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España en 2011 siendo ministra de Sanidad, Leire Pajín.

La política sanitaria del Ejecutivo riojano “siempre ha cumplido estrictamente la legalidad con el fin de ofrecer el mejor servicio posible a los ciudadanos, garantizando una asistencia pública, gratuita y universal”, han señalado.

El Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, establece los criterios para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. En concreto, en el artículo 6, en el apartado 6, se dice lo siguiente:

“La garantía de tiempo máximo de acceso quedará sin efecto cuando el usuario no hubiera optado, en el plazo establecido al efecto, por alguna de las alternativas ofertadas por el Servicio de Salud o hubiera rechazado el centro alternativo ofertado para la realización de la asistencia”.

Se trata, por tanto, de una norma que permanece en vigor desde hace ahora tres años y en este periodo no había sido objeto de controversia.

Por otra parte, el consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, aseguró ayer en su comparecencia ante la Comisión de Salud del Parlamento regional que La Rioja es una de las comunidades autónomas con menor peso en la concertación de servicios sanitarios.

Según los datos facilitados por el gobierno regional, el sistema sanitario concertado practicó 1.456 intervenciones quirúrgicas en 2013, frente a las 24.874 que se llevaron a cabo en los centros públicos de La Rioja. Estas intervenciones fueron derivadas, según su explicación, con el propósito de mantener las demoras quirúrgicas del sistema público de saluda de La Rioja, en la actualidad fijadas en 45 días. Además, aunque no se hayan dado a conocer nunca las cifras, el gobierno estima que el coste de estas intervenciones quirúrgicas es un 20% inferior al que hubieran costado en el sistema público.