El PP pide resolver “las importantes carencias estructurales” de la Justicia riojana

El vicesecretario de Administración Pública del PP de La Rioja, Miguel Sáinz, ha reclamado a Pedro Sánchez y Concha Andreu que asuman su responsabilidad para “resolver importantes carencias estructurales” de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad, como la creación de un nuevo Juzgado de Primera Instancia en Logroño, la inmediata creación de dos nuevas plazas de magistrado para las salas de lo Contencioso y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja“.

“Unos retos pendientes sobre los que parece que no hay voluntad política de avanzar, que contratan con el hecho de que la Justicia riojana presenta unos números sobresalientes, gracias a la enorme labor y al esfuerzo que realizan todos los operadores judiciales en nuestra Comunidad, pero debemos ser exigentes para mejorar y en esa tarea al Gobierno de Andreu ni está ni se le espera”, ha asegurado.

Miguel Sáinz ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que ha analizado la situación de la Administración de Justicia en La Rioja, “una competencia transferida en su momento a un Gobierno Autonómico del Partido Popular y que se caracteriza por un elemento clave como es el de la coordinación y la corresponsabilidad, pero Andreu y el consejero en la materia, Pablo Rubio, están a otra cosa, silentes y escondidos ante los atentados de Sánchez que desmantela la arquitectura del Estado de Derecho”.

“El Gobierno de Andreu recibió una Administración de Justicia moderna y consolidada en nuestra región. El Gobierno del Partido Popular puso a disposición del de Sánchez y Andreu un moderno y eficiente Palacio de Justicia, de presente y futuro, con un módulo destinado a futuras ampliaciones. También reformó las instalaciones de los juzgados de Haro y dejó las instalaciones de los juzgados de Calahorra en un perfecto estado para su uso”, ha recordado.

Del mismo modo, Sáinz ha subrayado que el Gobierno del Partido Popular “creó una serie de elementos de apoyo a la Justicia que ahora son imprescindibles, como la oficina de atención a las víctimas del delito, los puntos de encuentro familiar o el servicio de mediación extrajudicial”.

Tras casi cuatro años de Gobierno socialista, ha calificado como “preocupante” el panorama presente y futuro de la Justicia en nuestra Comunidad. En este sentido, ha recordado “la jornada de huelga de los letrados de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad, que obligó a suspender 150 juicios según los convocantes”. A su vez, ha tachado de “inquietante” el futuro “por el bloqueo de varias leyes para la mejora administrativa y la eficiencia varadas en el Congreso de los Diputados y que no han sido consensuadas con los operadores judiciales”.

Del mismo modo, ha recordado que “Sánchez y también Andreu, corresponsable, tienen el Consejo General del Poder Judicial paralizado, una polémica reciente con el Constitucional por los nombramientos anómalos, una huelga de los letrados de la Administración de Justicia a la puerta de los juzgados y otras reclamaciones en material salarial y organizativa”. “Es preciso devolver la estabilidad y el prestigio a la Justicia en este país y en esta Comunidad, un prestigio que todos los operadores jurídicos merecen y se han ganado a pulso”, ha subrayado.

Sobre el turno de asistencia letrada al detenido para juicios rápidos o violencia doméstica, Sáinz ha reclamado que “se aumente el número de letrados con los que cuenta este servicio, pasando de los dos actuales a cuatro, evitando así esperas y carencias en la atención que se presta en especial a las víctimas de la violencia de género, tal y como reclama el Colegio de Abogados”.

El vicesecretario de Administración Pública del PP de La Rioja también ha puesto el foco en la situación por la que atraviesa la Justicia en Calahorra tras los incendios en el edificio judicial de la localidad: “Pasados unos meses, la solución arbitrada por el Ministerio y el Gobierno de Andreu para dar continuidad a este servicio en el edificio situado en la Plaza de Europa genera muchas dudas”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo “los inconvenientes que supone que víctimas y detenidos compartan dependencias”. “Es hora de que se arbitren soluciones para evitarlo y resolver esta provisionalidad agilizando una solución definitiva, buscando otro emplazamiento de futuro o ampliando el ya existente”, ha apuntado.