“Espionaje” y “cacería al disidente”: un sindicato policial acusa a la Jefatura y al Ayuntamiento de Calahorra de controlar sus chats laborales

“Espionaje” y “cacería al disidente”. Son términos empleados por el Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios (SRPF) para describir la situación que están viviendo los agentes de la Policía Local de Calahorra. No hablan de hechos aislados sino de una “dinámica que está deteriorando el clima de confianza entre la plantilla, la Jefatura y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Calahorra”.

36 agentes forman parte de un chat laboral

Desde la formación sindical explican que unos 36 agentes de la Policía Local de Calahorra “forman parte, de forma voluntaria, de un grupo de mensajería administrado por los delegados de personal del sindicato, miembros de la Junta de Personal, en el que se intercambia información relacionada con las condiciones de trabajo y otros asuntos propios de la representación de los trabajadores”. Entienden este grupo como “un canal de comunicación estrictamente laboral en el que no se comparte información reservada ni documentación confidencial”.

Sin embargo, aseguran que han podido constatar, hasta en tres ocasiones, que comentarios e informaciones que se han compartido “exclusivamente” en ese grupo han llegado hasta los responsables de la Jefatura de la Policía Local y de la Concejalía competente. “Los responsables de la Jefatura y de la Concejalía no solo solicitaron explicaciones sobre determinados comentarios vertidos en el grupo, sino que también requirieron que algunos de ellos fueran rectificados o reformulados en ese mismo canal de comunicación”.

Unos hechos que preocupan a la plantilla de la Policía Local de Calahorra que se siente “espiada porque las comunicaciones mantenidas en un espacio de naturaleza sindical y laboral dejan de serlo y se convierten en una cacería al disidente” lo que está generando un clima de desconfianza por lo que advierten de que “un entorno basado en la sospecha no favorece ni el diálogo social ni la resolución de los conflictos laborales”.

Asimismo, relatan que el Ayuntamiento de Calahorra les amenaza asegurando que conoce hechos o situaciones que podrían ser investigadas. Y desde el sindicato les recuerdan, tanto al Consistorio como a la Jefatura, que “si existen indicios de conducta susceptibles de investigación, el cauce adecuado es el previsto por el ordenamiento jurídico que además respeta plenamente las garantías de los empleados públicos, no generando este clima de incertidumbre y desconfianza”.

Por todo ello, SRPF pide que se restablezcan “unas relaciones laborales basadas en el respeto mutuo, la buena fe y la lealtad institucional, condiciones imprescindibles para garantizar un servicio público eficaz y preservar los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras”.