González Laya asegura que la entrada de Ghali fue legal y se acoge al secreto del Consejo de Ministros

La exministra Arancha González Laya se ha amparado este lunes en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15 de octubre de 2010, sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales para evitar señalar a otros miembros del Gobierno en el proceso por el que se autorizó la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han asegurado a Europa Press que la extitular de Exteriores ha rechazado responder al magistrado Rafael Lasala sobre quién o quiénes acordaron la entrada de Ghali el pasado 18 de abril en la Base Aérea de Zaragoza y ha optado por ampararse en el mencionado acuerdo del Consejo de Ministros.

En el marco del interrogatorio, González Laya ha confirmado que al líder polisario no se le identificó a su llegada a territorio español. Según han precisado fuentes de la causa, la exministra ha asegurado que no se le requirió documentación alguna en respeto al principio diplomático de confianza mutua entre países, en referencia específica a Argelia.

Las mismas fuentes han asegurado que González Laya ha confirmado al titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza que “se autorizó” la entrada de Ghali por razones humanitarias tras recibir una llamada de las autoridades de Argel.

Preguntada por quién fue la autoridad que llamó a España para acordar la llegada del líder polisario, la exministra se ha amparado nuevamente el acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 sobre secretos oficiales, aunque bien podría haberse acogido a su derecho como investigada a no responder.

González Laya ha contestado a las preguntas del juez y de su defensa tras negarse a ser interrogada por la acusación particular --ejercida por el abogado Antonio Urdiales-- y por el letrado de los denunciantes --Juan Carlos Navarro--. La Abogacía del Estado, en representación de la exministra y del exjefe de gabinete de Exteriores, ya ha reclamado en dos ocasiones que se aparte a ambos letrados del procedimiento. El juez desestimó la petición en la primera ocasión y está pendiente de que se pronuncie sobre la segunda solicitud.

Fuentes presentes en el interrogatorio han asegurado que la exministra, en todo momento, ha defendido que la entrada de Ghali “se ha hecho conforme a la Ley”.

Tras prestar declaración durante casi una hora, González Laya ha indicado a los medios de comunicación que su intención es “aportar todas las explicaciones que puedan ayudar” al juez y ha insistido en la premisa que ha mantenido dentro del juzgado: “La entrada --de Ghali-- se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la Ley”.

La exministra acudió presencialmente a la Ciudad de la Justicia en Zaragoza después de que el juez desestimara la solicitud de la Abogacía del Estado para comparecer vía videoconferencia. El magistrado consideró que la petición se basaba en una “alusión genérica a los compromisos profesionales” de la exministra “sin una mínima acreditación”, según consta en el auto de 29 de septiembre al que tuvo acceso Europa Press.

La citación tuvo lugar a raíz de la solicitud realizada el pasado 14 de septiembre por las acusaciones después de escuchar la declaración de quien fuera su jefe de gabinete en Exteriores, quien aseguró en sede judicial que la exministra tenía conocimiento de la llegada de Ghali.

Este mismo lunes, a las 12:30 horas, ha declarado ante el juez y en calidad de testigo el ex secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores José María Muriel Palomino. Fuentes jurídicas han indicado que no ha aportado mayor información a la causa tras asegurar que no se encontraba trabajando al momento de la entrada de Ghali.

Está previsto que el próximo 18 de octubre declaren en calidad de testigos la exjefa de gabinete de Carmen Calvo cuando era vicepresidenta primera del Gobierno, y la directora actual de gabinete del Ministerio del Interior.

Las acusaciones han pedido también que se cite a los delegados del Gobierno en La Rioja y Aragón después de que se aportara a la causa un informe policial con las declaraciones --en calidad de testigos-- del coordinador de trasplantes y cuidados críticos del Hospital San Pedro de Logroño y del gerente del centro. El primero aseguró que le pidieron “una cama UCI para un paciente covid” que venía del “extranjero” dos días antes de la llegada de Ghali; y el segundo aseguró que la petición fue realizada por el jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja.

Entrada y salida de Ghali

Recientemente, y en el marco de las pesquisas, el instructor ordenó a la oficina Sirene España que informase si cualquiera de los Estados miembros de la zona Schengen habían librado orden europea de detención o de “mera localización a fin de comparecer ante una autoridad judicial” sobre Brahim Ghali a la fecha en la que entró al territorio español. En el juzgado aún están pendientes de recibir respuesta.

El líder del Frente Polisario llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño y fue ingresado en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche.

La madrugada del 2 de junio salió de España rumbo a Argelia, después de comparecer ante el juez Santiago Pedraz por varias querellas presentadas en su contra por presuntas violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. El instructor de la Audiencia Nacional no dictó ninguna medida cautelar al no ver indicios de delito que apuntaran a Ghali.