A juicio un clan de Varea que usaba el piso de una vecina fallecida para esconder droga y una pistola

El Ministerio Fiscal solicita un total de 36 años de prisión -9 años cada uno- para cuatro acusados de hasta cuatro delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico e integración en grupo criminal para cometer un delito grave. El juicio por estos hechos está previsto que se celebre los próximos días 26, martes, y 27, miércoles, a partir de las 10 horas, en la Audiencia Provincial de Logroño.

De acuerdo con los hechos del escrito, la acusación se dirige contra los cuatro acusados que “desde su domicilio en el barrio de Varea de Logroño, han suministrado, indistintamente, heroína y cocaína a distintas personas”. Se indica, en concreto, que “la Policía, en distintos días y horas -todas ellas, entre los meses de mayo, junio y julio de 2019-, realizó vigilancias sobre el inmueble de la calle Calahorra” donde residían los acusados.

En estos seguimientos -hasta en una decena de ocasiones- se comprobó que personas, en varios casos el mismo individuo, entraban en el inmueble vigilado, y, tras salir de él, se les iba incautando diferentes cantidades de droga, sobre todo heroína, que se ha valorado por las autoridades en casi 458 euros.

A ello se suma que, al lado de la vivienda donde vivían los acusados, en el mismo rellano, se localiza un piso deshabitado desde el fallecimiento de su propietaria, cuya nieta y heredera autoriza a la Policía la entrada y registro del inmueble, que se llevó a cabo el día 25 de julio de 2019. El escrito indica que “este piso era utilizado por los acusados para esconder efectos que utilizaban para el tráfico al que se dedicaban y que fueron localizados en el registro”.

Armas y droga escondidos en el piso deshabitado

En concreto, cita “en el salón, debajo de un sillón, se encuentra un calcetín conteniendo un arma corta, de la marca ”Star“, con su cargador con siete cartuchos en su interior, y siete cartuchos más, fuera del cargador”. Igualmente, “debajo del cojín del mismo sillón, se localizaron tres bolsas de plástico, que conteníam tres envoltorios de plástico, con un peso bruto de 27,2 gramos, 26,4 gramos, y 26,8 gramos, de cocaína, en la primera”.

En otra bolsa de plástico, “con la inscripción ”200“, un envoltorio de plástico cerrado con alambre verde con 23,6 gramos de peso bruto de cocaína”. Y en una tercera bolsa de auto-cierre, aparecen tres envoltorios conteniendo 28 gramos, 50,1 gramos, y 51,7 gramos, de heroína, todo ello acompañado de recortes de plásticos negros“.

La sustancia intervenida resultó ser 94,36 gramos de peso neto de cocaína, con una pureza del 55,4 %, valorada en 6.802,97 euros; 124,75 gramos de peso neto de heroína, con una pureza del 23,4 %, por valor de 13.381,79 euros, de manera que, en total el valor asciende a 20.184,76 euros.

La pistola “Star”, y los 14 cartuchos del calibre 7,65 aptos para el uso con esa pistola, “se encontraban en perfecto estado de funcionamiento, careciendo los acusados de licencia, y guía de pertenencia”.

Además, “en el domicilio de los acusados se había realizado el corte de suministro de energía eléctrica, por falta de pago, el día 4 de agosto de 2018”, pese a lo cual, “girada visita el día 29 de julio de 2019, por el técnico correspondiente de Iberdrola, se pudo comprobar que el inmueble tenía electricidad, como consecuencia de que los acusados habían realizado el enganche directo al contador”, con un importe defraudado que asciende a 1.489,75 euros.

Para la acusación, todos estos hechos relatados constituyen un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud; un delito de tenencia ilícita de armas; un delito de defraudación de fluido eléctrico; y un delito de integración en grupo criminal para la comisión de un delito grave contra la salud pública, con el auxilio de armas de fuego.

De todos ellos se consideran autores a los acusados, sin que concurran en ellos circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Así, se considera que se deben imponer “a cada uno de los acusados”, por el delito contra la salud pública, 5 años de prisión, más una multa de 22.000 euros; por el de tenencia ilícita de armas, dos años de prisión; por el fraude en la electricidad, 6 meses de multa, con una cuota diaria de 8 euros -algo más de 1.400 euros-; y por el delito de pertenencia a grupo criminal, dos años de prisión.