La Abogacía del Estado estimó lagunas contables en las cuentas de La Rioja durante 2004 y 2005

No cuadraban las cuentas de los Ejercicios 2004 y 2005 de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas “estira de las orejas” a nuestro Gobierno autonómico. En noviembre del año pasado, el tribunal dependiente del Ministerio Fiscal emitía su informe anual en el que ponía el acento en las subvenciones públicas del Gobierno de La Rioja

Las recomendaciones del Tribunal aconsejaban una revisión en las inversiones societarias con dinero público y recomendaba mayor claridad en los criterios de adjudicación de los contratos destinados a empresas privadas.

Pues bien, según los informes remitidos a la Sección de la Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los Ejercicios 2004 y 2005 a los que ha tenido acceso Rioja2.com, el Ministerio público habría apreciado indicios de responsabilidad contable en actuaciones presupuestarias y gubernativas como, por ejemplo, la Fundación Hospital de Calahorra.

En el ejercicio 2004, la Fundación había recibido una subvención de explotación por la Comunidad Autónoma por un importe de 22.089.000 de euros, “cantidad inferior al reconocido por la administración de dicha Comunidad, que registró un importe de 22.408.000 euros” según reza en el informe y que no habría podido ser aclarada en el Fiscalización. De hecho, esta subvención no estaba recogida en el Informe elaborado por la Fundación.

El Tribunal de Cuentas también hace mención al contrato del Centro Tecnológico del Calzado de Arnedo y a la modificación del contrato por un importe de 1.030.875 euros que se produjo en junio de 2006. Según el informe, dicha modificación estuvo motivada por la repercusión del plazo de ejecución ofrecido por el adjudicatario en el coste económico de las obras y que, según la justificación oficial, ese plazo había condicionado las condiciones en las que se produce la subcontratación y la ejecución. El informe apunta a que es inadmisible esta situación ya que el propio contratista resultó elegido por su oferta, en la que se reducía el plazo, pues el expediente de contratación se tramitó de urgencia y el contrato se adjudicó mediante concurso porque el licitador ofreció una importante reducción en el plazo de ejecución.

El informe también menciona la falta de justificación del exceso de más de 300.000 euros pagados por el contrato de servicio de retirada de animales muertos en explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma de La Rioja así como la no justificación de otro exceso presupuestario, el del contrato de asistencia a la dirección técnica de las obras del Complejo Tecnológico de La Fombera, un exceso de 196.611 euros.

Por todo ello, el Fiscal envío a la Abogacía del Estado, el informe para su enjuiciamiento y para establecer las posibles responsabilidades contables de estos hechos.

CONCLUSIONES DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

De esta manera, el Abogado Jefe del Estado, Doña Catalina Miñarro, mostró su conformidad con los expuesto por el Tribunal de Cuentas, estableciendo que en materia de subvenciones, existe una disconformidad entre las facturas presentadas y la relación de gastos “lo que podría implicar que algunos de estos no estuvieran debidamente justificados y, en ese caso, cabría considerar una posible responsabilidad contable”.

En segundo lugar, establece que existen pagos superiores a los pactados en contratos de servicios y de consultoría públicos, “en el caso de que no exista causa que lo justifique” y, por último, también podría existir responsabilidad contable en la ejecución de los contratos de suministro porque se destaca la ausencia de correlación entre facturas y actas de recepción.