La FEMP se reúne para debatir una nueva ley de gobierno local

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, participará hoy en la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias [FEMP] para explicar los detalles del nuevo fondo estatal de inversión local y la nueva ley de Gobierno local. La FEMP también tiene previsto abordar en este encuentro el informe de sus servicios jurídicos sobre las normas de empadronamiento.

Zarrías acudirá a la reunión para exponer ante los representantes municipales las peculiaridades del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones de euros. Los ayuntamientos tienen de plazo hasta el próximo 4 de febrero para presentar sus proyectos con cargo al fondo.

El secretario de Estado también detallará los trabajos en marcha para aprobar la nueva ley de Gobierno local. El Ministerio presidido por Manuel Chaves trabaja con la previsión de que esta nueva ley llegue al Parlamento durante el primer trimestre de este año y se apruebe antes de que finalice el periodo de sesiones.

La Comisión Ejecutiva de la FEMP también verá el informe redactado por sus servicios jurídicos sobre las normas de empadronamiento, reclamado por su presidente, Pedro Castro, tras las limitaciones puestas a los inmigrantes en algunos municipios como Vic (Barcelona) o Torrejón de Ardoz (Madrid).

El informe establece que el padrón de habitantes debe ser “un reflejo de la realidad” de un municipio, por lo que debe incluir a todos los ciudadanos que residan habitualmente en él con independencia de su situación legal.

Este informe deja claro que, respecto a los extranjeros, su inscripción en el padrón “no constituye prueba de su residencia legal en España ni les atribuye ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España”.

Por ello, insiste en que el padrón debe ser “un reflejo de la realidad” y en él deben estar inscritas todas las personas que residan habitualmente en un municipio, “con independencia de la calificación jurídica que merezca esa residencia”. “Es decir, si la residencia es legal o ilegal y del derecho que tenga o deje de tener para ocupar el domicilio en el que viva”, aclara.