La FER reclama “garantías de rentabilidad de las inversiones privadas en energías limpias que fijó el Gobierno en 2007”

La Federación de Empresarios de La Rioja reclama “que se garantice la rentabilidad de las inversiones privadas en energías limpias que el Gobierno fijó en 2007”, según una nota de prensa enviada por la entidad.

Los nuevos decretos de 2010, sobre energía solar fotovoltaica “dan vuelta atrás y perjudican la apuesta de unas 700 pymes y autónomos riojanos y les ocasiona cuantiosos daños económicos, perjudicando la viabilidad de las instalaciones”.

Se trata, dicen desde la FER “de un perjuicio económico difícil de cuantificar pero muy elevado”. Y han añadido que “cientos de pymes y autónomos riojanos desarrollaron en 2007 inversiones millonarias en instalaciones para la producción de energía limpia, fundamentalmente energía solar fotovoltaica, que recogía primas y precios muy interesantes para los inversores a raíz del real decreto 661/2007”.

La normativa promulgada por el Gobierno de España “aseguraba el pago de la energía generado por estas instalaciones a un precio prefijado durante toda la vida útil de la planta”, han añadido.

Cientos de pequeños inversores privados, pymes y autónomos, “unos 700 según estimaciones propias, se lanzaron a realizar instalaciones de producción de energía limpia, una de las apuestas más competitivas fomentadas desde el Gobierno”.

De esta manera, han dicho “se llevaron a cabo plantas, paneles solares, huertos solares y otro tipo de inversiones relacionadas con la energía solar fotovoltaica, que significaron un coste muy sobresaliente. Las pymes riojanas acometieron este coste bajo el paraguas de esta normativa y con el objetivo de obtener una rentabilidad”.

El fundamento del Gobierno era “lograr que España fuera un país que evolucionara hacia una independencia energética, luchara contra el cambio climático y tuviera a su disposición una herramienta útil y eficaz para el desarrollo de una economía sostenible, uno de los pilares de la política económica del Gobierno de España”.

Muchos de los proyectos se financiaron “bajo fórmulas que implica que los impagos suponen el embargo inmediato. Existe un riesgo de que finalmente las instalaciones fotovoltaicas pasen a manos de las entidades financieras, que se las quedarán en propiedad sin posibilidades de rentabilizarlas en el mercado”, ha dicho la FER.

Apenas cuatro años después, el mismo Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero “da marcha atrás y aprueba una nueva normativa legal que da freno a esta política y convierte en papel mojado todo lo reglamentado en 2007, obstruyendo y penalizando el desarrollo de la energía renovable y dañando seriamente las inversiones privadas que se efectuaron y creando un verdadero deterioro económico a las empresas, al haber cambiado las reglas del juego”.

Las pymes y los autónomos ha criticado la FER, “se encuentran ahora mismo en una clara situación de inseguridad jurídica, maniatadas y amordazadas por estas inversiones que dejan de tener sentido y que están ocasionando un coste económico que va a poner en peligro su propia supervivencia y la de sus trabajadores”.

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER), la Asociación de Empresas Instaladoras de Electricidad, Telecomunicaciones y Energías Renovables (AIER) y el propio Grupo de Trabajo de Energías Renovables constituido en el seno de la FER, “vamos a iniciar una campaña de denuncia de esta situación y celebrará reuniones con las administraciones públicas y las formaciones políticas, con el objetivo de que se restituya la situación de 2007, se respeten las condiciones económicas de estas inversiones desarrolladas desde 2007 o se estudian las fórmulas económicas necesarias para la compensación económica por los daños ocasionados en las inversiones”.

La FER también insta al Gobierno de La Rioja “para que lo antes posible adopte un compromiso y recurra ante los tribunales de justicia los nuevos decretos de 2010 del Gobierno de España que están produciendo un importante deterioro económico para los inversores riojanos y sus correspondientes instalaciones”.

La FER y la AIER esperan que “se eliminen los nuevos decretos que dejan en una absoluta indefensión a los inversores privados, se estudien las posibilidades para lograr la viabilidad de las plantas ejecutadas y en funcionamiento y se avance de nuevo en un sistema de fijación de precios de la energía que no penalice los niveles de producción de energía limpia”.