La Rioja y Cantabria abogan por el coste fijo de los servicios en la financiación autonómica

Los gobiernos de las Comunidades Autónomas de La Rioja y Cantabria han concretado en un documento común los principios básicos que, a su juicio, deberían guiar la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. En una reunión bilateral, celebrada hoy en Santander entre los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas, ambas autonomías se reafirman en incorporar el coste fijo de los servicios públicos en el reparto de los fondos del Estado a las comunidades.

El documento suscrito por ambas autonomías será remitido al Gobierno de España y contiene seis puntos que pretenden orientar una negociación basada en los principios constitucionales de la igualdad y la solidaridad, que sea además satisfactoria para el conjunto de las comunidades autónomas.

En su contenido, el acuerdo se centra en asuntos clave como el mantenimiento del Status Quo, el reconocimiento de los costes fijos en la prestación de los servicios, el respeto al principio de lealtad institucional y al principio de suficiencia financiera, la potenciación de los mecanismos de solidaridad así como garantizar una adecuada financiación del Fondo de Compensación interterritorial.

En este encuentro, han participado por parte del Gobierno de La Rioja, la consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui, y el consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez. Por parte del Gobierno de Cantabria han participado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, y de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra.

En una comparecencia conjunta, celebrada al término de la reunión, la consejera de Presidencia riojana ha valorado la reunión como “muy fructífera” ya que “ha permitido ampliar y fortalecer el marco de relaciones institucionales” e “identificar los factores y variables territoriales y socioeconómicos que son comunes y compartidos”. “Una reunión que ha permitido hacer más fuerte la voz de los riojanos y los cántabros en la negociación sobre financiación autonómica”, ha expresado Martínez Arregui.

La consejera de Presidencia de La Rioja también ha aludido a la estrecha relación que a su juicio debe tener la negociación multilateral sobre financiación autonómica y la realidad demográfica de España. Para ello, ha abogado por “incluir los costes fijos de los servicios públicos y poner sobre la mesa los factores demográficos, como la dispersión territorial, la superficie o el envejecimiento de la población”.

Sobre el envejecimiento de la población, Martínez Arregui ha explicado que el Gobierno de La Rioja defiende que debe existir una segmentación de la población en función de diferentes rangos de edad, “puesto que a mayor edad de la población mayores servicios demanda”. Además, respecto al criterio de dispersión territorial, ha señalado que “se trata de un aspecto importante para La Rioja, ya que nuestra población además de estar envejecida está dispersa y hay mucha distancia entre los ciudadanos y los núcleos centrales de prestación de los servicios”.

Por su parte, el consejero de Administración Pública y Hacienda riojano ha analizado en su intervención otros aspectos del acuerdo bilateral suscrito. Alfonso Domínguez ha destacado que para La Rioja resulta “prioritario” contar con un nuevo sistema dotado de más recursos que el actual y que respete la cláusula de statu quo. En este sentido, se ha referido al voto particular, que se recoge en el documento elaborado por el grupo de expertos para la reforma del sistema de financiación, emitido por La Rioja y Cantabria, además de Extremadura, Aragón, Castilla y León y uno de los expertos designados por el Estado.

Asimismo, ha incidido en la importancia de que se tenga en cuenta la variable de los costes fijos en el criterio de población ajustada. “Lo hemos dicho en multitud de ocasiones, prestar servicios públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja es más caro que prestar servicios públicos en otras comunidades autónomas porque somos menos habitantes y estamos más dispersos en el territorio”.

Respecto al resto de aspectos tratados en el acuerdo, Domínguez ha subrayado la importancia de garantizar los principios de lealtad institucional y suficiencia financiera, así como de que las comunidades de régimen foral participen en los mecanismos de solidaridad.

En la misma línea, el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Rafael de la Sierra, ha destacado la importancia de “sumar fuerzas” entre comunidades y abordar así “problemas comunes que afectan a todas”, como la baja densidad demográfica, la dispersión de la población o el elevado índice de envejecimiento“. Por eso, al igual que en el último encuentro de la Conferencia de Presidentes, Cantabria ha defendido hoy un sistema ”justo y solidario“ de financiación autonómica, que garantice la prestación de los servicios en los diferentes territorios.

Finalmente, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo cántabro, Juan José Sota, ha defendido que el nuevo sistema debe partir de los costes reales de unos servicios que en el caso de Cantabria y La Rioja “son más costosos”. Para argumentarlo, ha apuntado que en el año 2002, cuando ya se habían transferido los grandes servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales), el índice de financiación efectiva a competencias homogéneas, por habitante ajustado, de Cantabria era del 118,4 por ciento, el mayor tras el de La Rioja. “Eso no es un privilegio, simplemente es la realidad de la que partimos”, ha concluido.