Olano renuncia a su defensa en un desafío al Tribunal

Los responsables nacionales y territoriales de Gestoras Pro Amnistía denunciaron ante el tribunal de la Audiencia Nacional que les juzga por un delito de integración en organización terrorista que el juicio es “una farsa”, al tiempo que se mostraron “orgullosos” por las labores que desarrollaban en esta asociación, en la que participaban, según señaló el responsable guipuzcoano Aratz Estomba, “obligados por la dignidad”.

Al igual que el histórico dirigente de la organización Juan María Olano, que renunció a su defensa al “no esperar justicia” por parte de la Audiencia Nacional, el resto de responsables nacionales y territoriales de la organización ilegalizada se negaron a responder a las preguntas del fiscal Carlos Bautista y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y denunciaron, a instancias de sus abogados, la “represión” que, a su juicio, sufren los presos de la banda.

El segundo en tomar la palabra, tras Olano, fue el también responsable nacional Julen Zelarain, quien dijo sentirse “orgulloso” de la actividad que ha desarrollado en Gestoras Pro Amnistía porque, según apuntó, es la representación de “la solidaridad con mayúsculas”. De la misma forma, denunció que el tribunal “no es imparcial” y que “la sentencia y el castigo están escritos”,

Zelarain reivindicó el “estatus político” de los presos de ETA y señaló que el ex presidente del Gobierno Felipe González asumió esta misma tesis “cuando dijo que los presos políticos eran una cuestión de Estado”. “Por desgracia ese carácter se plasma de una manera represiva”, apostilló.

En otro punto de su proclama, denunció que a los “presos políticos vascos” se les impone una política penitenciaria “que se basa en el sufrimiento humano” y que se les somete a “medidas de excepción y sufrimiento físico y psíquico” con el único objetivo de “lograr su reinserción política mediante la violencia”. A ello añadió que la actuación de los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria consiste en aplicar “una doctrina nueva que supone encarcelamientos de por vida”.

MOVIMIENTO “ARRAIGADO” EN EL PAÍS VASCO

El también responsable nacional de la organización que prestaba apoyo a los presos de ETA Aitor Ángel Jugo señaló, por su parte, que no confía en las “garantías” de este procedimiento porque, según indicó, “no reúne las garantías jurídicas ni tiene respeto a los derechos de los procesados”.

En la misma línea, los responsables de Vizcaya Jagoba Terrones y Julen Larrinaga defendieron que el Movimiento Pro Amnistía está “muy arraigado” en el País Vasco y denunciaron la “represión” y la “dispersión” que, a su entender, sufren los presos de la banda terrorista. “Hay un auténtico 'apartheid' penitenciario”, apuntó Larrinaga, uno de los pocos acusados que utilizó el castellano para dirigirse al tribunal.

Preguntado por el proyecto 'txapela metálica', al que las acusaciones vinculan con Gestoras Pro Amnistía y otras organizaciones de la izquierda 'abertzale', Larrinaga explicó que tenía como objetivo “buscar una salida al conflicto y transmitir idea de que la represión no es la solución a ningún conflicto político en el mundo”. “El problema es la lilegalidad de la represión”, defendió.

Mientras tanto, el responsable guipuzcoano Aratz Estomba y el alavés Iker Zubía denunciaron la existencia de “7.000 casos de tortura en Euskal Herría” e insistieron en que la Audiencia Nacional es “una herramienta represiva” del Estado. “Denunciar la tortura no es un delito”, reclamó Zubía. Su compañera Ainhoa Irastorza reclamó “una resolución verdadera del conflicto”.