Próxima investidura y petición de extradición

Seguramente, las últimas horas que ha vivido el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, han sido de auténtico nerviosismo. Por un lado, el líder del Partido de la U se ha enfrentado a los preparativos del acto de investidura que se celebra el próximo sábado 7 de agosto en la capital colombiana.

La ciudad de Bogotá se está blindando

ante las recientes amenazas que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han realizado con la intención de boicotear el acto.

Según informó este martes el director de Seguridad Ciudadana de la Policía capitalina, Orlando Páez Barón, durante toda esta semana estará vigente el estado de acuartelamiento de primer grado para todas las fuerzas de seguridad, lo que significa que tanto la Policía Nacional como el Ejército deberán estar disponibles las 24 horas del día para prevenir ataques terroristas.

“Todo el personal de la Institución debe estar comprometido en ofrecer la seguridad y la protección de los colombianos

en esta semana y especialmente en los días previos de la posesión del señor presidente de la república“, dijo Páez Barón en declaraciones recogidas por Colprensa.

En total, unos 350.000 efectivos, apoyados por agentes de las escuelas de formación, se ocuparán de garantizar la seguridad de los ciudadanos capitalinos a través del control de los accesos a Bogotá. “La ciudad tiene un blindaje especial, sus seis vías de entrada y salida están monitoreadas por la Policía”, agregó el director.

Además, las autoridades del estado de Cundinamarca, donde se encuentra Bogotá, ordenaron restringir la validez de los salvoconductos, las licencias y los permisos para la tenencia de armas de fuego hasta el próximo 11 de agosto, según publicó el diario El Espectador.

Estas medidas se intensificarán según avance la semana,

especialmente el sábado 7 de agosto, día de la investidura, cuando el espacio aéreo de la urbe permanecerá cerrado para evitar que los grupos armados que operan en el país puedan atacar a los mandatarios reunidos en dicha ceremonia.

Así, el todavía ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, aseguró que el acto transcurrirá en calma después de que la Policía se incautara de armas y explosivos pertenecientes al bloque oriental de las FARC con las que pretendía boicotear el acto.

“Tenemos un plan de prevención que viene desarrollándose desde hace varios meses,

que nos da la tranquilidad de que estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de amenaza del narcoterrorismo“, dijo Silva al tiempo que destacó la ”debilidad“ actual de estos grupos.

Pero esto no es lo único que preocupa a Juan Manuel Santos.

Por otro lado, el presidente electo de Colombia se enfrenta a la solicitud de extradición que un fiscal de Ecuador ha emitido en su contra, al ser acusado de asesinato por la operación militar que llevó a cabo el Ejército colombiano en territorio ecuatoriano en marzo del 2008.

El Tribunal de Sucumbíos mantiene vigente la orden de prisión contra Santos, quien asumirá la presidencia de Colombia el 7 de agosto, por lo que se efectuó la correspondiente solicitud de extradición.

“Ya estaba pedida desde hace tiempo. Se le comunicó al juez”

, declaró a Reuters el fiscal Carlos Jiménez, quien actúa como parte acusadora en el juicio contra Santos.

El mandatario electo de Colombia tiene una orden de prisión en Ecuador como autor intelectual de una incursión en la selva ecuatoriana para destruir un campamento de las FARC, en la que murió el líder guerrillero Raúl Reyes. Santos era por aquel entonces ministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe.

La solicitud de extradición se ha presentado al juez que ha asumido el caso en la provincia amazónica de Sucumbíos. El juez ha señalado, según un medio local, que no se ha recibido la petición de extradición.

De acuerdo a las normas ecuatorianas, el juez que lleva el proceso contra Santos debe entregar la solicitud a la Corte Nacional de Justicia del país para que determine si es viable o no la extradición de Santos. El titular de la Corte Nacional, José Troya, aseguró el lunes en una entrevista con el diario El Comercio que no había ningún pedido oficial respecto a una posible extradición.

Tras la incursión militar en marzo de 2008, Ecuador y Colombia rompieron relaciones diplomáticas. Ambos países se encuentran en un proceso de restablecimiento de sus vínculos formales y han avanzado con la designación de encargados de negocios para cada nación.

Sin embargo, varios hechos recientes han empañado los avances

entre ambas naciones. Hace algunas semanas, el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia (DAS) acusó de espionaje al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y a sus colaboradores. El mandatario advirtió de que volvería a romper relaciones en caso de que se investigasen estas acusaciones.