UPyD La Rioja valora negativamente las actuaciones sobre la fiscalidad local

UPyD La Rioja estima que las “medidas extraordinarias para la reducción del déficit público ” en lo referente a la financiación de los ayuntamientos que, se suponía, entraban en vigor el día 25 de mayo tras su publicación en el BOE habrían precisado de algunas matizaciones para ser las acertadas. Que, de acuerdo con la política de improvisación de este gobierno, salga una rectificación del art. 14 Dos modificando la entrada en vigor de esta medida hasta el 1 de Enero de 2011 no es más que otro desatino del gobierno central. Modificación que, además, prácticamente no soluciona esta injusta medida para con los Ayuntamientos.

En primer lugar el gobierno debería haber realizado una distinción clara entre aquellos ayuntamientos que no están endeudados o lo están dentro de unos parámetros razonables siempre según la ley de presupuestos; y aquellos que se han comportado irresponsablemente y tienen índices de deuda realmente excesivos.

En segundo lugar, y más importante, se debería haber gestado una ley de financiación local adecuada al mismo tiempo que la ley de financiación autonómica que hubiera evitado la actual situación de carencia económica para los ayuntamientos.

El Real Decreto que desarrolla estas medidas, en su artículo 14, afecta de manera sorprendente y directa a la financiación de los ayuntamientos. Les impide sustituir total o parcialmente operaciones de crédito preexistentes, a excepción de aquellas que resulten beneficiosas para el Ayuntamiento en términos financieros. Es decir, aquellas que permitan a los consistorios reducir su deuda, el plazo de amortización de los préstamos, o ambos. Los ayuntamientos y sus entidades dependientes, no van a poder pedir créditos, ni públicos ni privados, a largo plazo hasta el 31 de diciembre de 2011. Y las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de tesorería deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.

Con el ejemplo de Logroño esto se comprenderá. Logroño tiene actualmente una deuda de 62 millones de € para unos ingresos corrientes anuales de 130 millones de €. Es decir que si venciera toda la deuda hoy mismo la podríamos pagar dos veces. Pero resulta que los 130 millones de € ya están comprometidos en pagar al personal, luz, y demás gastos corrientes, por lo sólo podemos pagar un 10% de esa deuda cada año. Aumentarla sería un riesgo muy grande para las arcas municipales. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Logroño está legalmente en los parámetros de ciudad poco endeudada, pero económicamente es una caldera a punto de reventar.

Con este decreto se pretende que los ayuntamientos no se endeuden más, y esto es saludable para la maltrecha economía. Pero para un Ayuntamiento como el de Logroño, atrasa en el tiempo inversiones como las del Centro de Cultura del Rioja o e incluso se podrían paralizar algunas tan meneadas por el PP y PSOE como las fases II y III del soterramiento, que todavía están en fase embrionaria. Y lo que es más preocupante, como no hay créditos a largo plazo, van a vender suelo para financiar estas obras, con la consecuente especulación que esto puede llevar. Y todo por no tener una Ley nueva de Financiación de los Ayuntamientos, que les diera autonomía financiera para gastar según sus competencias y corresponsabilidad fiscal.