A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le preocupa el escándalo de los audios del hospital de Torrejón (de gestión privada, pero que da servicio público) en los que un directivo insta a priorizar el beneficio económico de Ribera Salud frente a las listas de espera. Para saber que la sanidad es un tema capital y político en la Comunidad de Madrid no hay más que echar la vista atrás, cuando las mareas blancas –formadas por médicos, sanitarios y una movilización histórica de ciudadanos– lograron paralizar en 2012 las privatizaciones que había previsto el sucesor de Esperanza Aguirre o cómo estas protestas sanitarias erosionaron las intenciones de voto en los años de los recortes públicos tras la crisis de 2007. La propia Ayuso ha vivido cómo la sanidad puede ser un gatillo que desate el malestar: en 2022, cuando cerró las urgencias de la atención primaria, las protestas de madrileños superaron todas las previsiones en las calles.
La estrategia del núcleo duro de Ayuso es frenar un posible contagio desde el hospital de Torrejón a otros hospitales privatizados, evitar que sanitarios y gestores puedan filtrar información de Ribera u otras empresas concesionarias como Quirón, cortar de raíz el cuestionamiento de un modelo que inauguró Aguirre en 2003 con los primeros hospitales de la historia de Madrid levantados por constructoras y con servicios privatizados como lavandería o cafeterías. A partir de 2007, el modelo viró hacia servicios médicos en hospitales totalmente privatizados, desde el mostrador de atención hasta los cirujanos. Ayuso ha avanzado en ese modelo, poniendo también en manos de empresas laboratorios, la gestión de historiales clínicos u otros servicios dentro de hospitales públicos. La operación que se ha puesto en marcha en el Gobierno regional es frenar las críticas y, sobre todo, evitar que se expandan hacia lo medular: un modelo privatizador que avanza y que tiene sus problemas y sus fallos, como demuestran los audios.
La prueba de que en la Puerta del Sol preocupa, y mucho, el caso de Torrejón, es la estrategia que ha aplicado desde que se publicaron los audios. El anuncio de una especie de auditoría, las primeras declaraciones de la consejera y la propia Ayuso diciendo que todo se iba a investigar, la reunión prevista para este martes con la empresa o la satisfacción con la que se ha acogido el cese del directivo de los audios prueba que la presidenta sabe que no puede quedarse de brazos cruzados. Al menos, no puede parecer que se queda de brazos cruzados.
Durante toda la semana ha trasladado que se toma el tema sanitario en serio y que no va a permitir que se anteponga el negocio a la salud, aunque no haya tomado medidas concretas conocidas: “Las declaraciones, si se extraen, son inaceptables, y me parece bien que esta persona haya sido apartada”, decía este sábado, Día de la Constitución, en una comparecencia preparada en la puerta del Congreso, momento que dedicó al asunto Torrejón. También ha publicado en sus redes sociales. Sin embargo, no está dispuesta a asumir que su gobierno tenga ninguna responsabilidad o que su modelo sanitario tenga riesgos. Tampoco se plantea hacer cambios estructurales, ni siquiera en Torrejón.
La estrategia no solo ha pasado por mostrar que atiende el problema y asegurar a la población que no se van a consentir abusos –aunque sin hacer cambios después de dos informes exprés que han salido correctos, según Sanidad–, sino que se ha aplicado la táctica que Ayuso guarda para los temas capitales y las grandes ocasiones: la mejor defensa es un buen ataque, el “gegenpressing” o “counterattack” que utilizan políticos como Trump. Para virar la atención que se ha puesto sobre la Comunidad por su gestión de la sanidad y su privatización, Ayuso y su consejera han empezado a apuntar hacia afuera para desviar el foco informativo. La prensa “a la que le han colado la noticia”, los directivos en guerra de Ribera Salud “por rencillas” o incluso los enfermeros serían los que deberían defenderse, según la presidenta, que minimiza el caso como algo puntual y pasa de defenderse a acusar a otros, un modus operandi que se ha aplicado, por ejemplo, en el caso de su novio y el fiscal general.
“Antes de empezar a negar, insultar, arremeter, hemos hecho el trabajo que tienen que hacer todos los medios de comunicación [sugiriendo luego que ha habido una filtración interesada y parcial, pese a que los audios completos evidencian lo mismo que los primeros publicados por El País], hemos abierto una nueva inspección”, decía el sábado, mientras quería separarse de la gestión de la que es responsable o reducirlo a un caso aislado: “No se puede poner en tela de juicio todo el sistema por mucho que lo esté promoviendo Pedro Sánchez directamente como ha hecho esta semana”. En la parte del escándalo que afecta a instrucciones que se han dado desde Ribera Salud para reutilizar material, la presidenta, que parece no poder negar esta práctica, ha arremetido contra el personal del hospital, como si fuera una decisión tomada por ellos y no sistémica: “Si se ha reutilizado material, es negligencia de enfermeros y del profesional sanitario del hospital, y eso no lo voy a asumir”, avisaba en su comparecencia del sábado, con la que quería aplacar la crisis.
Su consejera, Fátima Matute, ha dicho directamente este martes que Torrejón “es un trending topic para tapar la corrupción y los puteros” del PSOE. Este martes, Ayuso ha completado su giro estratégico, ha dejado de defenderse alegando que todo está correcto en Torrejón y ha seguido a la ofensiva contra el Gobierno de España, asegurando que su gestión sanitaria está marcada por los “problemas a diario” y su “confrontación con los profesionales”, en relación con la huelga de cuatro días que han iniciado los médicos en España contra el nuevo estatuto marco.
Aunque el equipo de la presidenta quiere perimetrar en Torrejón las críticas, el negocio de la sanidad privada sigue creciendo a costa de la pública desde 2003 y, con ello, las denuncias de la oposición y las peticiones de información que no siempre son atendidas por la Comunidad de Madrid. El Portal de Transparencia rechaza dar datos desglosados y se hacen pagos millonarios, por ejemplo al grupo Quirón, a través de acuerdos del Consejo de Gobierno, que no da cifras globales de asuntos judicializados con los grupos sanitarios privados o desembolsos extra. Tampoco publica las auditorías a los hospitales o las actas de la comisión público-privada que analiza los asuntos de los hospitales de gestión indirecta.
En la última década, el número de hospitales privados que acaban integrados en la red pública ha subido un 36,8%, lo que implica que ya el 30,7% de los hospitales del Sistema Nacional de Salud tienen “dependencia funcional privada”. O lo que es lo mismo: uno de cada tres hospitales de la sanidad pública está gestionado por una empresa privada, gran parte de ellos en Madrid pero, sobre todo en Cataluña y Navarra. Además, el gasto en este tipo de centros ha subido un 84,6% entre 2011 y 2023. Por este motivo, el Ministerio de Sanidad ha anunciado una nueva ley para prohibir que empresas privadas gestionen hospitales públicos, como se permitía desde 1997, cuando una ley de José María Aznar permitió la privatización de servicios públicos.