Carmena recurrirá la suspensión de las 35 horas semanales
El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la suspensión de la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios y acatará el auto tras reunirse con las organizaciones sindicales, ha informado este jueves en rueda de prensa la Gerente de la Ciudad, Carmen Román, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordase la suspensión cautelar de los acuerdos municipales a instancias de la Abogacía del Estado.
La Junta de Gobierno celebrada este jueves ha aprobado la interposición de este recurso de reposición. El Ayuntamiento tiene un plazo de cinco días hábiles para interponerlo. Román ha señalado que dicho recurso no interrumpe la aplicación del auto de suspensión. “El Ayuntamiento lo acatará”, ha manifestado.
El Consistorio cuenta con un plazo de diez días para acatarlo, por lo que será en la Junta de Gobierno de la próxima semana cuando se firmará la suspensión de las 35 horas. Eso se producirá después de reunirse con las organizaciones sindicales, con quienes alcanzaron el acuerdo para volver a las 35 horas semanales para funcionarios del Ayuntamiento, sus organismos autónomos, personal del Samur y de bomberos. También se trasladará al Pleno después de que allí se instara al Consistorio a poner en práctica las 35 horas.
Preguntada por si hay 'hiperactividad' por parte de la Delegación de Gobierno, con Concepción Dancausa al frente, Carmen Román, no ha querido entrar en esta cuestión aunque sí ha reconocido que al Ayuntamiento se le “mira con mucha atención”, algo que puede ser “comprensible por su tamaño”.
Román ha hecho una defensa cerrada de la profesionalidad tanto de los letrados consistoriales como de los Abogados del Estado. “Recurrimos porque nuestros fundamentos jurídicos se mantienen y son defendibles”, ha sostenido.
La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, espera que no haya intenciones ocultas en las actuaciones de la Delegación de Gobierno. Preguntada por la prensa si la 'hiperactividad' de Dancausa puede estar relacionada con asuntos analizados por el actual Ejecutivo, como el alquiler por encima del precio de mercado de las naves sin uso en Mercamadrid o la venta de 1.860 viviendas públicas a fondos buitre, Rita Maestre ha contestado que “ojalá que no”.
