Hortaleza, el barrio obrero donde Vox plantó la semilla de la xenofobia

Hortaleza siempre fue un barrio diverso. Están los vecinos de la zona deprimida de la UVA, los recién llegados del PAU de Sanchinarro y Valdebebas, los chalets de lujo de Conde Orgaz y una amplísima masa de clase trabajadora. El distrito tiene más de 180.000 habitantes y se ha convertido en las últimas semanas en el centro de las soflamas de Vox que relacionan a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) que viven en el centro de primera acogida del distrito con la delincuencia. 

“Yo vivo en un barrio popular de Madrid, donde hay un centro de menores extranjeros, y cada vez que salgo a la calle las mujeres me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas”, dijo el líder del partido, Santiago Abascal, en prime time en el debate de candidatos del lunes. No es la primera vez que Vox emplea estos centros para hacer campaña. La portavoz madrileña, Rocío Monasterio, ya visitó la institución hace unos meses y unos días atrás hizo lo mismo en Sevilla, donde las asociaciones vecinales les recibieron al grito de “fuera fascistas”. 

En el barrio se ha instalado la sospecha sobre estos menores, que han llegado a España por las vías más precarias (desde pateras hasta en los bajos de un camión) y que están solos. Mercedes, una jubilada de 70 años, admite que evitar pasar por delante del centro. El motivo es el miedo por lo que “cuentan” de ellos: que roban en los supermercados y a algunas señoras mayores. En las últimas semanas la situación se ha tensionado por un asalto al centro por parte de un grupo de jóvenes de fuera que aparecieron armados con piedras y botellas para atacar a los menores tutelados. 

Los chavales pasan las horas a las puertas del centro y perciben lo que pasa fuera. “La gente aquí piensa que somos todos malos”, dice Mouta. Tiene 17 años y viajó en patera desde Guinea hasta Málaga. Después vino a Madrid y lleva nueve meses institucionalizado. Mussa es de Costa de Marfil y apenas habla castellano. En realidad no habla mucho, ni en su lengua. 

Las asociaciones del barrio tienen previsto reunirse esta semana para dar respuesta a lo que está ocurriendo. “Vamos a hacer una valoración conjunta en pro de la convivencia y la interculturalidad”, dice Sonia San Andrés, de la asociación La Unión de Hortaleza. San Andrés considera que “se está criminalizando” a los menores migrantes. “Puede haber un problema con algunos pero no hay que atajarla desde la justicia callejera o desde el odio, sino desde las instituciones. En Hortaleza no somos xenófobos”, reivindica y anima a los vecinos a “debatir de verdad y no desde la víscera”. El objetivo último, asegura, es la integración del barrio con los MENAS y de los MENAS con el barrio.

Vox lleva semanas haciendo preguntas en sede parlamentaria sobre estos menores. La directora general de Infancia, Ana Sastre, tuvo que aclarar ante las soflamas que “no hay correlación” entre estos chavales y “el aumento de la delincuencia juvenil”. El barrio de Hortaleza, además, es uno de los distritos con tasas de criminalidad más bajas de la ciudad. Tiene la cifra más reducida de detenidos de Madrid, junto con Vicálvaro y Moratalaz, según las últimas cifras publicadas por la Policía Municipal correspondientes al mes de septiembre. En el caso de tenencia de drogas el número es más alto pero está lejos de los distritos con más casos. 

El centro de primera acogida de Hortaleza funciona desde los años ochenta. Los trabajadores han denunciado en múltiples ocasiones la falta de recursos ante la Comunidad de Madrid, el hacinamiento de los chavales y la situación en la que se encuentran algunos de ellos. 

Empleados con los que ha hablado eldiario.es admiten que una minoría delinque. “Tenemos chicos con un nivel de vulnerabilidad psíquica muy grande que consumen disolvente y han protagonizado algunos actos vandálicos o han atracado. No lo negamos. Pero a eso hay que ponerle solución con recursos públicos. En nuestro centro hay 70 personas y debería haber 50”, explica Javier, un educador social del centro. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales dan otros datos: hay 91 chavales para 90 plazas. 

La Comunidad de Madrid ha reconocido este jueves en la Asamblea la “sobreocupación” y ha vinculado las denuncias de los educadores a la “incapacidad para realizar adecuadamente sus funciones”. “Somos plenamente conscientes de la situación que se vive en los centros por el incremento de llegada de menores y estamos comprometidos a resolverlos lo antes posible”, explicaba el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, anunció esta semana que habían puesto patrullas de la Policía Municipal en las inmediaciones. 

Mientras esperan las pruebas que certifican su minoría de edad, los adolescentes viven con poco que hacer. Un grupo que está apostado en el poyete de la puerta se queja de que a veces les faltan toallas y tienen que dormir en el suelo, aunque no está pasando ahora mismo no, precisan. Aseguran que tienen una clase de castellano por la mañana y poco más. Hace unos días cuentan que organizaron partidos de baloncesto y fútbol. Muchos llegan con experiencias muy duras. La suma de estas circunstancias aumentan las posibilidades de conflictividad y que surjan problemas de conducta entre los chavales, según varios expertos consultados. Este ha sido el foco elegido por Vox para poner su semilla en la campaña electoral.

El pasado domingo un grupo de vecinos, organizados por redes sociales, se concentraron frente al edificio donde viven los menores para manifestar que no los quieren en el barrio. Y el distrito circuló un grupo de Facebook que ya no existe en la red. Javier describe cómo se vivió la protesta desde dentro: “Con miedo, decían todo tipo de cosas. Nos quedamos dentro y pedimos a los chavales que no respondieran, que no abrieran las ventanas. No tenemos garantía de que estas cuatro paredes nos puedan proteger”. 

Una treintena de jóvenes de fuera del centro trataron de saltar las vallas a finales de octubre con objetos contundentes. Las primeras investigaciones apuntaban a que se trataba de un ajuste de cuentas tras un atraco, según El País, que cita fuentes policiales. La Red de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha denunciado el ataque ante Fiscalía de Menores como un delito de odio por dirigirse hacia todo el colectivo: “Incorpora todos los elementos típicos de una motivación de odio xenofóbico hacia dicho grupo poblacional (marroquíes) y de ataque evidente hacia dicho sector poblacional”.

Más Madrid también puso en conocimiento del Ministerio Público otra agresión, esta vez fechada en el día 3 de noviembre, según el escrito presentado por el diputado regional Emilio Delgado. El documento recoge que adolescentes de origen marroquí fueron “increpados e insultados” y “golpeados con porras” por otro grupo de jóvenes, la mayoría de “apariencia española, complexión fuerte y musculados” hasta tirarles al suelo en los alrededores del centro. Pasó fuera del centro.

Ha habido más episodios: a principios de octubre, el local de la Unidad Vecinal de Absorción (UVA), donde imparten clases los menores tutelados del barrio, amaneció con una pintada en la que podía leerse “Todos remamos juntos”. A la semana siguiente, Podemos denunció una agresión con remos a dos menores no acompañados en el barrio. 

Julián Moreno es también vecino del distrito. “Estoy estupefacto. Para una vez que los partidos se acuerdan de esta problemática es para sus intereses electorales”, critica. Moreno cree que la situación en la que se encuentran los menores no acompañados “lleva años empeorando” pero denuncia que ya “cualquier pretexto es bueno para culpar a los chavales de todo lo que pasa”. “Si desaparece una antena de un coche, son ellos; si hay un contenedor quemado, son ellos; si roban un coche, también. No se puede coger toda la mierda del barrio y echársela encima a estos chavales”, sostiene. 

En el barrio muchos opinan que los problemas emanan de la falta de integración. “No hay un objetivo claro de integración con los vecinos porque hay pocos recursos. Hay un muro que romper ahí entre unos y otros”, diagnostica Julián. Sonia, de la asociación vecinal, considera que es un poco “cansado que solo se quiera hablar del tirón del bolso cuando el foco está en el que la administración no está ejerciendo correctamente su responsabilidad de tutelar en las mejores condiciones a estos chicos”. “El debate en el barrio sobre el centro existe, pero es que lo mismo pasaba en otra época con los centros de drogodependientes. No importa dónde se sitúen sino cómo se doten”, añade. 

Javier, educador del centro de acogida, añade otro problema: el tiempo que los menores pasan en el recurso. “El mejor llega con una situación de desamparo y nuestra finalidad es hacer un diagnóstico y derivarles a otros recursos rápidamente. Pero tardamos entre seis meses y un año, hasta que tenemos las pruebas radiológicas. Mientras tanto no pueden iniciar los trámites de la residencia ni escolarizarse”. 

Hazma es marroquí y ahora vive en un piso de acogida, antes pasó por el centro. Ha venido a ver a sus compañeros. La mayoría proceden de Tánger. Las diferencias culturales dividen también a los chavales dentro y marcan los grupos. Los educadores no ocultan los enfrentamientos y la dificultad para tener autoridad sobre algunos de ellos. Fuera de la valla, el grupo posa en armonía para una foto. Se agarran entre ellos para caber en el encuadre. Uno lleva chanclas en pleno noviembre. Dice que no tiene zapatillas. La otra noche un educador dice que escuchó “Viva Franco” a través de las ventanas mientras todos dormían.