PP y Ciudadanos quieren convertir Madrid en el “dique de contención” contra el Gobierno de Pedro Sánchez

Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado quieren convertir la Comunidad de Madrid en el “dique de contención” del PP y Ciudadanos contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. No es una estrategia nueva. Los populares ya utilizaron en el pasado las instituciones que dirigían para hacer oposición contra adversarios políticos. Lo que anuncia ahora la presidenta regional de Madrid recuerda mucho a lo que en su momento hizo desde la misma posición Esperanza Aguirre contra los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, o a la oposición del Ejecutivo de Mariano Rajoy a la Alcaldía de Manuela Carmena, que llegó a intervenir las cuentas municipales pese a que Ahora Madrid reducía deuda y tenía superávit.

“El nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener”, lanzaba Ayuso este miércoles en una declaración que primero se anunció como institucional y luego se aclaró desde el departamento de prensa que era a iniciativa propia de la presidenta regional. El discurso de Ayuso contra el nuevo Ejecutivo de coalición que aún no ha echado a andar llegaba después de que el líder del PP, Pablo Casado, asegurase que el poder autonómico que poseen lo utilizarían para hacer frente al gobierno de Sánchez.

Una estrategia anunciada por Ayuso pero a la que de inmediato se unía este miércoles su socio de gobierno, Ciudadanos. “Hoy más que nunca” la región “seguirá siendo el refugio de todos los españoles”, declaraba el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que “suscribía” todas las palabras de la regidora.

Al igual que hiciera Casado (y el líder de Vox, Santiago Abascal), Isabel Díaz Ayuso amenazaba este miércoles con llevar a cabo una estrategia de judicialización de la política, advirtiendo al nuevo Gobierno de que acudirán a los tribunales y los parlamentos a recurrir todas aquellas leyes o medidas que no les gusten. “Todo ataque a la libertad será respondido convenientemente con todos los recursos a nuestro alcance”, advertía la dirigente regional. Sus “preocupaciones” al programa de gobierno presentado por PSOE y Unidas Podemos: los “ataques” contra la educación concertada, contra la sanidad privada financiada con dinero público, la libertad religiosa, la rebaja de impuestos y contra la “propiedad privada”.

De entrada, el Ejecutivo de coalición entre PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha avisado de que no aplicará los límites al precio del alquiler que recoge el acuerdo de gobierno entre Sánchez e Iglesias. PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a frenar las “subidas abusivas del alquiler” y en las zonas más tensionadas se habilitará a comunidades autónomas y ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda –que está desarrollando el Ministerio de Fomento– puedan establecer límites mediante un índice de precios.

Si esta medida sale adelante, las comunidades autónomas y los ayuntamientos estarían facultadas para decidir su aplicación. Pero el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ya advertido que Madrid no hará uso de esta regulación al tratarse de una medida “ligada a la extrema izquierda” que “atenta contra la propiedad privada”, pese a que se trata de una medida que se ha implementado en capitales europeas y ciudades de EEUU.

Guerra fiscal

Uno de los mayores temores de Ayuso, según declaraba este miércoles, es que Sánchez acabe con la baja fiscalidad de Madrid: “Me preocupa especialmente su anuncio implementar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que resuelva lo que ellos llaman asimetrías del sistema actual, lo que significa, digámoslo claramente, suprimir, por ejemplo, nuestra legislación sobre los impuestos”, aseguraba.

Tanto la presidenta regional como su socio de gobierno (Ciudadanos) han prometido en repetidas ocasiones una guerra fiscal contra las políticas impositivas de Sánchez para “bajar los impuestos” que el gobierno central suba, pero Ayuso teme que salga adelante la reforma de financiación autonómica iniciada por el Gobierno de Rajoy, que acabó en un cajón.

El expresidente Rajoy tuvo sobre la mesa un informe del comité de expertos presidido por el fiscalista Manuel Lagares, y que supervisó personalmente su ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que contradecía la senda que habían iniciado las comunidades en las que gobernaba, especialmente Madrid.

En el informe final que llegó en julio de 2017, los expertos en derecho tributario recomendaron establecer un umbral mínimo de tributación en el impuesto de Sucesiones y Donaciones para impedir se bonifique al 99%, como ocurre actualmente en la mayoría de autonomías gobernadas por el PP, pero también en el País Vasco y Catalunya. Algo parecido señalaba ese dictamen sobre el impuesto de Patrimonio, que Madrid bonifica al 100%. La actual ministra del ramo, María Jesús Montero, que previsiblemente repetirá en el cargo, apuntó que dicha reforma recogerá esas recomendaciones.

Sería terminar con lo que algunos críticos llaman “paraíso fiscal” en la Comunidad de Madrid, que acumula casi dos décadas de rebajas fiscales, especialmente a las grandes fortunas. La carrera la inició Esperanza Aguirre en 2002 y ha llegado hasta nuestros días. Menos de un año después de la última reducción del IRPF en Madrid, Díaz Ayuso anunció otra “rebaja de impuestos histórica” en la región, que de momento ha dejado aparcada en un cajón pero que supondría, según los propios cálculos del PP, 300 millones de euros menos para las arcas madrileñas.

A eso hay que sumarle los más de 800 millones que Madrid deja de ingresar al año al bonificar al 100% el impuesto de patrimonio (del que se benefician principalmente las rentas más altas) y la bonificación del impuesto de sucesiones al 99% entre padres e hijos y entre cónyuges.

Estos impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas como una forma de involucrar a las autonomías y que así gestionasen parte de sus ingresos, se han convertido en un arma política. Ahora Ayuso, al igual que hiciera Aguirre durante los gobiernos de Zapatero, quiere aprovechar lo que denomina “ataques a la libertad” para capitalizar mediáticamente la labor de oposición aprovechando la fuerza que otorga ser una de las regiones que más presupuesto gestiona y que mayor impacto tiene en la opinión pública.