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PSOE y Unidas Podemos pactan subir el IRPF a las rentas altas, regular el alquiler y desarrollar un ingreso mínimo vital

El acuerdo, que se presentará esta tarde en el Congreso, habla de derogar la reforma laboral del PP

El pacto promete aplicar el diálogo al "conflicto político catalán", tiene un apartado de políticas feministas y otro sobre memoria histórica

El texto llega horas después de que PSOE y PNV hayan cerrado un acuerdo para que los nacionalistas vascos voten a favor de la investidura de Sánchez

DOCUMENTO | El programa completo del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos

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Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se estrechan la mano tras firmar el acuerdo de Gobierno.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se estrechan la mano tras firmar el acuerdo de Gobierno. EFE

El acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición incluye una subida de impuestos para los más adinerados, la derogación de la reforma laboral y el desarrollo de un ingreso mínimo vital. Contempla además acabar con la LOMCE, eliminar progresivamente el copago y una serie de medidas enmarcadas en el apartado de "Políticas feministas". En cuanto a Catalunya, ambas formaciones se comprometen a aplicar el diálogo para abordar "el conflicto político" y a actualizar el sistema autonómico. El documento recoge buena parte de las medidas que ambos partidos incluyeron en el acuerdo de presupuestos de 2018.

Así, se elevará el IRPF dos puntos para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros (afectaría a 80.000 contribuyentes, un 0,4% del total) y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para rentas superiores a 140.000 euros. También se contempla una tributación mínima del 15% en el Impuesto de Sociedades de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

El texto de 50 páginas, al que ha tenido acceso eldiario.es, se presentará esta tarde en el Congreso en una intervención conjunta y sin preguntas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ambos dirigentes comparecerán horas después de que el PSOE haya atado ya el apoyo del PNV. Los socialistas están ahora a la espera de que ERC, ya conocido el informe de la Abogacía del Estado, fije su posición para convocar el pleno de investidura.

El acuerdo que han firmado PSOE y Unidas Podemos desarrolla el pacto que ambas formaciones alcanzaron el pasado 11 de noviembre habla de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y en materia de vivienda, se vuelve a hablar de una regulación de los precios del alquiler y zonas tensionadas.

En concreto, en lo que se refiere a vivienda, el acuerdo recuerda al que firmaron ambas formaciones en 2018 para los presupuestos de 2019 y que supuso posteriormente un enfrentamiento a cuenta de si se debían o no frenar por ley las subidas abusivas entre contratos. "Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado", asegura el texto.

Además, se prevé reformar el régimen jurídico y fiscal de las sociedades de inversión del alquiler, las socimis, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.

El documento también promete desarrollar "el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social". En un primer momento, con el "aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos".

Derogar la reforma laboral y eliminar el despido por baja médica

"Derogaremos la reforma laboral", dice el documento, que promete recuperar los derechos laborales "arrebatados" por esa norma sin incluir la coletilla de eliminar sus aspectos "más lesivos", como ha venido matizando el PSOE en los últimos meses. Fuentes del PSOE aclaran que se trata de una derogación total. Así, con "carácter urgente", se eliminará "la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad" que avaló en octubre el Tribunal Constitucional; así como "las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo", haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.

El documento también plantea derogar la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales que consagró la reforma laboral de Mariano Rajoy; un modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para "limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa": promete limitar "la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa" y revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, "orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves".

Dentro de sus medidas para el "aumento de la progresividad del sistema fiscal", además del anunciado aumento del Impuesto de Sociedades (tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones y del 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos), se plantea rebajar del 25% al 23% la tributación de las pymes que facturen menos de un millón de euros. Esta última medida tendría un coste de 260 millones. 

El acuerdo incluye también la derogación de la Ley Mordaza, cuya reforma decayó con la convocatoria de elecciones, y la eliminación del límite temporal a las investigaciones penales, que preveía un plazo máximo para la instrucción y que provocó el cierre de algunas investigaciones por corrupción.

Acabar con la LOMCE y eliminar progresivamente el copago

El nuevo Gobierno se compromete en el acuerdo a derogar la LOMCE, una ley que "nació muerta", pero lleva vigente desde 2013 y probablemente aún siga el curso que viene, dados los plazos que conlleva aprobar una ley orgánica y que el nuevo curso se empieza a preparar por marzo. El pacto, que prioriza la educación de alguna manera poniéndola como segundo punto, incluye 11 acuerdos para la educación básica y otros seis para la Universidad y promete subir la inversión en educación hasta el 5% del PIB (está en el 4,2%).

La nueva ley educativa eliminará los conciertos educativos a los centros que segreguen por sexo, una novedad que introdujo la LOMCE de Wert y que el Tribunal Constitucional validó. En relación a la concertada, también se asegura que se obligará a los colegios a informar a las familias de que las cuotas mensuales que pagan realmente son voluntarias. Además, se elimina la asignatura alternativa a Religión.

En cuanto a la universidad, el nuevo Ejecutivo revisará el sistema de becas, que durante la etapa del PP cayeron en cuantía, y promoverá una reducción de las tasas, que las comunidades autónomas han subido en los últimos años. Por último, hay una vaga mención a "reducir la precariedad del profesorado universitario", una larga demanda del colectivo, pero sin especificar cómo.

En Sanidad, PSOE y UP se comprometen a eliminar progresivamente los copagos introducidos en 2012, empezando por pensionistas y hogares en situación de vulnerabilidad. También destaca en este apartado la pretensión de ir introduciendo en el Sistema Nacional de Salud la atención bucodental. En el apartado de servicios sociales, el acuerdo promete reducir las listas de espera para la Dependencia "al menos" un 75%.

El texto también dedica uno de sus 11 puntos al cambio climático. El acuerdo contempla aprobar una Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que fijará objetivos de emisiones y promete alcanzar en 2050 una generación de electricidad 100% renovable. También hay una mención a avanzar hacia la descarbonización. El Ejecutivo también quiere regular y fomentar el autoconsumo energético y promete ayudas para la compra de vehículos eléctricos.

"Políticas feministas" y rechazo a los vientres de alquiler

El acuerdo reserva uno de sus once puntos para las "políticas feministas". Entre ellas incluyen medidas en algunos ámbitos en los que ya coincidían ambos partidos en sus programas: para garantizar la igualdad en el empleo entre hombres y mujeres, para reforzar la lucha contra la violencia machista (y adaptarse al Convenio de Estambul, que reconoce la violencia machista fuera del ámbito de la pareja), contra la trata con fines de explotación sexual, o para blindar los derechos sexuales y reproductivos. También la intención de desarrollar una "política fiscal con perspectiva de género", sin concretar cómo.

En el programa hay un "NO" rotundo a los "vientres de alquiler" y la promesa de actuar "frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país".

No hay mención a cómo se abordaría la prostitución, ámbito en el que sí difieren en algunas posturas PSOE y Podemos. El documento concreta el impulso de un "pacto social y político por la racionalización de los horarios" o de una "protección reforzada de los menores para evitar el acceso a la pornografía". Y el fin de la "tasa rosa".

Empujón final al Estatuto del Artista y una Oficina de 'vigilancia' para la SGAE

El Gobierno de coalición se compromete en el primer epígrafe dedicado a la cultura a aumentar de forma "progresiva" el presupuesto para ese Ministerio, que ya subió un 9,7% en el pasado ejercicio, aunque queda lejos de la generosa partida que se destinó hace diez años. También prometen trabajar por la igualdad en el ámbito cultural y por la visibilidad de las "distintas lenguas cooficiales y propias" en las creaciones artísticas, especialmente en el cine.

Además, el acuerdo reconoce como tarea pendiente el poner en marcha un Estatuto del artista que ya fue aprobado el pasado enero en el Congreso de los Diputados. Las 75 medidas planteadas en la Cámara regularizaban la situación laboral de uno de los sectores más abandonados y precarios del mercado. Por eso, el texto del nuevo Gobierno se compromete proteger a los y las artistas ante enfermedades y periodos de intermitencia durante la creación, así como a actualizar "los epígrafes del impuesto de actividades económicas" y las tarifas de desempleo.

Otro de los puntos importantes para el nuevo Ministerio de Cultura es la creación de una Oficina de Derechos de Autoría que dependa directamente de la cartera. Esta medida generó recelos en la SGAE el pasado verano cuando el actual ministro en funciones, José Guirao, reiteró a Pedro Sánchez su intención de doblar la vigilancia sobre la sociedad encabezada por Pilar Jurado.  La nueva institución servirá para mejorar y actualizar "la regulación de la propiedad intelectual", pero sobre todo para velar por el "buen funcionamiento" de las sociedades de derechos después del doble rechazo que recibió Cultura por parte de la Audiencia Nacional para intervenir la SGAE.

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