PP, Vox y su eterna promesa de reducir diputados en la Asamblea de Madrid: una iniciativa que divide a los expertos

El debate sobre si es necesario reducir el número de diputados y fijar un tope a su crecimiento en la Asamblea de Madrid no es nuevo. Y siempre que reaparece genera debate y controversia. La expresidenta Cristina Cifuentes lo planteó en su momento y mucho antes lo hizo Alberto Ruiz-Gallardón. La propuesta la rescataron recientemente PP y Vox dentro de un acuerdo para presentar una reforma del estatuto de autonomía a cambio de investir presidenta a Isabel Díaz Ayuso. El consenso entre ambas formaciones acerca de cuánto debía reducirse tardó y la iniciativa llegó, con meses de retraso, al último pleno de abril de este año, en el que pasó su primer trámite parlamentario. El camino para su aprobación, no obstante, es sinuoso y difícilmente cristalice con la configuración parlamentaria actual.

PP y Vox tardaron meses en perfilar este acuerdo. Partían, de entrada, de posturas enfrentadas respecto a cuál debía ser el número de parlamentarios: Vox proponía dejar la Cámara regional a la mitad, con 69 escaños –actualmente son 136–, mientras que el PP se decantaba por los 101, como recogía su programa electoral. A finales de enero se volvió a hablar del asunto: Vox subió a los 91 escaños y el PP bajó 99. Finalmente, la propuesta de la formación de extrema derecha es la que ha prevalecido.

Todo apunta a que después morirá, si es que llega a debatirse antes de que termine esta corta legislatura de dos años. La medida precisa de una mayoría reforzada de la Cámara, es decir, dos tercios de los diputados, 90 escaños. Por lo que PP y Vox necesitarán el apoyo de algún partido de la izquierda para que la propuesta logre salir adelante. Ahí no se quedará la cosa. Además de este primer trámite, la iniciativa deberá pasar otro filtro que requiere de otro consenso aún mayor: la mayoría del Congreso de los Diputados. 

La iniciativa se ha encontrado con el rechazo unánime de las izquierdas que consideran que se trata de una forma de mermar su capacidad de oposición por parte de un partido que se ha instalado en la “antipolítica”. Para la jefa de la oposición, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, reducir diputados es “innecesario” y “perjudica a los grupos que no tienen mayoría” y concretamente a los minoritarios, ahora que desde los últimos años impera en los parlamentos un modelo multipartidista frente al bipartidismo de las primeras décadas de la democracia. “Perjudica a los grupos que no tienen gran mayoría porque no pueden realizar su labor parlamentaria que es la razón para lo que les pagan. Es una medida demagógica y populista”, defiende García. 

El argumento de Vox es el de reducir costes a la Comunidad de Madrid, pero la realidad es que el gasto de los salarios de los diputados representa apenas el 0,01% del presupuesto de la región, que supera los 23.000 millones de euros anuales. “Si el objetivo de Vox es rebajar los costes, nosotros les planteamos que nos bajen los sueldos a todos los diputados, que la señora Monasterio cobre 3.000 euros al mes en vez de 5.000. Si es una cuestión económica de verdad, lo harían”, añade la portavoz de Más Madrid, que recuerda que actualmente existen 16 comisiones parlamentarias que fiscalizan la labor del Gobierno y sus consejerías. “Competimos además con un ejército de asesores con los que cuenta el Gobierno y de los que Vox no dice nada”, añade la diputada.

En una postura similar se encuentran PSOE y Unidas Podemos, que también han manifestado su disconformidad. “Es un acuerdo unilateral encaminado a recortar la democracia”, defendió recientemente Carolina Alonso, portavoz de UP. El PSOE, que en un primer momento se comprometió a estudiarla, la rechazó finalmente. Todos coinciden en que la propuesta solo perjudica a la labor de oposición en un momento de fragmentación política en el que más de cuatro partidos obtienen representación.

Ninguna de estas tres formaciones, sin embargo, se cierra a estudiar una medida que pueda suponer una estabilización de los diputados de cara al futuro, aunque consideran complicado llegar a un acuerdo con el PP y la extrema derecha en una cuestión “tan importante” como esta y que debería, avisan, abrir otros debates sobre el estatuto como pueden ser los aforamientos de los diputados.

Un aumento constante

El parlamento madrileño es el más grande del país, con 136 diputados. Madrid no es la comunidad autónoma con más habitantes, pero sí la que más representantes elige por su estatuto. El parlamento regional no ha dejado de crecer las últimas cuatro décadas desde que se constituyó la primera Cámara madrileña. Con la repetición de las elecciones, la Asamblea de Madrid ha incorporado cuatro nuevos diputados con respecto a los comicios de 2019 hasta llegar a los 136 actuales.

El aumento de parlamentarios se debe al incremento que ha experimentado la población de la Comunidad de Madrid en los últimos dos años, como establece el estatuto autonómico madrileño. El artículo 10.2 recoge que la Asamblea estará compuesta por un diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000. El último censo actualizado del Padrón que registra el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge que a 1 de enero de 2020 había censadas en la autonomía un total de 6.751.251personas.

Solo hay una autonomía más que siga ese modelo: Castilla y León. El resto tiene diputados fijados en su estatuto. En el caso de la Asamblea de Madrid ha crecido las últimas tres décadas en paralelo con su población: arrancó en 1983 con 94 diputados, 42 menos que en 2021, y desde entonces ha crecido cada ciclo electoral menos en 1991 cuando perdió uno hasta los 102 escaños. El año que más creció fue con las elecciones de 2011 cuando de golpe se incorporaron nueve nuevos diputados al parlamento regional, hasta los 129.  Y así sucesivamente hasta llegar a los 136 actuales.

Legislatura de 1983-1987: 94 escaños.

Legislatura de 1987 a 1991: 96 escaños.

Legislatura de 1991 a 1995: 101 escaños.

Legislatura de 1995 a 1999: 103 escaños.

Legislatura de 1999 a 2003: 102 escaños.

Legislatura de 2003 a 2007: 111 escaños.

Legislatura de 2007 a 2011: 120 escaños.

Legislatura de 2011 a 2015: 129 escaños.

Legislatura de 2019 a 2021: 132 escaños.

Legislatura de 2021 a 2023: 136 escaños. 

Puede seguir creciendo

No hay consenso en el Parlamento regional pero tampoco entre los expertos, que reconocen que se trata de un asunto complejo y con muchos matices. Consideran, no obstante, que al ritmo que crece Madrid es probable que siga aumentando si no se pone coto.

María Garrote, profesora de Derecho Constitucional, ha publicado varios artículos sobre el sistema electoral madrileño y discrepa en algunos de estos planteamientos de las formaciones de izquierdas. En su opinión, el parlamento de Madrid se encuentra “sobredimensionado” y según sus cálculos debería fijarse una cifra estable de escaños por debajo de 100 diputados –“o 100 como mucho”, defiende–. Garrote incide además en la uniprovincialidad de Madrid para defender la medida y asegura que 136 diputados solo sirven para “fomentar el clientelismo” . 

No opina lo mismo el politólogo Pablo Simón: “Madrid está un poco por encima de la ecuación que mide si son muchos diputados o no, pero no es una cosa desproporcionada, con lo cual hay que preguntarse a qué objetivo responde este tipo de medida”. El politólogo recuerda que si es una cuestión de ahorro presupuestario “el ahorro es mínimo”, por lo que “no tiene mucho sentido”.

En la opinión de Simón, la propuesta ha de verse “en términos de antipolítica”: “En esa idea de que cuantos menos políticos haya mejor, pero lo curioso es que siempre se pone el foco en los políticos electos y no a los que se ponen por detrás, es decir, asesores y cargos públicos”, critica, recordando el nombramiento de Toni Cantó a dedo para la puesta en marcha de la Oficina del Español, un organismo de nueva creación para el actor que hizo campaña por Ayuso tras dejar Ciudadanos. 

“Me inclino por que el tamaño de la Asamblea está bien y la razón para ese número de diputados es no solo que la Comunidad de Madrid es la tercera en población, que podría modularse para que no crezca tan rápido, sino que con menos diputados la capacidad de fiscalización es menor”, insiste Simón. Para el politólogo, lo que se busca con la iniciativa es “una asamblea maniatada”. 

Una opinión que difiere en esta cuestión con la de Garrote, que asegura que en la Asamblea de Madrid ha perdido capacidad legisladora y por eso tiene menos sentido un parlamento tan grande. “Si la función legislativa es fuerte hay muchas comisiones que exigen tener un número importante de diputados. ¿Pero que sentido tiene si apenas hay labor legislativa?”, se pregunta Garrote, que recuerda que los plenos actualmente debaten muchas cuestiones que nada tienen que ver con Madrid. 

Circunscripción única, ¿sí o no?

Paloma Román, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, añade un nuevo debate al tema y considera que abrir el melón de una reforma estatutaria para reducir diputados debería suponer tocar otras cuestiones. “Es cierto que Madrid tiene una asamblea exageradamente amplia, pero es bastante proporcional. Si vamos a tocar eso, también tenemos que valorar la representatividad: no vale solo con reducir el número de diputados, hay que ver si realmente hay que reducirlo, vamos a ver si vamos a poner una circunscripción o varias, si vamos a poder tocar la barrera del 5% para tener representación, que es altísima”, considera. También María Garrote defiende rebajar la barrera al 3%.  

“Se debería dar una vuelta pero no solo al número de diputados, es algo muy visual pero hay otras variables del sistema electoral que afecta a la representatividad de los madrileños más allá del número de diputados”, insiste Román. En su opinión sería interesante plantear más circunscripciones, aunque reconoce que el debate es complejo y puede acabar suponiendo lo contrario a lo que busca. 

“Los políticos tendrían que hacer un trabajo más personalizado y defender los intereses de los ciudadanos y no del partido, un modelo similar al anglosajón, aunque ahí también hay riesgos y cómo se planteen esas circunscripciones puede acabar afectando a la representatividad”, asegura Román. Para Garrote, sin embargo, “el riesgo de manipulación es muy alto”. “Solo podría hacerse con divisiones neutrales, y eso es prácticamente imposible”.

Un debate del pasado

La cuestión se ha planteado en el parlamento madrileño en diferentes ocasiones. Alberto Ruiz Gallardón lo hizo en 1995 cuando planeó distritos uninominales, donde cada zona elegía a un único diputado. Ese sistema estaba pensado para el bipartidismo, una realidad que ha desaparecido, y anulaba completamente la proporcionalidad. La siguiente propuesta llegó en 2003 con Esperanza Aguirre, que proponía fijar el número máximo de diputados en 122 y dividir Madrid en 11 circunscripciones.

Pero la más polémica, también bajo los gobiernos de Aguirre, se presentó en noviembre de 2011. En aquella ocasión el sistema fue una combinación de los dos anteriores: 86 diputados se elegirían a la manera tradicional, pero los 43 restantes se votarían en otra urna. El plan era dividir la comunidad en 43 zonas, y que cada una eligiera a un único diputado. El mapa propuesto planteaba algunas trampas como que unía Rivas –granero de votos de la izquierda– con Arganda del Rey –por entonces feudo del PP–, una fusión que dejaría el diputado de esa circunscripción en manos de la derecha. Algunas simulaciones hechas entonces con ese sistema pronosticaron que el PP podría pasar de 72 diputados a entre 88 y 91; se llevaría entre 39 o 40 de los 43 escaños en disputa.

Años después, Cristina Cifuentes recuperó esta cuestión en 2016 con una reforma del estatuto de autonomía que también contemplaba la reducción de diputados. Según el borrador que presentó en febrero de ese año, el Ejecutivo de Cifuentes pretendía fijar una horquilla de “un mínimo de 80 diputados y un máximo de 100”. La propuesta no concretaba la división del mapa para terminar con la circunscripción única, conscientes de que la medida levantaba recelos entre la oposición. La iniciativa no llegó al parlamento. 

Ahora con la iniciativa de PP y Vox, el debate nace de nuevo con reticencias por parte del resto de formaciones que ven en la propuesta un intento de control por parte de la derecha que gobierna en Madrid desde hace 26 años y una forma de mermar su capacidad de oposición al Gobierno. De nuevo, quedará en una propuesta.