La mayoría de análisis publicados hasta ahora sobre el Plan Reside, la herramienta urbanística con la que el Gobierno de Almeida quiere ordenar los pisos turísticos en Madrid, han estado relacionados con los límites que pondrá el Ayuntamiento a los Airbnb en comunidades de vecinos y sobre cómo los permitirá en edificios completos. Pero esta modificación del plan general, ahora en periodo de información pública, incluye también algunas medidas para crear viviendas en lugares donde ahora existen otros usos.
Con este objetivo, el plan propone convertir equipamientos dotacionales privados, “catalogados y obsoletos” en uso residencial para viviendas de alquiler asequible o coliving. Para hacerlo, sus propietarios han de cumplir varios requisitos y -aquí viene la novedad- uno de ellos supone un tope a los precios de los alquileres que pueden cobrar. En concreto, el documento explica que se podrá facturar por alquiler una renta anual que no supere el 30% de los ingresos familiares medios del barrio en el que se ubique el edificio.
El equipo de Almeida introduce así en propiedades privadas un concepto, el del alquiler asequible, que hasta ahora solo estaba utilizando en construcciones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo o en parcelas públicas cedidas a constructoras. En concreto, habla de “vivienda libre asequible en régimen de alquiler” y establece los citados límites en contraprestación de que el propietario del edificio pueda beneficiarse de un cambio de uso con el que recibirá más ingresos.
El Ayuntamiento de Madrid identifica 215 edificios dentro de la almendra central (la zona APE00.01) que podrían llegar a acogerse a esta opción. Lugares como antiguos colegios concertados, hospitales, centros culturales o inmuebles propiedad de la Iglesia sin uso eucarístico. Todos han de estar catalogados y deberían tramitar un plan especial de protección que asegure su restauración y rehabilitación. El alcance de esta medida se cifra en unas 800 o 1.000 viviendas, que son las resultantes de que los privados se acojan a la opción ofrecida por el área de Urbanismo.
El tope del Ayuntamiento de Madrid a los alquieres privados es limitado, pero recuerda al que también permite la Ley por el derecho a la vivienda que aprobó el Gobierno central y que ya se está aplicando en lugares como Cataluña. En ese caso se habla de “vivienda asequible incentivada” y permite a los consistorios poner máximos a las rentas de los alquileres, siempre que su comunidad autónoma lo permita y declare como “zona tensionada” aquella donde se encuentre muy por encima de los precios de referencia. Los propietarios, en este caso, perciben beneficios fiscales por acogerse a esos precios.
“En el caso de la norma del Ayuntamiento de Madrid no hay beneficio fiscal pero sí beneficio por el aprovechamiento”, explica el concejal del PSOE Antonio Giraldo, que llama la atención sobre la opción elegida por Almeida para introducir una “zona tensionada” en la capital a través del plan general, con rango de ley.
Giraldo, que actualmente trabaja en las alegaciones al plan, preguntará sobre esta medida concreta en el pleno de Cibeles de este martes. Su cuestión, dirigida a Borja Carabante, será la siguiente: “¿Cómo explica el Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad el tope de precios al alquiler incluido dentro del anunciado Plan Reside a determinados particulares, pese a la negativa que siempre han manifestado el alcalde Almeida y el Partido Popular a este tipo de medidas?”.
Hasta el momento, todos los gobiernos del PP han rechazado utilizar la herramienta de limitar los alquileres que permite la Ley de Vivienda. En la Comunidad de Madrid lo solicitaron varios grandes municipios gobernados por la izquierda como Fuenlabrada, Getafe o Rivas, a imagen de lo que ya estaba pasando en Barcelona. La respuesta del Gobierno de Ayuso fue la misma en todos los casos: se niega a hacerlo porque, en su opinión, esta solución genera “subidas”. Los primeros datos, sin embargo, apuntan a que en Cataluña está ocurriendo justo lo contrario, mientras en Madrid las rentas del alquiler ascienden cada mes que pasa.
En la capital podrían declararse como zonas tensionadas hasta 16 de sus 21 distritos, según datos de los precios de referencia para el alquiler publicado hace unos meses. Sin embargo, el alcalde Almeida se ha negado siempre a limitar de esta manera los precios de los alquileres privados. Ahora, lo hará por otra vía, regulando con una normativa municipal las rentas máximas que se pueden cobrar a determinados inquilinos, a través de un índice de referencia.
No obstante y después de la publicación de esta información, José Luis Martínez-Almeida ha matizado su postura ante los topes a los alquileres: “No me parece mal como medida aislada”, ha dicho este lunes durante su entrevista en los desayunos de la agencia Europa Press. Pero a continuación ha criticado la medida adoptada en ciudades como Barcelona porque, según su parecer, ha retraído en un 20% la oferta.
“Están haciendo algo que dijeron que no se podía hacer”, asegura Antonio Giraldo, que apunta a algunos problemas de la modificación del plan general, como no establecer qué índice se tendrá en cuenta para el cálculo del 30% de la renta media, o tampoco saber hasta qué año tendrá vigor la medida. En cualquier caso, se muestra favorable a esta intervención del mercado, aunque esperará a las explicaciones de Carabante el martes para saber en qué dirección camina la medida municipal.