Las multas de Almeida cierran 706 pisos turísticos sin licencia en Madrid mientras Airbnb anuncia otros 14.297
El pasado mes de noviembre el alcalde hablaba ante los medios presumiendo de un dato: “Ya hay 2.400 viviendas ilegales de uso turístico menos en nuestra ciudad, lo digo por aquellos que decían que íbamos a llenar de viviendas turísticas el centro de Madrid”. Almeida se refería a un estudio basado en cifras de Inside Airbnb, una plataforma que recopila los anuncios que ofrece la citada compañía en cualquier ciudad del mundo y que cifraba en 14.297 los anuncios disponibles en la ciudad, número notablemente inferior a los 16.959 que había en julio. “El Ayuntamiento de Madrid está consiguiendo una reducción muy considerable del número de viviendas turísticas de uso ilegal en la ciudad”, aseguró entonces.
En Madrid había bajado la oferta, pero entonces hubo una discusión sobre el tamaño real de ese descenso y si a él había contribuido el Ayuntamiento con sus multas primero y, luego, con el Plan Reside, o había tenido más peso el registro único del Ministerio de Vivienda o la persecución del Ministerio de Consumo a las grandes comercializadores de estos alojamientos para que retiraran los anuncios de pisos ilegales.
Hoy sabemos que el Ayuntamiento de Madrid ha registrado el cese de la actividad de 706 viviendas de uso turístico en la ciudad. Según datos del Plan de Inspección Urbanística Municipal (PIUM) a los que ha tenido acceso este periódico, el consistorio ha conseguido el cese de 544 viviendas de uso turístico, dato al que se suman otras 162 por por restablecimiento de la legalidad, al no dedicarse ya al uso turístico.
La Agencia de Actividades, entidad municipal encargada de la vigilancia de esta actividad económica, para la que es necesaria contar con una licencia habilitante que emite el Ayuntamiento, ha atendido sobre todo las denuncias de los ciudadanos (siete de cada diez recibidas) y las de la Policía Municipal. La agencia ha efectuado entre mayo de 2024 y diciembre de 2025 hasta 2.042 inspecciones, en las que ha detectado 1.893 viviendas de uso turístico, de las cuales, 1.788 operaban sin título habilitante, el 94% del total. Fruto de estas inspecciones se incoaron 891 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, que de momento han conseguido las 706 reconversiones citadas.
La Agencia de Actividades actúa sobre las denuncias existentes y no sobre los anuncios totales que se ofertan en plataformas como Airbnb, ya que estos no suelen detallar su dirección. Además, fuentes municipales explican que el PIUM es solo una parte de las acciones puestas en marcha por el Gobierno de Almeida dentro del Plan Reside, su herramienta para reordenar los pisos turísticos en Madrid.
Volviendo al informe del PIUM y a sus sanciones, este indica que amenazó con multas a más de medio millar de pisos turísticos ilegales. Los dueños de 335 decidieron abandonar su actividad antes de que llegara la sanción, una opción que permite el procedimiento. Pero otros 199 siguieron adelante con su actividad de alquiler de viviendas a turistas pese a no contar con licencia, por lo que fueron emitidas las sanciones correspondientes. 176 de las multas son de más de 30.001 euros, en aplicación del régimen sancionador de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Al menos dos de estas multas han sido tumbadas por la justicia.