¿Puede un bombero o un policía ser 'objetor de conciencia' en desahucios como el de Maricarmen?
El cuarto intento de desahuciar a Maricarmen fue también el último. La vecina de Retiro, casi nonagenaria, ha salido en ambulancia de la que fue su casa durante 70 años. Dentro y fuera, una amplia resistencia liderada por el Sindicato de Inquilinas e impulsada por simpatizantes acudía en su apoyo, después de que el fondo Urbagestión adquiriera su hogar y quintuplicara la renta hasta niveles imposibles para una pensionista. A las puertas, más de una decena de furgones policiales hicieron guardia por el desalojo. Llegaron a verse duras cargas contra los manifestantes, muchos rociados con gas pimienta en un despliegue no exento de críticas. “Así es como la Policía defiende a Maricarmen”, espetaba con ironía el órgano sindical en redes, acompañando la publicación de un vídeo en el que cuatro agentes sacaban a uno de los activistas cogido de brazos y piernas. Pero, ¿pueden ellos negarse a colaborar en un desahucio, igual que un médico objetor decide no practicar abortos?
Sobre ello responde uno de sus miembros, que no estaba entre los asignados al operativo de este miércoles: “Cuando aceptamos nuestro cargo, los médicos tienen la función de salvar vidas, pero la nuestra específicamente es la de cumplir y hacer cumplir la ley vigente. Eso nos deja con una serie de limitaciones que no tienen otros funcionarios públicos: por ejemplo, que la seguridad ciudadana nunca se puede descuidar ni cuando pasa por encima de nuestra ideología”. Este agente de la Policía Nacional en Madrid, que accede a responder a cambio de no revelar su nombre, se muestra de acuerdo con este veto –que también suspende su derecho a huelga, aunque no a manifestarse fuera de servicio– pese a reconocer que ha llevado a cabo “detenciones con mucha pena y contradicción”. Pero, a su juicio, “es algo que debes asumir”.
Sin embargo, la violencia vista esta mañana y el enorme despliegue de antidisturbios para echar a una anciana de casa en favor de un fondo –que ni siquiera aceptó in extremis la donación anónima de una escritora para completar el pago de Maricarmen– ha vuelto a cuestionar a quién protege verdaderamente el término “seguridad ciudadana”. Con los bomberos, que a veces participan en despliegues para desahucios, pasa algo similar aunque con una diferencia: ellos a priori no están destinados a este tipo de prácticas, solo que pueden ser llamados a colaborar. En julio de 2024, después de la expulsión de una vecina de Lavapiés llamada Zohra, comenzó a fraguarse un grupo de efectivos que quería poner fin a su intervención en los desahucios.
“En nuestro caso, la reclamación no se mueve tanto por el derecho a la objeción de conciencia como a que no hay concepto legal que ampare directamente nuestra participación”, sostiene uno de los miembros de la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios, César Contreras. Aunque en el último y definitivo intento de desalojar a Maricarmen no fue requerida la presencia de este cuerpo, en otros casos como el de Zohra o Mariano Ordaz sí se solicitaron efectivos para algunas tareas. La organización estatal creada hace un año defiende su derecho a no participar en estos operativos, pues aunque su reglamento les “obliga a colaborar” con otros servicios públicos insisten en que esto ha de ser solo si el caso se “ajusta” a sus “competencias”.
“Samur [para asistencias sanitarias de emergencia] también tiene ese acuerdo de colaboración y si les llaman es solo para atender a los afectados, no para inmiscuirse directamente en el desahucio”, resuelve Contreras. “Si es una orden judicial expresamente la que nos menciona para acudir, entonces no tengo nada que decir. Pero si son cuerpos de seguridad y no es estrictamente necesaria nuestra presencia, creo que debemos poder negarnos a hacerlo”, reflexiona el bombero. En los últimos años, la capital ha sido testigo de numerosas y muy sonadas expulsiones de vecinos que, como Maricarmen, han visto incrementarse exponencialmente el precio de su vivienda o sido expulsados cuando un nuevo propietario ha comprado su bloque.
A la vecina de Retiro, que rechazó hasta el último momento las alternativas habitacionales en recursos municipales (que el Ayuntamiento no especifica por “protección de datos”) y de momento permanecerá con unos familiares, Urbagestión quiso subirle un alquiler de 500 euros con renta antigua hasta los 2.500 de un solo golpe. Aunque la cantidad final se redujo en una negociación, el precio tampoco se ajustaba a las posibilidades de su pensión, de unos 1.350 euros. Casos como el suyo pueden hallarse a montones.
Valverde 42 (Malasaña), donde 18 inquilinos de un mismo bloque descubrieron su venta a Vencar Capital y la intención de no renovar contratos; General Lacy 22, con una vecina que lleva 26 años en su vivienda a punto de salir junto a 32 familias, que denuncian un “vaciado progresivo del inmueble”; María Guerrero 1 y la quiebra silenciosa que trasladó su bloque a la Sareb; Salvia 1 (Tetuán) y el conflicto con el fondo Elix Rental Housing después de que comprara el edificio... La lista no para de crecer y el caso de Maricarmen vuelve a llenar de indignación las calles, redes y periódicos, con actos de protesta o apoyo a la vecina que contaron con figuras del mundo de la música, el cine e incluso una escritora anónima que, según el Sindicato de Inquilinas, se ofreció a pagar de por vida la diferencia de precio para mantener el piso de Retiro.
“Un desahucio no es una situación de emergencia imprescindible, que es lo que especifica para nosotros la normativa de incendios de la Comunidad de Madrid”, añade al debate otro bombero de la región, en este caso Victor Monedero Serrano, delegado de UGT Cuerpo de Bomberos Comunidad de Madrid. “Nosotros estamos para temas de salvamento y rescate de personas, pero por otras vías nos podemos negar aunque haya sanciones”, considera. De hecho, llegado el momento, los miembros del cuerpo que decidan incumplir alguna de estas colaboraciones pueden enfrentar sanciones , recrudecidas con la Ley Mordaza. “No somos un cuerpo militarizado como la Policía, así que de alguna forma sí podemos actuar por principios”, sentencia Monedero.
¿Hay entonces una vía para que un bombero o un policía pueda acogerse a la objeción de conciencia ante un desahucio? El abogado experto en Derecho Laboral Adrián Todolí cree que sí, pero intuye el camino sería “difícil”. La objeción por motivos ideológicos, religiosos o políticos existe en algunos de estos casos, pero está “muy restringida” y los tribunales suelen admitirla en supuestos muy tasados. Por ejemplo, el de los profesionales sanitarios que alegan razones de fe ante un aborto. En un caso como el de los desahucios, Todolí sugiere “estudiar cada situación de manera individual, y ponderar el derecho del trabajador a no actuar contra sus convicciones frente a la obligación de cumplir las funciones propias de su puesto”.
La diferencia entre un médico y un policía, prosigue el experto, reside principalmente en “la función que cada uno cumple para el mantenimiento del Estado”. “Mientras que ante la objeción de un médico existe la posibilidad de que otro atienda al paciente, trasladar esa lógica a la Policía plantea un problema distinto: si en la calle no hay agentes que hagan cumplir las leyes, se volvería un caos absoluto”, añade. El letrado recuerda que los tribunales tampoco han aceptado históricamente objeciones de conciencia planteadas por otros funcionarios, como ocurrió con las reclamaciones para no pagar impuestos si estos iban a financiar el Ejército.
“En estos casos, el interés general y la necesidad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos han pesado frente al derecho individual a apartarse de una obligación profesional”, define, aunque matiza que el debate jurídico aún no está cerrado: “Si realmente hubiera una gran reivindicación, muchos trabajadores, cerrajeros, etcétera, se negaran de forma sistemática, esto generara un conflicto grande, la prensa lo recogiera y se generara una opinión pública muy favorable, los jueces podrían tenerlo en cuenta. No como una obligación legal, pero sí como una forma de tomarle el pulso a la concencia colectiva”.