La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia miles de edificios rurales sin plan contra incendios en la Comunidad
2.266 zonas urbanas erigidas en suelo forestal de la Comunidad de Madrid carecen del prescriptivo plan de autoprotección ante incendios. Eso es al menos lo que denuncia la Plataforma Ecologista Madrileña, que alerta de que esta cantidad aumenta sensiblamente al considerar las más de 78.000 construcciones ilegales que cifran en toda la región.
Citan el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid para el año 2025, que cataloga un total de 2.365 zonas de interfaz urbano-forestal (IUF) en la autonomía. Esto es, urbanizaciones o centros dedicados a la explotación económica levantados en bosques o entornos cercanos a ellos. De esas 2.365 áreas, apenas 60 han presentado y ejecutan sus planes de autoprotección, según expone la Plataforma, mientras que otras 35 están en tramitación.
Estas zonas IUF ocupan un total de 22.624,56 hectáreas en la Comunidad, la mayoría de los cuales carecerían de una normativa de actuación específica, avisa la Plataforma Ecologista Madrileña. Se trata de territorios en los que se mezclan estrechamente los límites urbanos y forestales, como núcleos de población y urbanizaciones enclavadas en monte o en sus inmediaciones, viviendas aisladas, campings, vertederos, gasolineras.
“Son zonas potencialmente muy peligrosas porque, en caso de incendio, el fuego penetra con facilidad. Por ello, para su defensa, exigen un gran despliegue de medios de extinción”, describe este colectivo medioambiental integrado por diversas entidades ecologistas. En concreto, la conforman la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (Grama), Jarama vivo y Liberum Natura.
Son zonas potencialmente muy peligrosas porque, en caso de incendio, el fuego penetra con facilidad. Por ello, para su defensa, exigen un gran despliegue de medios de extinción
Ese peligro del que habla la organización es el que llevó a que en 2006 el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid, conocido por sus siglas INFOMA, estableciese la obligatoriedad de que las áreas IUF cuenten con un plan de protección ante incendios forestales. El plazo para su aprobación era de un año que cumplió en junio de 2018, pero según la Plataforma la inmensa mayoría de fincas rurales no han acometido esta exigencia.
El objetivo de los planes de autoprotección es poner en marcha medidas básicas de prevención y extinción de incendios forestales hasta la llegada e intervención de medios de la Comunidad de Madrid. Para ello estos planes deben identificar riesgos, catalogar los medios y recursos con los que cuentan o establecer una organización y procedimientos operativos. “El responsable de su elaboración es el titular del núcleo de población o de la actividad y es la Dirección General de Protección Civil, dependiente del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior”, sostiene la Plataforma.
La versión del INFOMA de 2017, la actualmente vigente, extiende la obligación a los 59 municipios enclavados en Zonas de Alto Riesgo de Incendios Forestales. Una lista disponible en este enlace y que excluye a Tres Cantos, donde un fuego arrasó más de 2.000 hectáreas la pasada semana y provocó la muerte de una persona. Colmenar Viejo, localidad azotada por otro incendio que afecta a casi 200 hectáreas, tampoco está incluída.
La Plataforma Ecologista Madrileña cita la urbanización de Soto de Viñuelas, en el término municipal tricantino, como paradigma de lo que puede provocar la falta de un plan de autoprotección. “Su ausencia en miles de áreas de contacto entre viviendas o actividades económicas y monte, como sucedió en el incendio de Tres Cantos-Viñuelas, supone una amenaza directa para la seguridad ciudadana”, lamentan.
Críticas a la “desregulación” del Gobierno de Ayuso
Los colectivos medioambientes, en su comunicado remitido a los medios de comunicación, critican además que las políticas aplicadas por el Ejeuctivo de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso “reducen la protección del suelo forestal”. Y añaden: “Las llamadas leyes ómnibus de 2022 y 2024 han cambiado la Ley del Suelo, la Ley Forestal y la normativa de espacios protegidos, facilitando la construcción dispersa y la implantación de negocios en monte”.
“Estas decisiones generan nuevos núcleos habitados, en muchos casos al margen del control municipal, que se convierten en puntos calientes de riesgo extremo frente a incendios forestales. Además, el actual plan INFOMA excluye a explotaciones agrícolas, ganaderas y viviendas vinculadas de la obligación de tener planes de autoprotección, reduciendo aún más la seguridad”, explican los colectivos ecologistas. Desde la Consejería de Medio Ambiente no responden por el momento las preguntas trasladas por Somos Madrid acerca del control de las edifiaciones en suelo forestal y su desarrollo de planes antiincendios.
La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia en conclusión que el Gobierno autonómico “incumple de manera sistemática su obligación de garantizar la seguridad ciudadana y opta por políticas de desregulación urbanística y ambiental que multiplican el riesgo y el gasto público, mientras reducen la protección de la biodiversidad”.