La polémica judicial por las elecciones y los “concursos fallidos” marcan el debate final del Colegio de Arquitectos de Madrid

No había pasado un minuto desde que comenzó el acto cuando se lanzó el primer dardo. “A nosotros nos vota quien nos conoce. Hay gente que no puede decir lo mismo”, deslizó el actual decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en el turno de apertura, al inicio del debate electoral de este lunes por la tarde. En plena cuenta atrás para las urnas, que se abren el martes 27 a las diez de la mañana, la sede el órgano que aúna a los 11.000 arquitectos colegiados de la región ha acogido el debate final y también el más esperado antes de votar. Solo había dos personas sobre el escenario, además de la moderadora: Sigfrido Herráez, de Todos COAM, que aspira a revalidar el cargo después de un polémico y judicializado camino; y Jesús San Vicente, cabeza de lista en Nexo COAM, que tratará de arrebatarle el puesto.

Ambos han participado en el cara a cara previo a las elecciones a la Junta de Gobierno del COAM, el órgano interno que tomará los mandos del órgano profesional por los próximos tres años. Hace una semana se celebró el de la Junta de Representantes, el mecanismo asambleario dentro del Colegio que también se renovará este martes. Los resultados definitivos no se conocerán hasta, al menos, las once de la noche del día 27, tres horas después de cerrar las urnas. Pero el lunes llegó el momento de contrastar ideas y tratar los puntos más calientes del periodo preelectoral: el principal, un polémico camino a las urnas que ha terminado judicializado.

“Ha habido quien ha intentado, querido y que casi logra que no podamos votar”, ha atacado Herráez al poco de empezar el debate, pues el asunto no tardó en salir a relucir: “No he sido yo, pero todos sabéis quién ha querido usurpar ese derecho democrático”. El 5 de mayo, cuando se proclamaron las candidaturas que habían pasado el filtro de la Mesa Electoral, la del actual decano no fue validada al considerarla incompatible con algunas normas de los estatutos. En concreto, la que dicta que un miembro de la Junta de Gobierno solo podrá ejercer durante dos legislaturas, de tres años cada una en el caso del COAM. Sin embargo, un juez de Madrid aceptó las medidas cautelares que pidió Herráez y anuló la decisión, reincorporándole a la carrera por el Decanato a una semana de votar. Ha sido en ese contexto a contrarreloj y a la estela de unas semanas broncas, con tensiones entre ambos candidatos, cuando se produce el debate final.

“Nosotros lo dijimos hace meses, y está grabado: preguntamos si había informes que valoraran si su candidatura era compatible y se rieron de la pregunta”, ha replicado el aspirante a decano, Jesús San Vicente, a razón de la polémica preelectoral. “Hemos hecho las cosas en tiempo y forma, pero ha sido la Junta de Gobierno la que ha querido judicializarlo todo”, ha insistido durante el debate. La conversación giró en torno a varios bloques, estructurados para analizar los retos y la trayectoria del COAM.

Más allá de la controversia electoral, hubo otros temas sobre la mesa. En uno de los bloques salió a colación la reforma del Dos de Mayo y el fiasco después del concurso urbanístico para adjudicarla. Después de proclamar a los ganadores, el jurado de la prueba (convocada por el Ayuntamiento de Madrid y el COAM) rectificó su decisión inicial por incumplir “las bases técnicas del concurso”, y dio el premio a la idea que antes había quedado en segundo lugar.

El nombre de la mítica plaza del centro se mencionó al hablar de los “concursos fallidos”, en palabras de Herráez, cuando respondía a cómo funcionan internamente esos procesos de deliberación. Algo a lo que, nuevamente, recibió críticas de su contrincante por la actuación del Colegio en la reforma de un espacio público. Se hizo mención, por otro lado, a la falta de referencias para muchos arquitectos a la hora de estimar las retribuciones que deben percibir por sus proyectos.

Herráez defendió la necesidad de unos “honorarios dignos” de forma que, “igual que subimos a un taxi y sabemos lo que nos va a costar, sepamos cuánto vale aproximadamente nuestro tiempo o nuestro trabajo”. “Un arquitecto no puede no tener tarifa”, ha sentenciado. Ante este dilema, San Vicente ha propuesto crear un catálogo de honorarios que sirva de guía a los colegiados para saber cuánto deben ganar. El resto del debate ha dejado a un lado, en muchos momentos, la confrontación política para entrar al discurso técnico y sopesar algunos de los problemas que atañan a la profesión.

Sobre el estancamiento en el número de colegiados, que se mantiene en cifras similares desde hace cinco años, el decano ha esgrimido que han de tenerse en cuenta las jubilaciones que están dandose en paralelo. “Si un año se habilitan 2.500 nuevos arquitectos pero se jubilan otros 2.500, claro que parece que nada cambia. Pero no se puede decir que la gente no se colegie”, ha ejemplificado. También se habló de la relación que el órgano profesional debe tener con las instituciones.

Una de las críticas que la oposición ha vertido sobre Herráez tiene que ver con su pasado en gobiernos del PP, del que se le ha acusado de tener cercanía que determinadas decisiones como decano. A esto, el arquitecto se ha defendido aludiendo a que las relaciones con la administración pública ha de ser “útil” para la profesión, alejándose de posturas que considera “extremistas” o “aislacionistas” como las que se oponen constantemente al mandato institucional.

Por qué el actual decano casi no puede volver a presentarse

Herráez accedió al cargo en 2020 y a raíz de una moción de censura contra su precedesora, por lo que en ese mandato solo estuvo al frente del organismo un año y medio. Uno de los artículos que regulan los estatutos, el 30.5, prevé un máximo de un año para que quienes entraran a una legislatura a medias -como le ocurrió a Herráez o algunos miembros de su equipo- no la cuenten a la hora de presentarse a unos nuevos comicios. Hasta ahora solo se había validado a un único candidato a decano: Jesús San Vicente, de Nexo COAM. Por su parte, Herráez alega que su primera legislatura no cuenta, pues no abarcó el trienio completo. Aun así, los estatutos también reflejan que una Presidencia no computará a la hora de optar a un tercer mandato siempre que alguno de los anteriores durara, como tope, un año.