La guerra entre taxis y VTC copó infinidad de titulares poco antes de la pandemia. En 2019, pasados cinco años desde que el modelo de vehículos de transporte con conductor aterrizara en España, los taxistas se rebelaron contra sus nuevos competidores y amagaron con hacer parones en grandes ciudades. Madrid fue una de ellas. La llegada de Uber o Cabify ya generó manifestaciones muy tensas en 2017, a las que acudieron conductores de otros puntos del país que señalaron la diferencia de requisitos al circular, más laxos para VTC que para el taxi. Con el tiempo el ambiente parecía calmarse o, al menos, la competición dejó de estar en boga. Sin embargo, el asunto sigue lejos de resolverse: una sentencia reciente obliga al Gobierno regional a conceder 8.500 nuevas licencias a Cabify. Los taxistas no están nada contentos, pero de fondo existe un complejo debate que ataña a la movilidad urbana.
Actualmente hay 16.000 permisos para taxistas y 9.000 de VTC, así que con el cambio estos últimos podrían rebasar a los primeros. En consecuencia, la Federación Profesional del Taxi de Madrid se concentra este miércoles frente a la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa para presionar a las administraciones y lograr una vuelta de tuerca. Piden “una respuesta” institucional a las “irregularidades” que, aseguran, han detectado en las solicitudes de Cabify para obtener las autorizaciones de VTC en la región.
El colectivo de taxistas sugiere que ha habido una “trampa” en el proceso y que esto puede interferir en el veredicto judicial. En abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la empresa y obligó a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a que le concediera las 8.500 licencias en entredicho.
La Comunidad de Madrid, después de ocho años de litigios con la compañía, ha anunciado un nuevo recurso contra la decisión y ha exigido a Cabify tramitar de golpe todas las licencias. La entidad lo considera una forma de acorralarles, pero el Gobierno regional lo mantiene como forma de demostrar que disponen de vehículos suficientes como para absorber miles de permisos. En un comunicado, Cabify cuestionó la orden de la Consejería aludiendo a que el TSJM ya resolvió que las concesiones habrían de darse sin condiciones ni trámites adicionales de por medio. No obstante, confirma que las pondrá en marcha antes del 17 de junio, la fecha tope que da el Ejecutivo.
¿Por qué han dado ahora la razón a la empresa? El Tribunal Supremo determinó que la norma que establecía una proporción de una licencia VTC por cada 30 de taxi, que expiró entre 2009 y 2015, no estaba en vigor cuando Cabify presentó su solicitud de licencias. Además, esta premisa ya fue cuestionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una resolución de 2023. Aun así, al año siguiente la Comunidad volvió a denegar sus solicitudes alegando que había datos incorrectos e información incompleta en algunas de ellas, además de otras irregularidades detectadas en el trámite formal. Sea como sea, la Justicia ha terminado dándoles la razón.
La administración autonómica teme que el giro traiga represalias para el sector del taxi. Pese a que asume acatar la resolución si agota la vía judicial, ha mostrado su disconformidad. “Queremos hallar un equilibro entre la oferta y la demanda”, insistió hace una semana el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, a raíz de la futura proporción que puede haber entre taxis y VTC, con más vehículos de transporte con conductor en el mercado pese a estar sujetos a otras normas y repercutir, augura, en un posible “detrimento económico” para el resto de conductores.
“Tanto el TSJM como el Tribunal Supremo han indicado con claridad a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid cuál debería ser la forma de proceder, y no hacerlo es actuar con arbitrariedad y desviación de poder, sobrecargando innecesariamente a la propia administración con una reclamación que el gobierno regional sabe que carece de fundamento”, sentenciaron desde Cabify en su respuesta a la resolución.