En pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce es difícil pasar desapercibido. Y si eres uno entre 100 habitantes, más aún. Es lo que ha ocurrido en La Serna del Monte, un núcleo diminuto en plena sierra de Guadarrama cuyo nombre aterrizó hace poco en el despacho de Isabel Díaz Ayuso. La disputa entre un vecino y su alcaldesa, del Partido Popular igual que la presidenta regional, ha pasado de conflicto administrativo a cruce de reproches con tintes personales y una arista autonómica, que mira directamente hacia la gestión de fondos para viviendas rurales en la Comunidad de Madrid. Todo comenzó con un simple lavaplatos, pero ha ido escalando hasta dejar en el aire una posible orden de desalojo.
“Me dirijo a usted en calidad de adjudicatario de una vivienda municipal para denunciar las graves irregularidades que han envuelto el proceso de adjudicación”, comenzaba así la carta que el denunciante, Fernando Basanta Ortega, envió a la presidenta regional a principios de este año por una de las casas vinculadas al presupuesto regional para impulsar apartamentos públicos en entornos rurales. Prejubilado a los 55 años por las secuelas de un proceso oncológico, Fernando vive de alquiler junto a su mujer y su hijo menor de edad en una de las viviendas municipales adjudicadas por el Ayuntamiento gracias, precisamente, a estos fondos autonómicos.
Pero aunque el pliego de condiciones detalla que la vivienda –con contrato de arrendamiento de siete años– se entregará equipada con múltiples accesorios, este vecino asegura llevar meses denunciando que muchos no funcionan y, algunos, ni siquiera se incorporaron desde el inicio. Según relata, primero solicitó verbalmente su reparación y luego a través de la sede electrónica hasta que, poco a poco, comenzaron a reponer parte del mobiliario.
El contratiempo se convirtió en conflicto después de que un fontanero enviado por el Ayuntamiento se llevara el lavaplatos al comprobar que “no funcionaba”, sin asegurarle que pudiera traer otro de vuelta. “La antena no iba, cuando entramos no había sofá y hasta que envié la carta a Ayuso no compraron otro lavavajillas”, lamentó Fernando en declaraciones a Somos Madrid, mostrando cómo el pliego de condiciones publicado por el consistorio incluía este mobiliario (salvo la televisión) en el paquete de la vivienda, a la que podían aspirar las candidaturas que cumplieran unos requisitos mínimos.
Tuberías inundadas, cables sin protección y una “revancha”
Según se especifica en el pliego de condiciones, remitido por el Ayuntamiento de La Serna del Monte, la vivienda consta de unos 136 metros cuadrados en total distribuidos en tres plantas: la principal y una parte baja, con 60 metros cuadrados cada una aproximadamente, y la buhardilla, con 14 metros cuadrados. “Cuando llegamos se inundaban las tuberías de la cocina y se notaba que no habían sido revisadas antes. Tampoco funcionaban la calefacción ni los canalones, e incluso había cables de luz al descubierto, sin sistema de seguridad ni portalámparas”, explicó el vecino, que lo trasladó a la alcaldesa del municipio, Mónica Gutiérrez.
Fernando asegura que esta se mostró dispuesta a repararlo en un principio, pero el tiempo pasaba y algunos desperfectos seguían igual. “Fui a quejarme varias veces y, al poco tiempo de enviar la carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, me llegó un requerimiento municipal por el que podría ser desalojado”, afirma, exhibiendo el documento en el que se le recuerda que aún no cumplía una de las condiciones para el arrendamiento: la contratación de un seguro de impago.
“Es una excusa y una revancha personal”, acusa, tajante, el vecino. “Transcurridos más de diez meses desde el inicio del arrendamiento, no consta en este ayuntamiento acreditada la contratación del seguro de impago del alquiler, pese a haber sido expresamente requerido mediante notificación de fecha 9 de abril de 2025, la cual fue rechazada al no ser retirada en el plazo legal”, reza el escrito recibido por el vecino y firmado por el consistorio, que ya le indicó al ganar la adjudicación que debería hacerse cargo de este resguardo legal.
Se le advierte expresamente que el incumplimiento de este requerimiento podrá motivar la incoación de expediente de resolución del contrato de arrendamiento
En la última notificación se le informaba que “será causa de resolución el incumplimiento de alguna de las condiciones que fueron determinantes para la adjudicación de la vivienda”; es decir, que si no lo cumple pueden expulsarle tal y como también refleja el pliego de condiciones. “Se le advierte expresamente que el incumplimiento de este requerimiento podrá motivar la incoación de expediente de resolución del contrato de arrendamiento, con los efectos legales que de ello se deriven, incluyendo la pérdida del derecho de uso de la vivienda”, concluye el escrito municipal.
Este periódico ha intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con el Ayuntamiento del PP de La Serna del Monte sin que haya sido posible obtener una respuesta a fecha de publicar este artículo. Entre otras razones, porque la alcaldesa “no tiene dedicación exclusiva” dado el tamaño del núcleo, lo que hace que algunas consultas se demoren. Fuentes de la Comunidad de Madrid, consultadas a raíz la misiva que envió Fernando, tampoco han hecho declaraciones hasta el momento.
Sobre el seguro de impago, Fernando defiende que es “una excusa estratégica” porque, aunque aparezca en las condiciones de la adjudicación, es un gasto del que “debería hacerse cargo el propietario y no el inquilino, más aún si el primero es un Ayuntamiento que sostiene esa vivienda con fondos regionales”. Lo considera una cláusula abusiva que ahora sacan a colación por su insistencia para reparar los desperfectos de la casa.
Esta semana recibió una notificación del Ayuntamiento: habían desestimado sus alegaciones. El proceso que puede terminar en desalojo continúa. Su familia tiene ahora un mes para presentar un recurso de reposición y dos para interponer un contencioso-administrativo en los tribunales. “Es como funcionan las cosas en un pueblo pequeño: o estás conmigo o estás contra mí. Pero este problema no afecta solo a mi familia, sino a todas aquellas que aspiran a una ayuda a la Comunidad de Madrid y tienen que sufrir, a veces, una gestión pésima que nadie supervisa”, dice, en un último reclamo al Gobierno regional.