Segunda sesión del juicio del año en Castilla y León. Y segunda vez que se oyen escusas y negaciones. En la sesión del miércoles, el imputado llamado a declarar fue el exportavoz del PP en la Diputación de Valladolid y exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León en la capital vallisoletana, Jesús García Galván. El que fuera un destacado dirigente de los populares de Valladolid dejó sus cargos públicos para afrontar este juicio hace unas semanas.
Y ayer, en el banquillo de los acusados. García Galván con la tranquilidad que le caracteriza respondió al fiscal, a todos los abogados e, incluso, al presidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebolle, quien hizo varias preguntas ante las dudas que le generaba las respuestas de Galván.
Y, de nuevo, respuestas oídas en la primera sesión del juicio: “no hubo favores”, “todo es legal”… Pero, ¿cómo podía justificar Jesús García Galván que comprara un chalé en Galicia a la empresa que más construyó en Arroyo de la Encomienda, edificaciones que tenían el visto bueno del que fuera delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid? ¿Cómo podía justificar Jesús García Galván que compró ese chalé en metálico? Era un chalé comprado en abril de 2001 al Grupo Inmobiliario Mahia en O Baño, en el municipio coruñés de Mugardos, por el que pagó en efectivo 148.000 euros más IVA gracias a “dos préstamos no declarados de una abuela y de un amigo” ya fallecido.
¿por qué recurrió a un préstamo de este tipo cuando podía haberlo hecho a través de un banco? Lo acordó así con la empresa, aunque “48 horas después de firmar la escritura de compra”, en el banco le comunicaron que tenía que “haber avisado con más antelación para conseguir en efectivo los 166.000 euros” que pidió de hipoteca.
En este momento fue cuando el presidente de la Audiencia de Valladolid le preguntó: “¿Por qué no intentó ponerse en contacto con la empresa para cambiar la forma de pago?”. Y García Galván respondió: “lo había acordado ya así y ni me planteé hacerlo de otra forma”.
El fiscal pide para el exportavoz del PP en la Diputación de Valladolid y exdelegado territorial de la Junta en esta provincia una pena de tres años de cárcel, una multa de 316.720 euros y una inhabilitación para cargo público de nueve años, por un delito de prevaricación urbanística y otro de cohecho,
Más dudas que surgieron durante la vista. ¿Con qué dinero devolvió a su abuela y a su amigo el dinero que le prestaron? García Galván también tuvo respuesta: a través de un préstamo bancario. Esta afirmación no debió dejar contento al fiscal, quien le dijo al político vallisoletano: “si usted hubiera pagado con el dinero de la hipoteca la casa no estaría sentado aquí”.
Este ‘caso Arroyo’ es conocido así por la “trama” –como definió el juez instructor- que nació en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, uno de los municipios que más ha crecido en los últimos años en Castilla y León. Esa trama estaba compuesta, según el auto de imputación, por el alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, que fue del PP y ahora es de Independientes por Arroyo, el que fuera delegado territorial de la Junta en Valladolid, García Galván, que era el que supuestamente firmaba las concesiones urbanísticas; así como empresarios y arquitectos municipales.
