El Mar Menor firmará su petición para tener personalidad jurídica y que sus derechos puedan ser defendidos en un tribunal

La carrera por dotar de derechos al Mar Menor, la albufera salada más grande de Europa donde murieron de miles de peces por anoxia en octubre 2019, sigue su curso. La Universidad de Murcia (UMU) ha lanzado, junto con los impulsores de la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide que la laguna tenga personalidad jurídica, el proyecto 'La Firma'. La idea surge de una colaboración entre académicos y profesionales de la comunicación que buscaban “una manera de ayudar con su trabajo a recoger las 500 mil firmas para que la albufera consiga tener derechos”, ha indicado Pedro Hellín, decano de la facultad de Comunicación y Documentación de la UMU. La institución educativa preparó una serie de cursos para que estudiantes de Publicidad presentaran propuestas: una actividad que desembocó en la idea de obtener la firma del Mar Menor a través de sus corrientes con ayuda del calígrafo Joan Quirós.

Desde que la Junta Electoral Central admitió a trámite la ILP el pasado octubre, se dispone de nueves meses para recoger el medio millón de firmas, ampliable hasta un máximo de tres meses, prórroga que ya ha sido autorizada. Los impulsores de la iniciativa tienen hasta octubre de 2021 para alcanzar la cifra necesaria que permita que se debata en el Congreso si el Mar Menor debe tener personalidad jurídica. Si se obtienen las rúbricas y se le da luz verde a la propuesta, los derechos de la albufera salada podrán ser defendidos ante los tribunales de justicia.

En las últimas semanas el apoyo a nivel nacional se ha hecho notar, con firmas como la del líder de Más País, Íñigo Errejón, o el de sindicatos como UGT y CCOO. También se han mostrado a favor organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Pacto por el Mar Menor, PSOE, Podemos o EQUO. Según el último recuento, llevan recogidas 150.000 firmas. Diferentes ayuntamientos murcianos, de todo color político, han mostrado su apoyo a la iniciativa legislativa a través de mociones.

“Estamos en un punto de no retorno”

La docente de Derecho y directora de la recién creada Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza en la UMU, además de una de las impulsoras de la ILP, Teresa Vicente, ha puesto en valor el trabajo conjunto entre el campo del derecho y la ecología. La idea de dar derechos a la naturaleza, ha contado la docente, surge en el siglo XXI tras haberse “superado los límites de los ecosistemas” y tras haber intentado ordenar con leyes humanas el medio ambiente. “El planeta está en un punto de no retorno: lo que hemos perdido no se recuperará” ha lamentado Vicente, que ha asegurado que tanto esta iniciativa como todas las dirigidas a proteger la naturaleza luchan por el “retraso” de su colapso total.

Alfonsa García, decana de la facultad de Biología de la UMU ha expresado que el proyecto ha permitido aunar “conocimientos de la comunicación y la biología con fines didácticos y sociales”. García ha asegurado que la UMU ha demostrado su “compromiso social”. La facultad de Biología ha participado en las conferencias de la institución de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las que ha abordado temáticas como la acción por el clima, la vida submarina y el ecosistema terrestre, tres aspectos directamente relacionados con el Mar Menor.

“El simple hecho de que una persona tenga personalidad jurídica no garantiza que se haga lo mejor para cada uno de nosotros. En un ecosistema va a ser mucho más difícil y, aunque se solventaran las dificultades de tipo jurídico que va a tener, tendrá muchas dificultades a la hora de su aplicación”, ha asegurado el catedrático de Ecología de la UMU, Ángel Pérez Ruzafa. El académico ha puesto en valor el proyecto puesto en marcha y la participación tanto de la Universidad y la agencia de comunicación que ha colaborado en la realización de la iniciativa.

Ruzafa ha señalado que se tiene “más fe en el ecosistema que en las personas y el tiempo nos va dando la razón”, y ha asegurado que sigue habiendo discrepancia entre la gestión de las medidas de mejora del ecosistema del Mar Menor y la “política” y las distintas administraciones competentes.