El campo, ¿escenario de Reconquista?

“Algunas cosas se consiguen así, por la fuerza. Si no, estaríamos aún en cuevas”. Estas palabras no son las de un dirigente político o social de alguna época pasada o de un país lejano. Es el pensamiento de un dirigente agrario de nuestra región, Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), la principal federación de cooperativas de la región que engloba, dicen, a más de 22.000 agricultores y ganaderos. Son palabras dichas tras el reciente asalto al pleno del ayuntamiento de Lorca. Ningún representante de las organizaciones agrícolas y ganaderas ha condenado las palabras de esta persona. 

Vivimos tiempos agitados, no solo por la situación pandémica que ha debilitado las economías y las mentes de muchos, no solo por el arrastre de la crisis financiera de 2008; una vez neutralizado el movimiento del 15M comprobamos como las derechas se recomponen políticamente y añaden un elemento a su estrategia política: es el insulto y desprecio a los oponentes, en las calles y en las instituciones, la mentira fabricada a gran escala, con muchos medios y dinero; y la provocación para conseguir en el mayor número posible de personas el miedo y la irracionalidad, caldo de cultivo para conseguir sus objetivos. 

Pero también aumenta la violencia física, la coacción en las calles a dirigentes como la que se hizo a Pablo Iglesias durante meses, las amenazas de muerte, los ataques y asaltos a locales de partidos de izquierda. Ya es algo cotidiano y en ascenso que se va normalizando incluso en las sedes de las instituciones públicas. 

No es el uso de la violencia que puedan ejercer personas o colectivos en situación muy precaria, desesperadas por no encontrar una salida digna a su situación; no es el grito de quienes sin ningún apoyo económico ni de las administraciones no encuentra otra forma para que se les escuche. No. Son por el contrario grupos sociales y económicos dominantes quienes van alentando y dando forma a respuestas fuera del marco de convivencia que dicen respetar.

Pedro Costa Morata nos recordaba recientemente en un artículo como agricultores de la Marina de Cope agredieron al concejal de Águilas de IU Antonio del Campo por defender la declaración de Parque Regional en ese territorio; y las presiones, que han sido continuas, han dado sus frutos: ese Parque, mientras continúan avanzando los cultivos intensivos, sigue sin tener aprobado un PORN que ordenaría las actividades permitidas.

Estos días hemos visto como las calles de Murcia se llenaban de gente convocadas por organizaciones agrarias de todo tipo con una diversidad de reivindicaciones a gusto de cada cual. Manifestaciones que vienen produciéndose desde hace tiempo en distintos territorios y que pretenden converger el 20 de marzo en Madrid uniendo en un mismo frente a defensores de la caza, de los toros de lidia, a organizaciones agrarias de todo tipo y a todo aquél que odie al gobierno, a los progres, a los ecologistas, a los homosexuales, a las feministas…. Tampoco faltarán los terratenientes del campo unidos en una llamada Alianza Rural que está presidida por Fermín Bohórquez Domecq un señorito de rancio abolengo. También tienen derecho a protestar, ¿cómo no?

¿Pero, hay motivos para las quejas más serias de este sector? Sin duda sí. Pero afecta de forma muy distinta según el lugar que se ocupe en la cadena alimentaria:

Los bajos precios que reciben muchos agricultores y ganaderos es consecuencia de que apenas tienen capacidad de negociación con la gran distribución (supermercados) que es quien puede poner y pone condiciones abusivas que les aboca a su desaparición. Sin embargo quienes dirigen estas movilizaciones no convocan a manifestarse ante los supermercados, ni ante restaurantes de comida rápida. Es más, PP y Vox no apoyaron la reforma de la ley de la cadena alimentaria que podría hacer  posible la aplicación de las normas para, por ejemplo, impedir la venta a pérdidas.

Esos bajos precios impiden que puedan asumir el encarecimiento de los fertilizantes, del gasóleo, del precio del agua, de la luz y otros insumos mientras que sí lo hacen quienes están en una posición de fuerza en la cadena alimentaria, sobre todo las grandes distribuidoras. Y mientras que los precios de los insumos son difícilmente sorteables, las mejoras en las condiciones laborales y los salarios que deben recibir por justicia quienes trabajan en el sector se consideran por los partidos de las derechas que disminuyen la prosperidad, —es decir, su prosperidad— y las organizaciones agrarias mayoritarias también se quejan de que no pueden asumir el aumento del salario mínimo de sus trabajadores; el más débil es el que más pierde.

Además, es verdad que las importaciones de países fuera de la UE producen competencia en algunos sectores al no tener las mismas condiciones de producción. Pero la demagogia de la extrema derecha aparece una vez más: el portavoz de ese partido en la Comisión de Agricultura (24-02-2020) aduce que provienen de “países donde se usa mano de obra esclava, donde los salarios son absolutamente paupérrimos, donde la gente vive en barracones”. ¿Se puede ser más cínico? No ha pedido describir en menos palabras lo que sucede en nuestro país por gente como él.

También, en su versión más moderada, las organizaciones agrarias califican de restricciones ambientales las normativas que como cualquier sector económico debería cumplir para aminorar la contaminación que produce la agricultura y la ganadería superintensivas. En la versión más espontánea otros directamente insultan a quienes proponen más medidas para proteger el medio ambiente: ya no es solo hablar de “bandas de ecologistas” y de que son “canallas” como hizo el presidente de la organización empresarial agraria Asaja de Extremadura; Luis Gestoso, desde las filas de la extrema derecha, dice que: “…en cuanto gobernemos derogaremos las leyes basura que afectan a la agricultura y al Mar Menor, así como la de memoria histórica, cambio climático, residuos, etc. Todas serán eliminadas en una semana”. ¡En una semana! Mientras, esos partidos junto a las organizaciones de la agroindustria boicotean las normativas sobre protección del Mar Menor pero exigen con todos sus medios más y más dinero porque aseguran que son los que más protegen el medio ambiente.

Y es que las propuestas de Vox para el sector agroalimentario son la réplica de las del PP, que a su vez son esencialmente copia y pega de las grandes empresas del sector con algún añadido buenista que no piensan cumplir. 

Y para que no se note mucho se muestran ante la sociedad como un sector débil al que agreden y que son las víctimas inocentes: “Respeto para el campo” fue el lema por el que se convocó la manifestación del día dieciséis de febrero. Y si por fin aumentan las inspecciones para el cumplimiento de la legislación laboral que ha destapado infracciones en un porcentaje muy elevado Asaja dice que “criminalizan al sector agroalimentario” y la portavoz en el Congreso del PP, como no, asegura que “rozan el delito”. 

Vox, que defiende el franquismo que puso los cimientos para la creación y consolidación de los monopolios en el sistema alimentario, que ocasionó la miseria de la mano de obra trabajadora, que dejó en manos de los caciques de cada zona el órgano de control de la actividad agraria —las Hermandades de Labradores—, que abolió las leyes de la República a favor de los trabajadores del campo e implantó una legislación a imagen del nazismo y el fascismo intenta ahora, añorando aquella época, reconducir el malestar por las condiciones de vida de quienes trabajan en el campo. Ese partido oculta su defensa y pertenencia a las élites económicas mientras propone medidas laborales más regresivas que las actualmente en vigor y se atreven a decir que defienden a los trabajadores. Añoran tiempos pasados y quieren reconquistarlos.

No hemos visto nunca a las derechas defender a los trabajadores y trabajadoras del campo y de los almacenes agrícolas; no dirán una palabra sobre las consecuencias de una agroganadería super intensiva sobre el Mar Menor, sobre la contaminación de acuíferos, sobre especuladores y fondos de inversión que contribuyen al aumento de precio de los insumos y a la desaparición de pequeñas empresas. No solo es que miren para otro lado ante esas situaciones, como incluso hace tantas veces el PSOE; es que junto a las organizaciones agrarias mayoritarias han iniciado una estrategia de aumento de la violencia verbal e incluso física, de amedrantamiento a quienes denuncian sus desmanes.

El autor de aquella conclusión con la que se iniciaba el artículo estaba en primera línea el día dieciséis acompañado de la plana mayor de las fuerzas agrarias de la región. Detrás, haciendo presencia ostensible la representación genuina de la extrema derecha regional y estatal. Con ellos agricultores y ganaderos de la más diversa condición, autónomos, empresarios pequeños y grandes, dirigentes de los diversos lobbys agrarios y políticos de distintos partidos. En las aceras y observando el cortejo con cara más bien seria trabajadores y trabajadoras de almacenes, jornaleros y jornaleras a quienes las empresas les habían “aconsejado” la asistencia. Como convidados de piedra en un festín en el que no se deben mezclar con quienes son sus amos.

Nada nuevo. Las exportaciones de frutas y hortalizas siguen subiendo (https://www.agrodiario.com/texto-diario/mostrar/3451566/). El negocio va bien, y cada vez mejor. Mientras, la agricultura tradicional va desapareciendo. Las trabajadoras y los trabajadores del sector siguen como hace décadas. El medio ambiente se degrada constantemente allá donde llega el agronegocio. Pero es tanta la evidencia de que el modelo imperante no debe seguir que una nueva conciencia se va abriendo en la sociedad: este sistema agroalimentario hay que cambiarlo.