Hace poco tiempo conocíamos los informes “A toda costa” de Greenpeace y “Banderas Negras” de Ecologistas en Acción sobre el litoral español, que vienen a señalar el lamentable estado de nuestras costas y a confirmar el deterioro imparable y continuo de nuestras costas basado en la especulación urbanística unidad a la presión sobre las playas y zonas no urbanizadas.
Nuestro litoral es un ecosistema bastante frágil con una la baja cobertura vegetal del territorio costero y pequeñas extensiones del matorral muy reducidas. En 1992 se creaban nuestros seis espacios naturales protegidos del litoral murciano (tres parques naturales y tres paisajes protegidos) con el 5,3% de la superficie costera pero desde esa época no se ha producido ninguna ampliación de la protección de nuestro litoral. Por otra parte, La bahía de Portmán ha sido y sigue siendo el escenario de uno de los mayores y más graves casos de contaminación industrial en todo el litoral del Mediterráneo.
La urbanización de las playas se ha incrementado y como consecuencia de ello, las playas naturales sin urbanizar se han reducido casi un 4%“; a esto se añade la degradación del paisaje natural de nuestras costas y el aumento del riesgo de erosión. Tenemos también el dudoso honor de que el parque regional de Cabo Cope-Puntas de Calnegre sea uno de las zonas costeras más contaminada por residuos plásticos de todo tipo como señalaba un reciente estudio.
La escasa diligencia y pasividad de la administración regional para elaborar los instrumentos y mecanismos de gestión de los espacios naturales protegidos aumenta el riesgo de urbanización de nuestras costas. El gobierno regional está consiguiendo casi una completa parálisis en el proceso de puesta en valor de los espacios naturales. Solamente, en el año 2015, se inició la exposición pública del Proyecto de decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación y Plan de Gestión Integrada del Mar Menor.
También el Mar Menor se encuentra en una situación y un futuro críticos. Un grave episodio de eutrofización (exceso de nutrientes) y vertidos ha llevado a la laguna a una encrucijada. En el informe Banderas Negras se señala que las causas de su degradación son la presión urbanística, la apertura del canal del Estacio, el relleno de determinadas zonas, los vertidos de aguas sin depurar o con una depuración muy deficiente y el vertido de fertilizantes procedentes de la agroindustria. Detrás de este grave problema ambiental se encuentran varias décadas de incompetencia y descoordinación entre administraciones, una mala ordenación territorial y de las actividades económicas, de incumplimiento de la legislación y de mirar para otro lado, cuando se producían las llamadas de atención de científicos, investigadores y organizaciones ecologistas.
Lo más preocupante es que el futuro parece poco esperanzador. La descoordinación de las administraciones implicadas y la falta de voluntad en aplicar medidas realmente eficaces se une a las consecuencias del cambio climático que venimos sufriendo cada año, En medio de este oscuro panorama, la presión ciudadana y de algunos actores clave ha empezado a dar sus frutos, abriendo una ventana a la esperanza.
Ante la desidia de la administración, la justicia ha comenzado su paso lento pero que, con el tiempo, puede pisar varios callos. En diciembre de 2017, José Luis Díaz Manzanera, el fiscal jefe, presentó la denuncia por la contaminación del Mar Menor. Entre los investigados, además de numerosas de empresas de la agroindustria, figuran el ex consejero de Agricultura, Antonio Cerdá y dos ex Presidentes de la Confederación Hidrográfica de la Segura. La denuncia fue registrada por el Juzgado de Instrucción número dos de Murcia en enero de 2018 y se decidió dividir la causa en 26 piezas judiciales, en vez de instruir el caso como una causa única. En abril de 2018, la misma juez decidió abrir diligencias, a instancia de la Fiscalía, por un informe presentado por Ecologistas en Acción sobre la construcción de una tubería, atravesando la Marina del Carmolí para derivar salmueras cargadas de nitratos desde la rambla del Albujón hasta su posterior vertido.
Pero la acción judicial no puede suplir un cambio en la política ambiental sobre el litoral de nuestra administración y la mejora significativa de nuestro entorno costero. Es incomprensible la falta de una herramienta de gestión integral del Mar Menor y su entorno.
