La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado la propuesta de Ley sobre Cambio Climático que llega con años de retraso. Finalmente, la oposición ha decidido abstenerse y el Congreso lleva adelante esta normativa, que deberá ir al Senado para su aprobación definitiva, previas enmiendas, en mayo. La ley que entra en el Senado para su aprobación señala que en 2050 el 100% de la electricidad en España tendrá que generarse con fuentes renovables: agua, viento o sol.
Según este proyecto de ley, en 2030, la energía eléctrica deberá ser limpia en un 74% (en un principio era el 70%). Además, el 42% de toda la energía que se necesite utilizar en España en ese año tiene que proceder de fuentes renovables, ya sea para conseguir electricidad, transporte o producción fabril. No solo se apunta a la generación de energía, sino que la ley obligará a mejorar la eficiencia en el uso de ésta. El estado español debería estar usando un 39% menos de energía en menos de una década si se quiere cumplir la ley
El borrador de ley de cambio climático no mejora el anterior. Presenta objetivos insuficientes y no concreta medidas en sectores clave en la descarbonización. Afrontar el reto de la emergencia climática hace necesario un debate más profundo sobre el reto civilizatorio que supone y que no se ve recogido y trasciende el espíritu de la ley. El desarrollo de las piezas legislativas que emanan de ella es una oportunidad para alcanzar un mayor compromiso climático, mientras que la revisión al alza de los objetivos hasta ser suficientes debería comenzar ya para prevenir las peores consecuencias del cambio climático. El texto de la ley, finalmente aprobado, apenas recoge las observaciones y propuestas enviadas por estas organizaciones. El documento aprobado dista poco en lo sustantivo de los planes iniciales presentados en febrero de 2019, tanto en el marco de la ley como en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía.
A pesar del esfuerzo por proponer enmiendas y alternativas de las organizaciones ecologistas se ha recogido muy poco en el cuerpo de la ley. La falta de acceso público a las negociaciones finales de las enmiendas ha generado que las organizaciones sociales y la ciudadanía tengan poca capacidad de influir en la mejora de los textos.
El borrador de la ley presenta varias deficiencias, entre las que destacan la insuficiencia de los objetivos y la falta de medidas clave en sectores como el transporte, la agricultura o la industria. La falta de inclusión de estas medidas hace que esta ley sea una oportunidad perdida para el impulso de medidas destinada hacia un cambio de escala de lo global a lo local, reduciendo con ello importantes impactos climáticos y sociales. En 2030 en el ámbito mundial seguirán siendo necesarios más de dos planetas para abastecer la demanda energética. Es necesario un debate público sobre si esta normativa es suficiente para evitar un incremento de la temperatura global superior a 1,5º grados y cumplir con ella el Acuerdo de París. A la luz de las evidencias científicas esto es poco probable. La ONU cuantificaban en un 7,6 % anual el descenso de las emisiones hasta 2030, lo que debería llevar a una reducción de al menos el 55% de las emisiones, y no del 23% que propone la ley. Es preocupante también que en el debate en el Senado se pueda rebajar un texto ya de por sí poco ambicioso.
Hacen falta medidas concretas sobre el transporte aéreo. No es admisible que se le dé el mismo tratamiento a los combustibles destinados al transporte aéreo que los destinados al terrestre o marino. El transporte terrestre se debe descarbonizar bajo los principios de reducción de la demanda y máxima eficiencia. Es evidente que la urgencia de la emergencia climática hace necesario y prudente admitir la necesidad de aprobar una ley que llega con más de una década de retraso. Tener una ley de cambio climático dará un mejor marco para el desarrollo de importantes sectores renovables con capacidad para sustituir a las fuentes energéticas de los combustibles fósiles. La prohibición de futuros proyectos de explotación de hidrocarburos, el impulso de las comunidades energéticas, los objetivos de rehabilitación energética de edificios y la obligatoriedad de adoptar en los municipios zonas de bajas emisiones son también propuestas necesarias, pero no suficientes.
0