Ya no vale hablar de la pésima financiación
La Asamblea Regional ha rechazado apoyar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central. El argumento del Partido Popular es conocido: la Región de Murcia seguiría infrafinanciada y el sistema no corrige completamente el desequilibrio histórico. El diagnóstico puede discutirse en sus matices, pero lo que merece un análisis más riguroso es la consecuencia política de la decisión adoptada: supeditar cualquier mejora efectiva de financiación a un hipotético cambio de Gobierno en España.
Ese es el punto crítico.
Porque la propuesta estatal, con independencia de su diseño final, implicaría para Murcia dos efectos objetivos: un incremento neto de recursos estructurales y una reducción sustancial de la carga de deuda asociada a la infrafinanciación acumulada. Es decir, una mejora simultánea del flujo anual de financiación y del stock de endeudamiento. En términos de economía pública regional, ambas variables son las que determinan la capacidad real de sostener el gasto en servicios fundamentales sin recurrir a ajustes o a más deuda.
Rechazar esa mejora no equivale a preservar el statu quo en espera de algo mejor. Equivale a consolidar el sistema vigente, que es precisamente el que el propio Gobierno murciano califica desde hace años como insuficiente y lesivo. La coherencia técnica exigiría explicar por qué es preferible permanecer en un modelo que genera déficit estructural de financiación antes que transitar a otro que, aun imperfecto, reduce ese déficit.
La respuesta implícita es política, no financiera: la expectativa de que un futuro Ejecutivo del PP impulse un sistema más favorable. Pero esa hipótesis descansa sobre tres supuestos altamente inciertos.
El primero es la aritmética parlamentaria. La reforma de la financiación autonómica exige acuerdos multilaterales complejos y mayorías reforzadas. No existe ninguna evidencia histórica de que un cambio de signo en La Moncloa facilite automáticamente ese consenso. De hecho, el actual modelo caducó en 2014 con un Gobierno del PP y tampoco entonces se abordó su renovación.
El segundo supuesto es el margen fiscal estatal. La financiación autonómica no es una redistribución abstracta: implica recursos presupuestarios efectivos. Cualquier reforma que mejore significativamente a las comunidades infrafinanciadas requiere aumentar el volumen global del sistema o redistribuirlo con ganadores y perdedores claros. Ninguno de esos escenarios es políticamente neutro ni depende solo de la voluntad del partido que gobierne.
El tercero es el coste de oportunidad temporal. Cada año sin reforma supone para la Región mantener un diferencial negativo de financiación por habitante respecto a la media. Ese diferencial no es retórico: se traduce en menor capacidad de gasto sanitario, educativo y social o, alternativamente, en mayor endeudamiento para sostener niveles equivalentes de servicio. Posponer una mejora cierta hoy a cambio de una mejora hipotética mañana tiene un coste acumulativo que rara vez se incorpora al debate político, pero que es cuantificable.
Desde esta perspectiva, la posición adoptada por el PP regional introduce una paradoja difícil de sostener: se denuncia de forma estructural la infrafinanciación y, al mismo tiempo, se rechaza una propuesta que la reduciría, no porque empeore la situación relativa actual, sino porque no la corrige completamente y porque procede de un Gobierno de signo contrario.
Ese desplazamiento del criterio, de la suficiencia financiera a la autoría política del modelo, es lo que transforma una discusión técnica legítima en una decisión estratégicamente partidista. Y esa decisión tiene efectos materiales.
La financiación autonómica no es un marco abstracto de reparto territorial. Es el mecanismo que determina cuánto puede gastar realmente una comunidad en sanidad, educación o dependencia sin deteriorar su posición fiscal. En comunidades estructuralmente infrafinanciadas, cada mejora marginal tiene un impacto proporcionalmente mayor que en las que ya parten de niveles superiores.
Por eso el debate relevante no es si el nuevo modelo resolvería definitivamente la posición relativa de la Administración Regional, algo que probablemente requerirá varias revisiones, sino si es racional rechazar una mejora verificable bajo la premisa de que en un futuro indeterminado podría existir otra mayor.
La política pública responsable suele operar con mejoras incrementales bajo restricciones reales. La política de espera, en cambio, traslada el riesgo a los ciudadanos: si la alternativa prometida no llega, la situación inicial persiste o empeora.
Ese es el riesgo que hoy asume el Gobierno Regional. Y convendría explicarlo con la misma claridad con la que se denuncia la infrafinanciación. Porque, en financiación autonómica, no decidir también es decidir: es elegir seguir como se está.