A lo largo de estos meses, son muchas las ocasiones en las que he escuchado que la pandemia de nuestro tiempo no entiende de razas, ni de sexos, ni de ideologías, ni de ricos ni de pobres. La realidad, sin embargo, es bien distinta.
Crisis sobre crisis. Mi generación, que ha vivido dos crisis en poco más de una década, ha comprendido que nuestro código postal determina nuestras posibilidades tanto o más que nuestro código genético. Algo que nuestros abuelos y abuelas, sabían bien cuando nos decían, a lo Nelson Mandela, aquello de “estudia, que la educación es un arma poderosa”.
Un hecho que ha venido a corroborar el coronavirus. Ese enemigo invisible y despiadado que se abre camino entre el virus de la desigualdad y la pandemia de la pobreza en una región que ya partía con una gran desventaja social, con un tercio de la ciudadanía en riesgo de exclusión social, antes de que la Covid-19 llamara a nuestras puertas.
Desde que comenzó este tsunami he escuchado en numerosas ocasiones que no es momento de política. Sin embargo, es en momentos como este, cuando más necesaria se hace la política de responsabilidad, de sentido de Estado y de Región. Me reafirmo en esta vocación de servicio público cuando miro a los ojos a los vecinos y vecinas de mi barrio. Abuelos y abuelas que me miran tras sus ventanas cuando llego a casa y a los que mis ojos sonríen con el dolor de saber que sus rostros esconden la realidad y la nostalgia que nos ha dejado esta pandemia: el olvido, deliberado o no, de los más vulnerables entre los vulnerables, nuestros mayores.
Los mismos que lucharon y creyeron en tiempos mejores para todos nosotros y nosotras al luchar, en la década de los sesenta, por los derechos que hoy disfrutamos. Los mismos que nos acogieron en la crisis de 2008 para que saliéramos adelante. Y a los que ahora el Gobierno Regional, en el último momento de su vida, da la espalda al rechazar (con los votos de Cs) la creación en la Asamblea Regional de una Comisión de Investigación para esclarecer lo que está sucediendo en las residencias (públicas y privadas) de la región. Abandonando a las familias a su suerte.
Dicen que no se sabe lo fuerte que eres hasta que debes serlo, y a fuerza de pandemia mundial, las familias de los fallecidos en residencias han puesto esta capacidad en el asador de sus recursos emocionales. Residencias en las que, jornada laboral tras jornada laboral, miles de profesionales trabajan dejándose la piel. Prestando el mejor servicio posible con escasos recursos disponibles para tratar de impedir que el virus se deslice entre las sábanas.
Y, sin embargo, aquí estamos. Con una pandemia inhumana que, una vez más, descarga su virulencia en los más vulnerables: nuestros mayores. Mostrando, una vez más, que el talón de Aquiles de San Esteban son las políticas sociales.
Sin Política Social. No hay Justicia Social. Y sin Justicia Social la política carece de corazón hacia las personas, hacia las familias de los fallecidos. Familias que, a la espera de un nuevo modelo de gestión que entienda las residencias como sitios donde vivir y no como lugares donde morir; esperan atónitos una respuesta. Una explicación. No para criminalizar ni enjuiciar. Sino para comprender en qué se ha fallado y dónde debemos mejorar. En eso consiste el ADN de una política útil. En entender que la sanidad pública es un derecho de todos y todas, independientemente de donde nuestros mayores duerman.
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