En este camino de desregulación y desprotección ambiental que llevan a cabo PP y Vox con la influencia directa de la CROEM aparece una nueva norma de simplificación que elimina requisitos de evaluación ambiental de las modificaciones urbanísticas. El Decreto-Ley 1/2025, de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia (BORM, 7 de junio) ha derogado una normativa de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia el apartado 1e de la disposición adicional primera de la Ley de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. Una medida que favorece determinados intereses urbanísticos.
Esta medida, suprimida ahora, obligaba a pasar una evaluación ambiental más rigurosa (denominada ordinaria) a las modificaciones de los planes generales calificadas como estructurales. Es decir, aquellas que pueden alterar sustancialmente el uso del suelo, los sistemas generales (parques, dotaciones, et) o incluso reclasificar el suelo no urbanizable.
Al eliminar dicha normativa, estas modificaciones que afectan a millones de metros cuadrados de territorio, generan miles de nuevas viviendas y habitantes, con sus correspondientes accesos, servicios, saneamiento, depuración, etc., se someterán sólo a una evaluación ambiental “simplificada”, lo que parece un elemento contrario a la Ley estatal de evaluación ambiental e incluso a la Directiva europea en la materia.
La CROEM se vanagloria de que, el texto legal de López Miras, incorpora 63 propuestas elaboradas por la patronal en un proceso de consulta con siete asociaciones sectoriales y dos grandes empresas. Pero este decreto no lleva ninguna aportación de las organizaciones sindicales, sociales, ciudadanas y ambientales. Para el gobierno estas últimas no existen, se gobierna solo en función de los intereses de la patronal y de las constructoras, no se tienen en cuenta los intereses generales de la ciudadanía.
A pesar de más de año y medio en la preparación de este decreto, el pretexto de la urgencia es un mantra de la confusión. Es la forma en la que se justifica que las modificaciones a la carta se aprueben mediante decreto, evitando el debate público, las aportaciones de otros sectores y de la sociedad, así como los informes preceptivos del Consejo Jurídico o del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, por el que no han pasado la mayor parte de las modificaciones legales sobre las que debieran haberse pronunciado. Estos organismos se convierten en una suerte de convidados de piedra ante la normativa urbanística y ambiental del Gobierno regional. Eso sí, el Gobierno regional es tremendamente receptivo en favorecer determinados intereses económicos y eliminar salvaguardas ambientales en urbanismo.
El Gobierno regional aprovecha estos decretos de simplificación para eliminar garantías de protección del interés público y facilitar el beneficio privado de unas pocas empresas. La administración pública debe velar y controlar lo contrario: que el beneficio privado no se haga en detrimento del interés general ciudadano.
Una región donde las salvaguardas medioambientales sean un elemento a eliminar en función de un urbanismo sesgado, interesado y depredador en contra del bienestar social y ambiental de la ciudadanía es un paso atrás para un desarrollo sostenible. Las organizaciones ecologistas han emplazado a la patronal a que identifique públicamente esas grandes empresas beneficiarias de la generosidad simplificadora del ejecutivo regional.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Murcia ha aprobado iniciar los trámites para tres modificaciones del Plan General que permitirán desarrollar nuevos sectores urbanísticos en el Campo de Cartagena, con la construcción de cerca de 8.700 nuevas viviendas en las pedanías murcianas de Corvera y de Baños y Mendigo, Frente a esto, se necesitan planes específicos urgentes de vivienda protegida pública, en régimen de alquiler o venta. que puedan ser un elemento de solución para solventar el acuciante problema de la vivienda en el municipio y en toda la región.
Estos decretos de simplificación se utilizan para colar la eliminación de garantías de protección del interés público, en aras de facilitar el beneficio privado de unas pocas empresas. La administración regional no gobierna para la mayoría de la ciudadanía de la Región de Murcia, Esto se plasma, en el plano legal y normativo, en el seguimiento de las directrices de la patronal y las constructoras con un objetivo muy claro, a lo largo de estos años, los recortes ambientales y las eliminaciones o el deterioro consciente de normas medioambientales en aras de un urbanismo a la carta, sin límites.