La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Nº2 de Cartagena ha elevado a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de Medio Ambiente la compra por parte del Ayuntamiento de la ciudad portuaria de un solar contaminado por altos niveles de metales pesados para la promoción de 40 viviendas sociales. La adquisición se realizó cuando el consistorio conocía, por medio de informes téncicos previos, que el suelo de la finca contenía unos niveles de contaminación que suponían, y siguen suponiendo, un peligro “no aceptable” para la salud de los vecinos.
Será el Ministerio Público el encargado de evaluar si el Ayuntamiento, y la sociedad municipal Casco Antiguo, la empresa encargada de adquirir terrenos en Cartagena, han incurrido en delitos de prevaricación, malversación y delitos contra el medio ambiente y la salud de las personas.
Los hechos se remontan al 8 de junio, fecha de la compra del solar con el objetivo de promover en él la construcción de viviendas de protección oficial y aprovechar de paso una subvención europea de 1,7 millones de euros que ha terminado siendo devuelta. Un informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) fechado en marzo de 2023, tres meses antes de la firma del contrato de compraventa, aseguraba que el solar debía descontaminarse “de manera urgente” para evitar el riesgo para la integridad física de los vecinos que residen alrededor. Dos años y medio después, eso es algo que todavía no ha ocurrido. Sí que se ha licitado, no obstante, y dos veces, la construcción de los inmuebles, quedando ambos concursos desiertos.
La jueza ha indicado a Anticorrupción y a Medio Ambiente que deben emitir un “informe previo sobre la relevancia penal de los hechos”, según consta en el auto judicial al que ha tenido acceso este diario. Fuentes jurídicas consultadas detallan que ahora la labor de los fiscales consistirá en examinar todos los informes técnicos y la documentación relativa a la compra de la parcela.
Una quita inferior al precio real de descontaminación
La corporación municipal, dirigida en aquel junio de 2023 y en la actualidad por el PP, tuvo constancia de la contaminación de la parcela, ubicada en Los Mateos, uno de los barrios más degradados de la ciudad, al menos tres meses antes de formalizar su compra, cuando la UPCT entregó al consistorio un estudio de caracterización del suelo de la finca en el que vienen recogidos, entre otros, valores de cadmio, plomo, mercurio y arsénico hasta 2.655, 2.373, 400 y 223 veces superiores, respectivamente, al umbral de seguridad para contaminación de suelos establecido en la Región de Murcia.
En mayo de 2023, también con carácter previo a la operación de compraventa de la finca, el Ayuntamiento supo que la cantidad de residuos hallada en su superficie suponía un “peligro no aceptable” para la salud de los vecinos que habitan en las casas colindantes, cuyas partes traseras, ventanas, puertas y garajes dan directamente a las tierras tóxicas. Así lo acreditó Hera Holding en un análisis de riesgos encargado por el propio ejecutivo municipal. Además, la parcela está a apenas 50 metros de El Hondón, un desierto de balsas de químicos a la intemperie que contaminan todo cuanto tienen a su alrededor, donde estuvo ubicada hasta 2001 una fábrica de potasas y derivados. Dicho terreno también es propiedad del consistorio, pero tampoco ha sido descontaminado.
Con toda la información ambiental y sanitaria en la mano, el Ayuntamiento siguió adelante con la adquisición de la finca de Los Mateos, que pertenecía a una promotora, Técnica de Inversiones Gamma SL, vinculada a la familia del empresario cartagenero Mariano Roca. Pagó por ella un total de 437.279 euros. Sobre esa cifra planea, asimismo, una controversia. La corporación municipal descontó 200.000 euros del precio final que abonó por la parcela —habrían sido 637.279— en concepto de quita por una futura descontaminación.
Sin embargo, Hera Holding, en un informe presentado el 1 de junio de 2023, una semana antes de la transacción, advirtió que el montante aproximado necesario para la desconaminación del suelo sería de 540.000 euros, por lo que el precio de la quita fue muy inferior al que los estudios encargados por el propio Ayuntamiento situaban.
La compra, con el Gobierno municipal en funciones
Se da la circunstancia de que la adquisición de la finca se realizó con el Gobierno municipal aún en funciones, tras las municipales del 28 de mayo de 2023. Faltaban únicamente diez días para que se produjera un cambio en los puestos de responsabilidad urbanísticos del Ayuntamiento y en la presidencia del consejo de administración de la sociedad municipal Casco Antiguo.
Aquel 8 de junio, la presidenta en funciones de dicha sociedad y la concejal provisional de Urbanismo era la exalcaldesa Ana Belén Castejón (Sí Cartagena). La primera edil era, y lo sigue siendo actualmente, Noelia Arroyo (PP).
El inicio de las diligencias de investigación y el mandato judicial a Anticorrupción viene precedido de una denuncia de la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena dirigida en julio de 2025 contra Arroyo, Castejón y otros cuatro ediles de Casco Antiguo que votaron a favor de la compra del solar en Los Mateos.
“La prioridad no es la salud de los vecinos, sino el desarrollo urbanístico”
En el escrito de la demanda, la acusación señala “una secuencia de actos administrativos y decisiones mercantiles que acreditan la adquisición de los terrenos a sabiendas de su grave contaminación”.
“La prioridad, en más de dos años en que no se ha adoptado ninguna medida ambiental, no es la eliminación del riesgo tóxico y carcinogénico al que siguen expuestos los vecinos, sino cumplir con un eventual desarrollo urbanístico”, prosigue el texto. “Con pleno conocimiento del coste real de la descontaminación —de 540.000 euros—, los responsables de Casco Antiguo, no obstante, acordaron basar la rebaja en 200.000 euros, causando un perjuicio patrimonial directo a las arcas públicas”, sostiene la denuncia.
Será ahora la Fiscalía Anticorrupción, en esta fase de diligencias previas, la que deberá investigar el caso y dar parte a la jueza, de modo que ésta inicie definitivamente la instrucción y llame a testigos a declarar o, por el contrario, archive el caso.