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El PP presenta una ley en el Parlamento Vasco para que no sean sancionados los bingos en los centros de mayores

La parlamentaria del PP Ainhoa Domaica

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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Una partida de bingo con cartones a 20 céntimos de euro organizada una tarde de febrero en un centro de mayores de Santutxu, en Bilbao, acabó con una visita de la Ertzaintza. No se pueden organizar juegos de azar con dinero sin autorización administrativa, conforme a una interpretación estricta de la ley de 1991, cuenta 'El Correo' que les dijeron los agentes. Y añadieron que las multas posibles son elevadas, de hasta 60.000 euros.

Ahora, el PP ha registrado en el Parlamento Vasco una reforma legal de ese texto de 1991 para ajustar las excepciones. “Quedan excluidos [de las prohibiciones] los juegos de bingo organizados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales, sanitarios, sociosanitarios y de ocio y tiempo libre, de naturaleza pública o privada, siempre que no exista ánimo de lucro ni explotación económica de la actividad [y] la actividad tenga una finalidad social, recreativa, reeducadora o de convivencia”, plantea la parlamentaria Ainhoa Domaica en un documento registrado este martes.

“Las actividades recreativas organizadas en centros de mayores, asociaciones vecinales y entidades sin ánimo de lucro forman parte desde hace décadas de la vida social y comunitaria. Entre ellas, determinados juegos de carácter tradicional contribuyen a fomentar la convivencia, la participación y el envejecimiento activo, constituyendo para muchas personas mayores —especialmente aquellas que viven solas o en situación de aislamiento— una herramienta esencial de socialización, entretenimiento y estimulación cognitiva, con efectos positivos en su bienestar emocional y en la prevención de la soledad no deseada”, argumenta.

Y añade que la “experiencia acumulada” en la aplicación de la normativa de 1991 “ha puesto de manifiesto la existencia de un margen de incertidumbre y/o diversidad interpretativa en la delimitación” de las exclusiones, “especialmente en relación con determinadas actividades recreativas en centros de mayores que incorporan aportaciones económicas de carácter meramente simbólico”, según Domaica. En definitiva, desea que la Policía no esgrima las multas cuando los cartones cuestan un precio “de carácter simbólico”.

Ahora, el pleno del Parlamento Vasco deberá decidir si admite o no a trámite la proposición de ley. El PP tiene siete escaños de 75 y necesariamente deberá buscar el visto bueno de los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, para que siquiera se pueda iniciar la discusión. Sólo después se abriría una ponencia legislativa para analizar a fondo el asunto.

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