Nuevo lenguaje político, incertidumbre e Ingreso Mínimo Vital

La crisis sanitaria, transformada en un verdadero desastre económico, tiene sus evidentes implicaciones como crisis social y emocional. Estamos asistiendo a la desaforada actividad, en todos los formatos y en casi cualquier volumen, de quienes se empeñan en no centrar la atención en lo más importante, que es salvar vidas humanas. Todo lo demás, por sentido común, sobra.

En torno a este relato que produce un nuevo lenguaje público, al que toda la sociedad está abocado, se encuentra también la clase política. Todo ha superado cualquier esquema de control del discurso, esto es, las planificaciones que se hacen en los partidos para eventuales crisis, y en las sedes se repiten casi a diario los gabinetes de urgencia, la evaluación de ideas, lemas, frases más o menos afortunadas y sobre todo, palabras prohibidas.

No es la actividad que ocupa más tiempo, pero el trabajo en medios, redes y cualquier tipo de plataforma invade buena parte de las horas que los políticos y sus equipos dedican a la mayor catástrofe que hayamos vivido en las últimas décadas.

Sobre este fenómeno, el nuevo lenguaje que acompaña a las medidas sobre todo económicas que vamos conociendo, hemos querido tratar con quienes se encargan de la gestión de lo que ya se conoce como una situación ingobernable por la complejidad del escenario. Sindicatos, empresarios, líderes sociales y políticos coinciden en que estamos ante un reto desconocido y, por tanto, ninguno de ellos sabe decir en qué estado nos encontraremos, no ya a lo largo de 2020, sino el mismo mes que viene. La respuesta más escuchada a las preguntas realizadas por eldiario.es en las decenas de videollamadas a lo largo de la última semana ha sido: “No lo sé, no puedo decirte nada”, seguida de muchos silencios y algunas caras de resignación.

Sí en cambio aparecen algunas certezas. Por ejemplo a la medida reclamada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, que recoge la iniciativa de Renovar Europa, los liberales europeos encabezados por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y que trata de gravar las rentas que superen los 200.000 euros anuales. Con sus diferentes versiones y matices en distintos países europeos, esta nueva tasa, llamada 'Tasa Covid', ha unido en el Parlamento Europeo y algunos gobiernos nacionales a algunas familias políticas del continente (verdes, liberales y socialdemócratas) en un paso sin precedentes durante la misma crisis, la actuación conjunta. Algo que hace semanas se daba por perdido. El nuevo lenguaje implica también la formulación de nuevas mayorías que rompan los bloques tradicionales.

“Sánchez no llama”

Pero la medida que más debate está generando es la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que ya funciona en otras economías de Europa y a la que aquí todavía estamos buscando un encaje en las arcas públicas. Estaba en los programas electorales de los partidos del Gobierno y también en el acuerdo suscrito por Sánchez e Iglesias, pero no se pretendía poner en marcha hasta bien pasado el ecuador de la legislatura en 2022. Ahora, la emergencia social producida por la COVID-19 ha acelerado la maquinaria del Estado y la implementación del IMV será inmediato, pero también gradual. Preguntados por la misma, la mayoría de los consultados estiman que estamos ante un nuevo derecho de ciudadanía, otra pata más del estado del bienestar que se suma a la adquirida hace casi una década, la Ley de Dependencia. De igual forma creen que la dotación presupuestaria de la misma, bien con fondos propios o provenientes de la UE, es más que posible puesto que hablamos de un recurso de última instancia, cuando el resto de mecanismos hayan fallado y que, en consecuencia, no será una factura abultada. No piensan así desde el centroderecha, que califican al IMV como “perentorio” y “transitorio”, necesario en el contexto que estamos pero con fecha de caducidad en cuanto superemos la crisis, a la que nadie, tampoco los políticos conservadores y liberales consultados saben poner fecha.

Y esto lleva a la siguiente cuestión: ¿qué es necesario para que todos sumen? ¿para que realmente se produzcan esos “nuevos pactos de la Moncloa”, “de reconstrucción nacional” y que la oposición, particularmente el centroderecha se encuentre cómodo?

Desde la filas populares y naranjas se habla de confianza. No es sólo un argumentario, es la realidad que dicen estar viviendo: “Sánchez no llama, no pregunta y no consulta”, en referencia a los dirigentes nacionales de PP y Ciudadanos. “Si al menos levantara el teléfono”, es otra de las frases que repiten. Conscientes de su papel de oposición y en un tono mucho menos elevado que el que vemos en público, conservadores y liberales asumen que la gestión no hubiera sido muy distinta si fueran ellos quienes estuvieran en el Gobierno pero que, al menos, “hablaríamos más con todos los implicados”, en especial con las comunidades autónomas.

El Ingreso Mínimo Vital saldrá adelante

Sea como fuere, la medida del IMV, que en redes se ha denominado de manera despectiva “paguita”, saldrá adelante, y la casi totalidad del arco parlamentario se sumará a la misma. Parece claro, al menos sobre el papel, que 2020 no será como 2011 y las capas más débiles de la población no quedarán en desamparado completo. Y esto, aunque el sector más radical del independentismo de las CUP, junto con el partido del odio, se hayan autoexcluido de un acuerdo global.

Unos acuerdos que podrían haber tenido su traslación a la Región de Murcia. Se votan en la Asamblea Regional los presupuestos 2020 y tanto Gobierno como oposición coinciden en que no se ajustan a la realidad. El Gobierno regional quiere que la reformulación de las cuentas públicas se haga tras su aprobación tal y como están, la oposición pretende frenarlas en seco y aprobar unas nuevas que atiendan desde el minuto uno el innegable y desigual contexto en el cual fueron redactadas. A esto hay que añadir otro obstáculo, el presupuesto regional se nutre en torno al 70% de fondos procedentes del Estado, y las cuentas del Estado ya sabemos que no se aprobarán hasta 2021, por lo que seguimos funcionando con los presupuestos del ministro Montoro de 2018. El grupo mayoritario de la cámara regional -PSOE- cree que moviendo de sitio unos 80 millones de euros se podría comenzar a hablar de acuerdo y darían su respaldo al presupuesto autonómico, pero la portavoz del Gobierno de las derechas habla de “desconocimiento” de los socialistas (declaraciones públicas en la televisión autonómica el día 13 de abril) y el mismo presidente López Miras negó la posibilidad de modificación a los portavoces de los partidos el viernes 17 en videoconferencia. Pero cambios en la actitud del dirigente conservador y la flexibilidad de Conesa podrían canalizar el amplio acuerdo para los presupuestos que, con o sin COVID-19, ya llegan tarde (ejercicio 2020) porque en apenas cuatro meses hay que comenzar a definir y aprobar los siguientes (2021), con los ojos puestos en los fondos europeos.

Apoyo unánime a Manuel Villegas

Diferente es la unidad en otro ámbito. El respaldo es prácticamente unánime acerca de la gestión del consejero de Sanidad, Manuel Villegas, al que se le respeta el “carácter técnico y alejado de polémicas” que está teniendo en todas sus intervenciones, aunque haya entrado en contradicción con declaraciones con otros miembros de su partido, pero sobre todo porque no utiliza el atril de sus comparecencias para confrontar la idoneidad de sus medidas con las que proponen o impulsan otros actores políticos. ¿Es una próxima estrella política?, lo hemos preguntado: “No, ni él lo quiere”, aseguran desde su entorno.

“La ciudadanía ha aprendido por fin a fiscalizar a sus representantes, ya no podemos hablarles como antes”, dice un parlamentario nacional, y añade “la conexión entre votantes y políticos ya nunca será como antes”. El seguimiento, casi placaje, de las intervenciones públicas de los representantes ya no es diario, es casi al minuto. Y no sólo en la inmediatez de las redes sociales que se inundan como conocemos en tiempo real, sino también en las webs de los medios generalistas y especializados, la respuesta es inmediata. Esto también genera un nuevo lenguaje, mucho más preciso y por tanto, que se puede escapar para el ciudadano común que no tiene por qué ser especialista en pandemias, presupuestos, protocolos o figuras tipificadas en el código penal. Existe un consenso general en que no se puede demandar de la ciudadanía un máster en expertos en todo y hay una llamada a la calma: “Vamos a salir, estamos seguros, al final todos trabajaremos juntos”.

Nota*: Se pidió realizar videollamadas con alguno de los miembros del PP en el Gobierno regional o de sus 16 parlamentarios. Lamentablemente, el gabinete de prensa del PP no quiso participar de manera oficial en este análisis, aun habiéndole concedido más tiempo que al resto de organizaciones y partidos. Por lo que, para tener una visión completa, se ha accedido de manera directa a sus cuadros intermedios a los que agradecemos su disponibilidad.