La biometanización en Navarra: una cuestión que exige una moratoria real y planificación democrática

En estos tiempos de fin de legislatura en Navarra, sigue estando pendiente el modelo y el modo en que debe realizarse la implantación de las plantas de biometanización en nuestra tierra. Retrocediendo en el tiempo, la actuación inicial de las instituciones, tanto locales como del Gobierno de Navarra, no pudo ser más desacertada. Opacidad, permisividad, discrecionalidad y carencia de criterios ordenadores ante la llegada de proyectos de grandes plantas de biometanización. Todo ello provocó la organización de plataformas populares en pueblos de Tierra Estella, Zona Media y Ribera para dar cauce a la incertidumbre y enfado ante imposiciones carentes de legitimidad social.

La labor de las plataformas ha sido incansable en los dos últimos años: charlas informativas, alegaciones, movilizaciones y presentación de propuestas. Toda esta fuerza social ha sido capaz de condicionar el escenario. En primer lugar, por haber puesto de manifiesto las carencias con las que se estaba abordando la instalación de estas plantas: sin debate social, sin ordenación, sin instrumentos normativos y de control. En segundo lugar, por poner sobre la mesa la necesidad de una moratoria real que permitiera abordar con racionalidad, sosiego, democracia y visión estratégica esta cuestión.

Un primer intento por reconducir este proceso se produjo en otoño del 2025. La demanda demoratoria, acompañada por la movilización social, llegó al Parlamento. El resultado, sin embargo, no respondió a las expectativas. Se aprobó una moratoria, pero, descafeinada al reducir el tiempo de su duración y diluir sus objetivos. Una decisión que se impuso con los votos de PSN, UPN y PP y que generó incomprensión en los pueblos afectados.

Un segundo intento sucede durante los pasados mes de mayo y junio. Vuelven las movilizaciones de las plataformas en la medida en que se constata la ineficacia de la moratoria para cumplir con sus objetivos y el enquistamiento de los proyectos. Se registran escritos e informes en el Parlamento navarro con propuestas relacionadas tanto con el modelo de biometanización, así como con la necesidad de una moratoria, ahora sí, real, de dos años, con inclusión de todos los proyectos en proceso de autorización. Y para ello se hace un llamamiento a los partidos políticos para que dicha aprobación tuviera lugar en el Pleno del 25 de junio.

El 2 de junio, las plataformas participan en la Comisión de Desarrollo Rural para trasladar sus opiniones y demandas. En ella, queda claro, por parte de todos los grupos parlamentarios, que la falsa moratoria aprobada a finales de octubre del año pasado, no había servido para solucionar de verdad el problema del modelo de biogás en Navarra que se quiere imponer por parte de intereses privados. El 16 de junio de 2026, la Comisión de Desarrollo Rural aprobó una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a impulsar las medidas oportunas para establecer una moratoria integral a la instalación de plantas de biometanización o biogás. Para ello proponía el aplazamiento de las instalaciones hasta que Navarra cuente con un ecosistema normativo que garantice un despliegue ordenado y sostenible de estas plantas. Sin embargo, el Pleno del Parlamento del 25 de junio no atendió la demanda de aprobación de moratoria real que habían lanzado las Plataformas.

El verano ha seguido generando noticias en torno a la biometanización. En concreto, en relación a aquellas plantas que de forma discrecional quedaron fuera de la moratoria: Arroniz y Sesma. Por un lado, la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Departamento de Medio Ambiente que concede autorización a la planta de Arroniz. La razón: el cúmulo de irregularidades que se han producido en su tramitación y sus impactos negativos en el territorio. Por otro, la publicación en el BON de la segunda información pública de la planta de Sesma, y que está pendiente de las alegaciones a realizar por personas físicas o jurídicas. En ambos casos, entre otras cuestiones, se repite un mismo patrón: la falta de fiabilidad de las empresas promotoras a la hora de justificar e identificar debidamente la superficie agrícola en la que verter los digestatos, uno de los grandes problemas de estas plantas cuando se realiza sin control.

Y, por último, las amenazas de las empresas al no ver satisfechas sus demandas que hemos conocido por los medios de comunicación. Biometano Sesma anuncia la opción de llevar a los tribunales a la consejería de Medio Ambiente por “arbitrariedad, desviación de poder y posible prevaricación administrativa” y AGR Biogas plantea valorar los perjuicios y estudiar la posibilidad de adoptar acciones legales contra la administración.

En este escenario, consideramos más urgente que nunca clarificar la situación. No podemos seguir con este embrollo. Para ello precisamos debate social sobre el modelo que responda a la realidad navarra; tenemos que contar con datos fehacientes y contrastados; necesitamos planificar y ordenar frente al desorden de iniciativas privadas; hay que preservar el carácter estratégico tanto de la calidad de nuestro suelos, ríos y acuíferos como del sector primario a la hora de producir alimentos; asegurar un marco normativo de gestión y control actualizado, con recursos y de igual aplicación a todos los proyectos e iniciativas; tenemos que garantizar y ejercer la capacidad de decisión frente a las presiones y amenazas de litigios por parte de empresas promotoras para forzar la implantación de grandes plantas industriales.

Es mucho lo que está en juego. Siempre hay opción de reconsiderar y reconducir las situaciones, más aún cuando la mayoría social está de acuerdo en ello. Por esta razón, el Parlamento navarro tiene ahora en sus manos aprobar una moratoria real, de al menos dos años, y que incluya a todos los proyectos que se hayan presentado o estén en proceso de autorización, para poder afrontar todas las tareas pendientes. Cuanto antes lo haga mejor. Que a la tercera vaya la vencida.